El 31 de marzo pasado siete isapres -seis abiertas y una cerrada- informaron que adecuarán sus precios base a partir durante el período 2020-2021. Una pésima noticia que llega en un momento inoportuno, y que fue muy parcialmente enmendada tras un acuerdo de buena voluntad entre la asociación de isapres y el Gobierno, para que el alza se materialice no ahora, sino que en algunos meses.
El gobierno de esta forma, ha renunciado a sus atribuciones -impedir el alza- y ha preferido entregar la salud y el bienestar de chilenos a la buena voluntad de las empresas de la salud.
El 1 de abril presenté, con el respaldo de senadores distintas tendencias, un proyecto de ley para frenar el alza de las isapres y congelar los precios de las prestaciones de las clínicas privadas hasta junio del 2021.
Esta iniciativa se hace cargo de que ni los prestadores de salud ni las isapres puedan subir los precios en medio de esta pandemia que tanta incertidumbre y conmoción causa a todos los chilenos y chilenas.
En efecto, hay instituciones de salud previsional que han subido sus precios en los últimos 7 años en un hasta en un 48%. No obstante, también es necesario abordar el alza de los precios que hacen las clínicas, que muchas veces están integradas verticalmente con las Isapres, generando un círculo vicioso donde aumentan las utilidades de estos grandes conglomerados a costa del bolsillo de los chilenos.
Hoy más que nunca, es importante garantizar las coberturas de salud y el acceso de las personas a los sistemas público y privado de salud, de modo que nadie vea aumentados sus copagos durante este período.
El Presidente de la República podría haber hecho todo esto por medio de la ley, mediante el uso de las atribuciones que él tiene por el estado de excepción constitucional de catástrofe que se encuentra decretado. Desde esa perspectiva, lo que ha hecho el gobierno parece insuficiente y engañoso.
Una vez superada contingencia debemos hacernos cargo en profundidad de los abusos en las frecuencias y las alzas desmesuradas que comenten los prestadores de salud privados año tras año. Ello se resuelve con una reforma profunda al sistema de salud en el que exista un aseguro universal que no discrimine por edad, sexo o preexistencias. Lamentablemente, la iniciativa presentada por el gobierno para reformar el sistema favorece más a las isapres que a los usuarios. Tal distorsión debe ser corregida.
Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos