Cuando en la campaña preventiva del Covid-19 se insiste en el "distanciamiento social", es decir que las personas se mantengan alejadas unas de otras, aparecen hechos que son un contrasentido a esas recomendaciones. La primera de estas situaciones se presentó la semana pasada en todo el país: largas filas de personas de la tercera edad en los puntos de pago de pensiones.

Esa congestión se pudo evitar ya que el pago es un hecho perfectamente predecible, anunciado, con fechas precisas. Hace mucho tiempo se debió avanzar en sistemas digitalizados, que eviten el cobro presencial y la consecuente aglomeración.

La gestión de la operación de pago, que cubre a más de 800 mil pensionados a lo largo del país, no es gratuita. Quienes materialmente hacen esa cancelación reciben un beneficio. Así, esas entidades financieras tienen la obligación de entregar un buen servicio a los pensionados, especialmente en situaciones de emergencia como las actuales y cuando las bajas pensiones son un punto clave en las inquietudes nacionales.

A raíz del creciente problema se anuncia que los centros de pago funcionarán los fines de semana, lógica reacción a la espera de soluciones de fondo. Otro aspecto donde el recurrido distanciamiento es solo una buena palabra ocurre en el proceso de vacunación contra la influenza. Los puntos de inoculación son pocos, hay largas filas y congestión. Vemos en televisión imaginativos sistemas que se aplican en la capital para facilitar el importante proceso ante la gran demanda. Lamentablemente no vemos esa creatividad en el medio local. Y sobre este punto preciso hay una novedad que aumentará la demanda, pues se anuncia la extensión de la campaña a grupos que inicialmente no se consideraban de riesgo. Así, serán vacunados, entre otros, recolectores de aseo, conductores de buses, personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se anunciaron ayer medidas importantes en consonancia con la gravedad de la situación. Hay que cooperar y derrotar la indiferencia y la excesiva confianza. Son resoluciones drásticas en el marco del estado de excepción, pero es fundamental atender a la realidad y evitar, también con decisión, situaciones como las descritas en que las disposiciones que vienen desde arriba se diluyen en el terreno.

Con toda razón, el Presidente Macron ha recordado en estos momentos de crisis sanitaria que "la salud gratuita, el estado de bienestar, no son costos ni cargas, sino que son bienes preciosos que deben estar fuera de las leyes del mercado".

Lo dicho por el mandatario francés -de pensamiento liberal- no sólo tiene vigencia en nuestro país, sino que es una verdad que quedó al descubierto con este mortal virus.

El papel del Estado es insustituible en una emergencia de este tipo, y la red pública es la única que puede asegurar el acceso igualitario a todas las personas.

La salud pública no puede ser un bien de consumo que esté a merced del mercado ni debe ser vista como un lastre que debe asumir el Estado. Es así que una de las mayores lecciones que nos está dejando el covid-19 es que la red pública no debe quedar en manos de los privados para que puedan lucrar con la salud de las personas.

Esto no es solo un asunto de justicia, es también de eficiencia y eficacia. ¿Qué sentido tiene, en el marco de una emergencia, que una parte de la población acceda a vacunas y tratamientos oportunos, mientras la gran mayoría se mantiene al margen? El resultado será uno solo: nadie estará verdaderamente protegido, ni privilegiados ni postergados.

De la misma manera, ¿qué sentido tiene que un puñado de personas se beneficie del crecimiento mientras la gran masa se mantiene al margen? Las consecuencias de estos desequilibrios han cobrado dramática actualidad en Chile durante los últimos meses.

Y es que la inequidad en el acceso a bienes públicos se ha transformado en una falla esencial de nuestro orden político y social. La desigualdad y los abusos se han hecho intolerables con gran fuerza para la mayoría de la población, en todos los ámbitos.

Primero fue la política, luego la educación, la previsión, los servicios básicos, Carabineros, y una larga lista de instituciones y servicios; ahora es la red asistencial la que deja en evidencia -una vez más- su fragilidad, esta vez con ocasión de la pandemia de Covid 19.

En Chile, la emergencia sanitaria hace más imperiosa la necesidad de impulsar reformas de verdad y no de parche. En este caso, una reforma de la salud, que establezca un sistema público, universal, solidario y de calidad, que asegure la salud como un derecho a toda la población.

Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos