Incendios en el sur
La prensa nos informa de los periódicos y repetidos incendios en el sur del país, en especial de Chiloé, extrañándonos por la similitud de casos, y al paso que vamos en dicha isla no quedará ninguna antigua iglesia -ni mercados-, dando la impresión que no se estarían tomando las precauciones necesarias para evitarlos, sobre todo por tratarse de monumentos nacionales en madera expuestos al fuego más que otros edificios.
Los incendios de los supermercados de Concepción y Temuco - aún sin reconstruir-, ambos ocupando una manzana entera, mantenían cocinerías operadas con fuegos vivos, los que cada vez que los visitaba me daba pánico por lo vulnerables que representaban para provocar incendios, que finalmente ocurrió en los dos casos. Por lo general se disculpan con "fallas del sistema eléctrico".
Si bien es cierto que la mayoría de los incendios son fortuitos, siempre es posible adelantarse a evitarlos mediante simples precauciones divulgadas por bomberos. La negligencia al no prevenirlos es una falla de nuestra "indiosincracia" muy difícil de entender. Deberían crearse comisiones capaces de revisar a fondo y periódicamente cada caso, considerando todas las posibilidades, a fin de hacer un esfuerzo por proteger históricas construcciones y evitar estos incendios. David Benavente
Estallido social y feminismo
Si bien el estallido social es una de las instancias que más nos ha remecido como chilenos, hay un fenómeno muy relevante que ya se había hecho sentir con fuerza y que ha incidido de manera trascendente desde la crisis de octubre es el movimiento feminista.
Muchos aseguraron que nadie veía venir todo lo vivido. Sin embargo, hay por lo menos, tres hitos que claramente se manifestaron para indicar que el movimiento feminista ya había remecido a nuestro contexto.
El primero de ellos se enmarca en octubre de 2016, cuando bajo la consigna "Ni una menos", miles de mujeres fueron convocadas para repudiar públicamente el femicidio. Esa presencia masiva de mujeres en la ahora llamada "plaza de la Dignidad", fue significativa para el cambio que Chile experimentaría con fuerza en los meses venideros.
El segundo, en mayo de 2018, reconocido como "mayo feminista". Las denuncias frente a acosos y abusos trascendieron a todo nivel y fue una escalada con fuerza, que vino a remover las estructuras de distintos espacios de poder. Y, lo más reciente, fue el 8M de 2019, donde las calles se llenaron de mujeres que reclamaron no más violencia, no más muerte y no más abuso, expresión masiva consignada como la representación más grande desde el regreso de la democracia antes del 18 de octubre.
El movimiento feminista levantó sus propias demandas con una agenda clara y relacionada con el término del abuso, de la impunidad, de los excesos y desigualdades en todos los sectores. Aquellos que no veían venir el estallido, simplemente se negaron a ser testigos de diversas manifestaciones claras lideradas por un movimiento que tuvo la capacidad de empoderar a la sociedad chilena.
Alejandra Riveros académica de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central
DD.HH. y orden público
La obligación estatal de conservar el orden público y proteger los derechos humanos tiene por consecuencia que el Estado debe usar la violencia legítima -de la cual tiene el monopolio- contra las personas que ejercen la violencia ilegítima.
Si bien el Estado tiene la prohibición de abusar de la fuerza, tiene la obligación de usarla para garantizar el Estado de derecho, reprimir actos vandálicos, resguardar los derechos humanos de los ciudadanos y promover el bien común.
El grado de fuerza que se utilice debe ser apreciado prudencialmente por la autoridad, siguiendo principios como los de necesidad, progresividad y proporcionalidad.
La desproporción en el uso de la fuerza no sólo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
Si bien el uso de armas letales sería desproporcionado para reprimir a personas que están rayando un muro o insultando a policías, no lo es para proteger la vida; cuarteles militares o policiales que son atacados con armas de fuego o artefactos incendiarios; hospitales; iglesias o edificios patrimoniales; supermercados o instalaciones de la infraestructura crítica cuya destrucción dejaría desabastecida de alimentos, agua, electricidad, combustibles o transporte a toda una ciudad.
Adolfo Paúl Latorre abogado
