Ex intendentes proponen consensos para superar conflicto por el puente Chacao
MEGAOBRA. Sergio Galilea y Nofal Abud son partidarios del diálogo, para evitar tener que llegar a tribunales para una salida. Ambos lamentan no haber dado continuidad a comité asesor.
Parece haber consenso en cuanto a la necesidad de dar pronta continuidad a los trabajos de construcción del puente sobre el Canal Chacao. Existe acuerdo en la importancia estratégica de esta megaobra, que unirá la isla Chiloé con el continente, dando continuidad física a la Ruta 5, lo que -se anticipa- generaría una mayor oferta turística del archipiélago.
Solucionar el conflicto entre el Consorcio Puente Chacao (CPC) y el gobierno, es prioridad para asegurar esas labores, que son amenazadas con su detención, debido a diferencias entre ambas partes, en materia del financiamiento de obras anexas que requiere ese proyecto.
Ex intendentes de la Región de Los Lagos, consultados por El Llanquihue, expresaron su visión frente a este contratiempo, que incluso podría llegar a una resolución en los tribunales de justicia.
Apela al gobierno
El ingeniero puertomontino Sergio Galilea, intendente entre 2008 y 2010, recuerda que en ese período "intenté poner el puente en primera prioridad", luego que en 2006 fuera desechado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán.
"Sería extremadamente desastroso que el proyecto no continuara", enfatiza y a renglón seguido apunta que "no podríamos echar por la borda todo lo que se ha hecho", al hacer presente la instalación de los 36 pilotes de la torre central sobre la Roca Remolino.
A su parecer, ese viaducto "es una obra de importancia nacional; no es sólo para Chiloé, es para el país. Es la obra de ingeniería civil en desarrollo más importante de Sudamérica".
Galilea, quien también fue subsecretario de Obras Públicas entre 2014 y 2018, asegura que "se hizo un trabajo acucioso de ingeniería, incluso de ingeniería de detalle. Nunca ha habido para el país, el tipo de análisis sísmico, de viento y de corrientes marinas que tiene el puente".
En cuanto a una salida a esta crisis, Galilea no es partidario de judicializar la controversia y -en su lugar- espera la intervención del gobierno "para llegar a un buen acuerdo con Hyundai (controladora de CPC)". Expuso que "hubo un conjunto de acciones que el Consorcio tuvo que asumir, que iban más allá del contrato; pero, de ninguna manera me imagino que son US$ 300 millones".
Conforme a su visión, se debe demostrar qué trabajos no estaban considerados en el proyecto inicial, lo que una vez cuantificado "el Estado tiene que responder por eso y asumir ese diferencial" que -según su cálculo- no debe ser superior al 10 % del valor total de la obra.
Apunta que se debe reinstalar con carácter de urgente el comité asesor ministerial establecido en 2014, "de modo de que periódicamente haya una información acuciosa por parte de gente especializada, que le ayude a los directivos del MOP".
Sin obras adicionales
El abogado Nofal Abud, ex intendente entre 2014 y 2015, valoró el aporte de ese comité y recordó que durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet "buscamos garantizar la viabilidad de la obra, a través de acciones específicas como la constitución de un comité asesor, políticamente transversal, integrado por ex ministros, académicos, colegios profesionales, gremios y expertos, con el fin de adelantarnos a los eventuales conflictos de esta megaobra y generar soluciones en forma oportuna". Agregó que el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, "personalmente monitoreaba los avances del proyecto".
Lamentó que el actual gobierno no le diera continuidad a ese equipo de trabajo, con lo que -consideró- "se perdió esa capacidad de control y anticipación de conflictos en torno a la obra puente, lo cual queda demostrado por lo sorpresivo del conflicto en desarrollo con Hyundai".
Abud recordó que cada vez que le tocó asistir a esas reuniones mensuales no hubo menciones a obras anexas, "sino más bien de tiempos y etapas para la entrega del diseño, pruebas de viento y otras realizadas en Japón, pero nunca de exigencias adicionales del entonces consorcio Hyundai-OAS, que pusieran en riesgo la viabilidad del proyecto por un tema de costos".
Remarcó que siempre se ha conocido que la obra fue pactada a "suma alzada", lo que implicó que "todo costo adicional al inicialmente estimado, se entendió siempre que sería por cuenta del consorcio adjudicatario".
Respecto a las divergencias por el pago de obras extraordinarias al contrato, el ex intendente se mostró esperanzado en que "las posiciones se acerquen mediante el diálogo, ya que escalar el conflicto a tribunales importaría la paralización de las obras, la pérdida de fuentes de trabajo e inversiones, y una gran frustración para la gran mayoría de los habitantes de la isla, que ven en la obra puente una palanca muy potente para el desarrollo económico y social de sus comunidades".
" El Estado tiene que responder por eso y asumir ese diferencial".
Sergio Galilea,, ex intendente 2008-2010.
" Todo costo adicional (...) se entendió que sería por cuenta del consorcio".
Nofal Abud,, ex intendente 2014-2015.
$218 mil millones adicionales pide el Consorcio, lo que equivale a un aumento en un 50% del valor del puente.
2013 se adjudicó la licitación al CPC, que integraban Hyundai, con un 50% de participación, y OAS, con un 49%.
23 de diciembre, Hyundai informó su decisión de paralizar las obras, por "incumplimientos" del gobierno.