El Gobierno informó que está haciendo gestiones para reducir el consumo del agua en el país, considerando que estamos enfrentando "la sequía más grande de la historia", que, por ejemplo, el caudal del río Mapocho ha bajado 63% y que actualmente hay seis regiones bajo emergencia agrícola.

"Hemos iniciado conversaciones con los grandes consumidores, particularmente municipalidades y empresas, para que reduzcan su consumo en al menos un 10%. Necesitamos que todos nos comprometamos para cuidar nuestra agua y adaptarnos a esta nueva realidad", dijo Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, y agregó que "estamos trabajando para que no haya ninguna alteración del suministro de agua potable, pero el riesgo (de racionamiento) existe".

El titular del MOP y su par de Agricultura, Antonio Walker, comunicaron un balance de la situación hídrica e informaron que en los próximos días se lanzará una campaña sobre la importancia del uso racional y el ahorro del agua.

Dijeron que 2019 ha sido un año extremadamente seco en comparación a la última década, siendo el abastecimiento de agua potable en zonas rurales, el de las ciudades y el sector agrícola los tres sectores más afectados. Entre las regiones de Atacama y Maule, las precipitaciones acumuladas a noviembre presentan déficits entre 97% y 66%, con un promedio de 75%. Los caudales en los ríos presentan la misma tendencia a la baja: a noviembre, todos los ríos entre el Huasco y el Maule registran caudales bajo el promedio y varios están bajo sus mínimos históricos. Los embalses El Yeso, Aromos y Peñuelas almacenan solo 21% de su capacidad.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer en la tarde interpelar a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, durante la segunda semana de enero próximo para que expliquen cómo buscarán resolver las demandas que ha elevado la ciudadanía desde que estalló la crisis social.

La interpelación de las tres autoridades se logró con mayoría simple y quedaron con fecha de 7 de enero (martes) para la titular del Trabajo; miércoles 8 de enero en el caso de Jaime Mañalich y el 9 de enero será el turno del ministro Briones. Todas las interpelaciones comenzarán a las 16 horas y las preguntas tendrán relación con las respuestas que pueden dar desde sus sectores a las "reformas estructurales que el país está demandando", dijo el diputado Marcelo Díaz, promotor de las iniciativas.

"Los ministros deben explicar por qué no se está avanzando de forma más rápida en las reformas estructurales que pide la ciudadanía", agregó el diputado Miguel Crispi, de RD.

"Yo no lo veo como un ataque necesariamente (...) lo veo en ese plano, y feliz de concurrir, será mi primera interpelación, lo asumo con mucha alegría y ganas", dijo Briones.

Después de más de tres horas de alegatos, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió negar de manera unánime a dos mujeres el retiro anticipado de los fondos de pensiones que mantienen en distintas AFP. Las demandantes, María Angélica Ojeda y Beatriz Valenzuela, habían llegado hasta esta instancia luego de acudir a las cortes de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas, respectivamente.

Tanto la profesora del norte, que ya jubiló y recibe su pensión, como la enfermera de Magallanes, que aún ejerce, presentaron requerimientos de inaplicabildiad por eventual inconstitucionalidad respecto de tres artículos del Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones. Ambas argumentaron que utilizarían los fondos para solventar distintas deudas, pero el TC respondió la consulta de las cortes recomendando no destinar el ahorro previsional para otros fines.

Argumentos

En los alegatos, intervinieron representantes de las AFP Cuprum y Habitat, de las que son afiliadas Ojeda y Valenzuela, respectivamente; así como de las demandantes y del Gobierno. El Ejecutivo pidió el rechazo de los requerimientos.

El abogado representante de Cuprum, Jorge Correa Sutil, planteó que "si el decreto ley 3.500 es una buena fórmula de seguridad social para Chile o una pésima, tal debate solo puede y debe desarrollarse en el Congreso Nacional. Traer ese debate de política pública a estrados judiciales constituye un error jurídico de magnitudes, que confunde lo que es propio de la política con lo que es propio de la justicia".

Rodrigo Díaz de Valdés, por AFP Habitat, dijo que en el caso de que se permita retirar anticipadamente los fondos de pensiones, "se va a producir un déficit que va a afectar a las personas de menores ingresos", porque no se dispondrá de recursos suficientes para asegurar su previsión.

Las solicitantes fueron defendidas por los abogados José Luis Ugarte, Javiera Aravena, Fernando Atria, quienes aseguraron que los fondos pertenecen a los afiliados. El de pensiones "no es un sistema de seguridad social, porque no es un sistema ni de seguro ni social", sino "de ahorro forzoso individual", planteó Atria. También estuvo presente el vocero de "No+AFP", Luis Mesina.

La deliberación fue apoyada por la presidenta de la instancia, María Luisa Brahm Barril; y los ministros Iván Aróstica, Gonzalo García, Juan Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Vásquez, María Silva y Miguel Fernández.