La violencia, que ha destruido espacios públicos, supermercados, pequeños negocios, iglesias y hasta un hospital, horada nuestra convivencia y nos retrotrae a otros períodos de nuestra historia donde la violación a los derechos humanos fue una política pública. Es una vorágine que lo único que produce es más violencia, además de miedo y temor en la población.

¿Puede la violencia ofrecer un camino para resolver los problemas de Chile? Definitivamente no.

La violencia que hemos visto en las últimas semanas tiene múltiples orígenes y requiere, por tanto, distintas respuestas.

Hay pequeños grupos radicalizados que promueven la violencia política y hay delincuentes que se aprovechan del descontrol para desarrollar su actividad.

Pero el grupo mayoritario es el de una gran masa, principalmente de jóvenes, que sienten que la sociedad entera es violenta con ellos, los castiga e ignora, y no sienten adhesión o respeto por ninguna institución. Este sector es apoyado o avalado por otro, aún más grande, que incluye a capas medias, que normalmente rechazan la violencia pero que ahora, después de tanta marcha infructuosa, sienten que si no hay violencia no se logra nada.

Para resolver esta crisis, resulta imprescindible separar los saqueos, robos y el vandalismo de la movilización social.

Pero el Gobierno y Carabineros no han sido capaces de hacer esa diferencia, han sido ineficaces.

El acuerdo para llegar a una nueva Constitución es un avance, así como una serie de medidas inmediatas entre las que se cuenta el reajuste a las pensiones básicas y el subsidio al transporte de los adultos mayores, pero aún falta concretar un aumento sustancial del ingreso mínimo y el mejoramiento de la salud.

También hay que construir una agenda de transformaciones de mediano y largo plazo, si queremos realmente construir un país con más justicia y con más paz.

Seamos claros. La destrucción de nuestras ciudades no tiene el objetivo de crear una sociedad más justa. La justicia no surgirá de la violencia. Un Chile más justo se construirá sobre un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo de convivencia, que no es posible si existe desigualdad y discriminación, pero tampoco lo es si está secuestrada por la violencia.

Rabindranath Quinteros , senador por la Región de Los Lagos

Una encuesta del Servicio Nacional del Adulto Mayor y la U. de Chile, reveló que el 62% de los chilenos declara que se prepara poco o nada para la vejez, mientras un 73% considera que este grupo etáreo se encuentra marginado de la sociedad. Un factor que explicaría el descontento que reina en este sector de la población -que hoy suma más de tres millones de personas y que el 2025 representará el 20% de los chilenos- con el anuncio del Gobierno de incrementar un 50% la Pensión Básica Solidaria a aquellos mayores de 80 años, mientras que para los mayores de 65 años el beneficio se podría aplicar gradualmente.

Desde el estallido social del 18 de octubre, el Gobierno ha centrado buena parte de sus respuestas a las demandas de la calle hacia este estrato más vulnerable. Cabe recordar que, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2020, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció la rebaja del 50% en la tarifa del transporte público para todos los mayores de 65 años, sean o no pensionados. A lo anterior se suma la medida anunciada por BancoEstado de no cobrar comisiones para las primeras tres transacciones que realicen al mes en su CuentaRUT, donde se depositan las pensiones de vejez.

Hubo un avance legislativo con la Ley de Fármacos II, que permitirá la importación directa de medicamentos, ayudando a bajar su alto costo. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP) la compra de remedios representa el 35,8% del gasto de los chilenos en salud y cada adulto mayor consume un promedio de 8 medicamentos distintos al día. Por ello, otro proyecto de Ley que impulsa el Minsal autorizará a Cenabast a vender medicamentos a farmacias independientes y así mejorar el acceso a fármacos más baratos.

Con el aumento de la esperanza de vida, que hoy promedia los 85 años, y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, que indican que la población de adultos mayores crecerá más del doble dentro de los próximos 30 años, el impacto del envejecimiento de los habitantes del país crecerá a un ritmo acelerado. Sólo considerando el gasto hospitalario en pacientes de la tercera edad, al año 2050 le significará al Estado $1,9 billones, similar a todo el gasto hospitalario 2018. Por ello, "invertir en la tercera edad, en el largo plazo, es un ahorro", sostiene académico de la U. Católica y coordinador de la Unidad Geriátrica de Agudos de la Clínica San Carlos de Apoquindo, Homero Gac.