La crisis de legitimidad y de representación social y política ha quebrantado a la sociedad chilena que se ha manifestado en las calles las últimas semanas, pero también han decantado las demandas ciudadanas que aluden a un malestar profundo, producto de las brechas sociales que hablan de injusticia y desigualdad social, de manera espontánea con mayor o menor organización en conversatorios y reuniones, las que han plasmado las prioridades que deben estar presente en la agenda social.

Un nuevo pacto social, una nueva constitución o su modificación, tampoco han estado ajenas a las demandas y ha cobrado fuerza en la opinión pública, la que no ha sido descartada por el Gobierno. Cómo canalizar este último punto refleja la necesidad de establecer una mayor reflexión del modelo social, cultural y económico que ha favorecido la desigualdad y contradicho una sana convivencia democrática. Es por ello que es necesario un nuevo pacto social donde las fuerzas políticas, económicas y sociales juegan un rol primordial en configurar un nuevo Chile con más justicia social.

El descontento social frente a los abusos de poder en distintos ámbitos de la vida cotidiana resulta evidente, al igual, la crítica al funcionamiento del sistema político y social que exige mayor trasparencia y ética en el actuar de autoridades e instituciones. La desigualdad no sólo se ve reflejada en los privilegios que tiene una clase acomodada, se observa también en las injusticias que genera una sociedad más diversa y que es consciente de sus derechos y obligaciones, donde los movimientos ciudadanos se presentan de una manera poco predecible y logran poner en jaque a la estructura social de un país.

Frente a la crisis política institucional, el rol que juega una universidad del Estado es dar una mirada a la crisis objetivamente, con la profundidad y gravedad que tiene. Canalizar esas demandas ciudadanas es la tarea a la que nos hemos abocado, asumiendo el desafío y el compromiso de impulsar diálogos "Por un Chile justo" en la Región, generando un diagnóstico y propuestas de medidas para lograr una mayor equidad, en jornadas de reflexión con amplia participación, las que pondremos a disposición de las organizaciones de base, autoridades regionales y locales.

Óscar Garrido Álvarez, rector

de la Universidad de Los Lagos

Desde que se extendiera hasta Osorno el vandalismo con el que algunos grupos minoritarios han utilizado para sus propios fines las pacíficas y masivas marchas por una mayor justicia social, que el centro de la ciudad ha cambiado sustantivamente. Lo que fue una bullente zona financiera, de servicios y comercio, capaz de atraer a un amplio contingente de personas de la urbe y de las comunas cercanas, ha ido mutando hacia lo que parece ser una ciudad fortificada con fierros, latas y madera, presta para recibir un nuevo asedio de quienes pretenden imponer por la fuerza un extraño ideario social marcado por la violencia y destrucción de los más variados símbolos de cuanto aquello no estén de acuerdo.

Caminar por el centro de Osorno hoy es una experiencia marcada por el temor hacia minúsculos grupos que han hecho valer la fuerza, la intolerancia y la soberbia por sobre la capacidad del diálogo al interior de un régimen democrático que clama, a gritos, que sus instituciones comiencen por dar el ejemplo. Si alguien ha creído que vandalizar las bancas de la plaza de Armas, intentar quemar la Gobernación Provincial o saquear bancos, farmacias y locales comerciales, es una acción política que beneficia a la comunidad, se ha equivocado completamente.

La violencia, venga de donde venga, nunca debería considerarse como un instrumento de presión o de expresión de las propias ideas. Los comerciantes y los clientes de la zona céntrica han tenido que trastocar sus rutinas diarias de compra; igual que en el Barrio Lynch, donde si bien no han sufrido el efecto de los saqueos, ya han observado una drástica caída de la actividad comercial.

Quien quiera legitimar el uso de la violencia en un régimen democrático, y también quienes no son capaces de condenar su uso por los mezquinos cálculos políticos, están quedando en deuda con una sociedad que legítimamente ha levantado la voz para exigir mejoras urgentes a un sistema que necesita perfecciones para llevar dignidad y oportunidades a las personas, pero que cree en el respeto y la tolerancia para convivir los unos con los otros.