"He optado por no abrir desde que se dieron los desórdenes (…) mis ventas bajaron a cero"
Julia Muñoz, locataria del Barrio Lynch, por impacto de la crisis social
"Son hechos graves y los vamos a llevar a juicio oral y lograr las sentencias que se merecen"
Daniel Alvarado, fiscal, por
formalizados por saqueos en Osorno
Durante años, las organizaciones vecinales del país han permanecido en un poco merecido segundo plano, a pesar de una prolífica actividad en sus entornos y de la relación que han ido tejiendo con los municipios, que a la sazón resultan ser la puerta de entrada para su diálogo con el Estado. Este "segundo plano" no se ha dado tanto por el muy activo liderazgo de estos dirigentes sociales, todos ad honorem, sino más bien por la apropiación discursiva de urgencias y prioridades que ha establecido la clase política en el país, que desde la derecha hasta la izquierda, en su gran mayoría, suelen recurrir a las juntas vecinales únicamente en etapa de elecciones.
En el caso específico de Osorno, hay liderazgos muy consolidados en las uniones comunales de las zonas urbanas y rurales, amén de juntas vecinales de determinados barrios que han logrado organizarse de un modo muy afiatado para ir en búsqueda de soluciones particulares para sus problemas. La evidencia indica que allí hay un capital social que en tiempos de efervescencia como los que se viven en Chile desde hace más de dos semanas, se debe aquilatar para generar canales de participación y diálogo que tanto se extrañan.
Las juntas vecinales son entidades funcionales con una amplia trayectoria que, más allá de los colores políticos -muy legítimos, por cierto-, conocen de primera mano las necesidades más apremiantes de la población. Ellas, quizás más que cualquier otro referente que ahora se quiera arrogar la interlocución de la ciudadanía, se han validado en el transcurso de los años como los articuladores del nexo de los barrios con el Estado. A sus dirigentes hay que atenderlos y escucharlos para saber de primera mano qué es lo que pasa en un país tan convulsionado.
Por cierto, hay también muchísimas otras organizaciones sociales que pueden canalizar las opiniones ciudadanas. Todas ellas pueden aportar, desde sus respectivas áreas, al necesario diálogo que con tolerancia y respeto debe predominar en el país para superar una crisis social que llama a todos a colocar su grano de arena.
Molestos y preocupados se manifestaron los apoderados de estudiantes de los liceos Carmela Carvajal y Comercial, quienes les piden a los docentes en paro que vuelvan a impartir clases. Y es que sumando ambos recintos, son unos 2.300 los jóvenes que no han podido avanzar en su año académico por la movilización.
Las medidas para garantizar una atención a los pacientes que lo requieran en el Hospital Base y sin descuidar todo lo que sea de urgencia, adoptaron las autoridades del Servicio de Salud, con motivo del paro anunciado por los médicos del horario diurno. En paralelo, tampoco se verá interrumpida la atención municipalizada.
Un sujeto de 23 años fue detenido por la Prefectura de Carabineros de Osorno y puesto a disposición del tribunal por estafa, usurpación de funciones, apropiación indebida y quebrantamiento de condena. El individuo, conocido como El Pluto, compró diversos artículos con cheques, para lo cual afirmaba ser carabinero o gendarme.
La sociedad chilena, sin la conducción de los partidos políticos, es la protagonista de la protesta que nació en Santiago, pero se extendió rápidamente por todo el país. El descontento es generalizado y tiene su base en la desigualdad.
Osorno, Puerto Montt, Chiloé, se han levantado en forma masiva y mayoritariamente pacífica. Y en las calles es evidente la presión por cambios de fondo. No podemos soslayar la necesidad de diálogo para construir las preguntas y buscar las respuestas que nos pide la sociedad en su conjunto.
La crisis de confianza que afecta hoy a buena parte de las instituciones y en especial a aquellas vinculadas la labor política, sólo puede enfrentarse con más democracia y más participación. Hoy, el país experimenta un proceso de cambios cuya magnitud y efectos todavía no podemos aquilatar en su totalidad. No hay, por tanto, recetas sencillas para resolver un problema complejo y que se ha ido arraigando profundamente en la sociedad chilena. La encuesta DESOC demuestra que las personas asignan más confianza a aquellas instituciones menos relacionadas con la política, y eso da cuenta que para mejorar no se trata sólo de cambiar a las personas, sino de modificar los modos de entender y hacer política en sus distintos niveles.
Lo que no podemos pretender es extirpar la política del quehacer de nuestra sociedad, porque hoy los temas que afectan y movilizan a los chilenos son profundamente políticos. Desde la necesidad de una nueva constitución hasta la decisión de condonar el CAE y aumentar el salario mínimo, son decisiones políticas ante problemas concretos de la población. El Estado puede hacer más que un alza del 20% de las pensiones básicas y, además, tiene que responder ahora -y no mañana- a quienes se jubilarán en el futuro y que anhelan a algo más que una pensión básica. Asimismo, el Gobierno debe fortalecer la salud pública, controlar los precios de los medicamentos y congelar las tarifas de los servicios básicos.
No habrá solución para todos los problemas en forma inmediata, pero tampoco podemos permitir que éstos sigan acumulándose. Y junto con ello es imprescindible retomar la discusión por una nueva Constitución para Chile.
Si vamos a construir un país para todos, tenemos que crear las condiciones para todos, no sólo para un grupo pequeño que se ha apropiado de los ingresos de la mayoría. Es la tarea que tenemos por delante.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos