Sin duda estamos frente a una aguda crisis social y política, acrecentada por actos vandálicos y delictuales registrados en la mayoría de las ciudades chilenas. Los saqueos, el vandalismo, los destrozos en los espacios y la propiedad, tanto pública como privada, por ningún motivo pueden ser justificados, ya que finalmente los grandes perjudicados somos nosotros mismos, los ciudadanos, quienes, de manera transversal, han clamado por terminar con esta escalada de violencia. En ese sentido, han sido conmovedoras las imágenes de personas tratando de impedir el accionar de los vándalos, ya sea custodiando supermercados para evitar saqueos o enfrentándose a delincuentes en plazas o parques.
Nuestro país, claramente, tiene grandes dificultades sociales, con enormes brechas salariales y elevados costos en los servicios básicos, producto de políticas que no han dado el ancho para tener un país más equitativo, justo y armonioso.
Aquí hay una responsabilidad del mundo político, al cual le ha faltado autocrítica y la capacidad de realizar lecturas eficientes para promover oportunidades y equilibrios. Y en esta incapacidad no está ajeno ningún color político. El fracaso, simplemente, es de todos.
Es cierto que se ha avanzado en muchas materias, sin embargo, ello no ha sido suficiente para contener el descontento ciudadano.
Los políticos, de una vez por todas, deben entender las señales ciudadanas. Deben comprender que son representantes de los ciudadanos y no de sus intereses particulares o partidistas. Y que la población es prioritaria, incluso más que sus tiendas políticas. De los sectores empresariales, en tanto, se espera una mayor sensibilidad y compromiso social, para que el crecimiento impacte en todos y no sólo en unos pocos.
Hay que repensar las prioridades del país, de acuerdo a las demandas de la ciudadanía, no
descartándose la realización de un gran pacto social, poniendo como foco al ciudadano chileno.