Cuarenta testigos, entre policías, familiares, amigos y peritos médicos, serán los encargados de testificar en el juicio contra el atleta osornino Cristian Rogel Molina (35 años), acusado de ser el autor de violación y homicidio de la estudiante y deportista Carla Oyarzún, ocurrido el 17 de diciembre de 2008 en el sector de Pilauco.
"Antes no puede ser, porque con la salud pública no se juega y queremos tener la seguridad (…) de que el agua es potable"
Harry Jürgensen, intendente, por regreso del agua potable en Puerto Octay
"No puedo negar que se han estado aplicando medidas de prevención, pero es necesario reforzar aún más"
María Jimena Núñez, alcaldesa de Puyehue, por contagiados de virus hanta
Un total de 50 órdenes de investigar delitos sexuales que afectaron a menores han tenido que cumplir detectives osorninos desde enero a la fecha. La cifra representa un aumento del 14% con relación al mismo período del año pasado, sin considerar las llamadas "listas negras" de aquellos abusos que no son denunciados.
"Nos oponemos a la intervención extranjera. No aceptamos el monopolio de una empresa extranjera". Así lo indicaron los dirigentes de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno sobre las informaciones respecto de la instalación en el país de la transnacional TNT, el mayor consorcio de transporte terrestre del mundo.
Conocida es la diferencia que, salvo contadas excepciones, se produce entre los municipios grandes y los chicos a la hora de postular a los proyectos estatales que, por diversas vías de financiamiento, permiten acometer obras o programas que vayan en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes. Un municipio grande, gracias a los mayores recursos con que cuenta y a una mayor disponibilidad de reclutamiento de profesionales y técnicos especialistas en formulación de proyectos, frecuentemente queda en abierta ventaja frente a aquellos que con suerte logran postular iniciativas de mediano impacto. Se ha visto históricamente, a lo largo del país, en la competencia que se da, por ejemplo, en las platas disponibles del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros instrumentos que exigen detallada información respecto de los plazos, impacto y beneficiarios.
Este mismo escenario se está dando este año con la ejecución presupuestaria de los siete municipios de la provincia. Mientras Osorno, Purranque y San Juan de La Costa (no por su tamaño, sino por su calidad de gestión) están consiguiendo avanzar significativamente en la postulación y aprobación de proyectos; los restantes municipios de Río Negro, Puyehue, San Pablo y Puerto Octay transitan a un ritmo menor, ya sea por iniciativas que quedan frenadas por aspectos técnicos, como por la propia incapacidad de formular propuestas ambiciosas y que vayan más allá de lo tradicional.
Tanto el intendente como integrantes del Consejo Regional han reconocido esta brecha. De hecho, en el Gobierno Regional se han habilitado divisiones de Infraestructura, Fomento y Social para ir en ayuda de aquellas corporaciones edilicias que no han podido armar sólidos equipos técnicos que garanticen una postulación exitosa. Aun así, la diferencia se ha mantenido, en perjuicio de los habitantes de las comunas más pequeñas.
La lección que deja el panorama de la inversión regional es que se requiere de un cambio drástico en la formulación de los proyectos, lo que pasa, primero, por un mayor liderazgo de las autoridades de los municipios, y segundo, por una revisión del diseño del sistema de inversiones que permita asumir las brechas y generar una mejor justicia territorial.
La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos. Por distintas razones, el tema se ha instalado desde hace tiempo ya entre las prioridades de los vecinos, incluso en aquellas comunas que no tienen altos indicadores de hechos delictuales.
La realidad es dispar. Mientras algunos municipios, especialmente en el sector oriente de la Región Metropolitana, despliegan múltiples acciones, muchas de ellas a elevados costos, otras administraciones, la mayoría en regiones, se esmeran por enfrentar -con ingenio y talento, pero muy poca plata- el desafío de hacer sus comunas más seguras. En algunos casos, el municipio destina recursos propios de su presupuesto para tales fines.
Mayoritariamente, los alcaldes postulan proyectos a fondos sectoriales o regionales, siempre con el riesgo de no obtener los recursos, o de enfrentar la oposición de las fuerzas de orden -que consideran que los municipios se inmiscuyen en una labor que no les es propia- y de la Contraloría que ha emitido dictámenes restringiendo el rol del municipio en tales tareas. Hay detrás de todo esto un problema de enfoque, en el que los roles preventivo y disuasivo se confunden. Los municipios no están para perseguir la delincuencia, pero sí pueden hacer una contribución importante en materia de intervención social para evitar la generación de potenciales focos de inseguridad.
Otro aspecto que no siempre es correctamente comprendido por las autoridades centrales es que cada comuna es una realidad distinta, por tanto, requiere también de estrategias y políticas diferenciadas. Recién a fines de 2018 ingresó un proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los gobiernos locales, el que sin embargo no ha avanzado en su tramitación, pues el Ejecutivo no le ha asignado urgencia.
De partida, es necesario establecer nuevos y mejores mecanismos de distribución de recursos, hacer claridad respecto de los límites y alcances del rol municipal en estas funciones y afinar la coordinación con las policías.
Enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de la población es una tarea del Estado, su ejecución no puede descansar en aquellas administraciones locales que tengan más recursos o ingenio para desarrollar soluciones. No podemos dejar solos a nuestros municipios a la hora de cargar con la pesada mochila de la seguridad ciudadana y la prevención del delito. El problema es todos, y todos debemos contribuir con la solución.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos