Consejo de Defensa se querella contra funcionaria municipal por fraude al fisco en programa Quiero mi Barrio
OSORNO. Se trata de Lorena Rosas, quien fue encargada del programa en 2017. La investigación se realiza en el Juzgado de Garantía. Defensor dice que los hechos "tienen explicaciones razonables".
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso en el Juzgado de Garantía de Osorno una querella criminal en contra de la funcionaria municipal Lorena Rosas, por el presunto fraude al fisco cometido cuando era encargada del programa Quiero mi Barrio en 2017. Rosas habría destinado, para propósitos personales, los recursos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) traspasó al municipio local para la ejecución del programa en los sectores de Rahue Alto y Francke.
Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que mantiene vigente una investigación luego de una denuncia recibida en 2017 por eventuales irregularidades en el administración de recursos y ejecución del Quiero mi Barrio, producto de lo cual las postulaciones al programa del Minvu de proyectos de los vecinos osorninos para mejorar sus sectores, están paralizadas desde hace dos años.
El tribunal declaró admisible la querella que da cuenta de una serie de antecedentes acumulados tras la investigación realizada por la Contraloría (a través de la indagación especial N°224), cuyo informe final tenía carácter de confidencial hasta que fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal en junio.
Perjuicio económico
El abogado del CDE, Daniel Medina, explicó que la acción procede en representación del Minvu, que fue afectado por el perjuicio económico al fisco avaluado en 14 millones 416 mil 850 pesos (según consta en la querella).
"El Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una querella criminal en contra de Lorena Rosas, en representación del fisco (Ministerio de Vivienda y Urbanismo). La acción se dirigió en contra de la señora Rosas en su calidad de encargada del programa Quiero mi Barrio de la municipalidad de Osorno, respecto de programas que se ejecutaron en dos sectores de la comuna. Las maniobras que describimos en el escrito son constitutivas de fraude al fisco, que significaron perjuicio estatal de una cuantía relevante", dijo el profesional.
Entre las maniobras a las que se refiere el abogado del Estado y que constan en el documento aceptado por el tribunal, figuran la existencia de gastos insuficientemente acreditados, además de la utilización de evidencia fotográfica ya usada en años anteriores para respaldar actividades supuestamente hechas en el Quiero mi Barrio de 2017.
También se establece el pago a la empresa Gestión Sur Ltda. por contrataciones no consideradas en el presupuesto inicial. Estas actividades se pagaron y fueron justificadas con documentos ideológicamente falsos, entre otras irregularidades en la administración de los fondos que constituyen la figura penal de fraude al fisco, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal.
"(...) el consecuente perjuicio irrogado al Fisco-Ministerio de Vivienda y Urbanismo, provino tanto de la inobservancia personal de parte de Lorena Rosas, de deberes funcionarios elementales a su posición, como de activas maniobras de engaño (...) el delito se consumó y la participación de la querellada Lorena Rosas fue en calidad de autora, según lo indicado en el artículo 14 en relación con el artículo 15 Nº 1, ambos del Código Penal", se le textual en la acción judicial.
La querellas del CDE agrega que "todos los demás que resulten responsables (...) sin perjuicio de otros delitos que se establezcan durante el curso de la investigación".
Caso único a nivel país
El seremi de Vivienda, Rodrigo Wainraihgt, explicó que la situación generada en el programa Quiero mi Barrio es grave e inédita a nivel país.
"Entendemos que defraudar a las arcas públicas y fiscales es constitutivo de delito, pero además este hecho, provocado por la funcionaria, afecta a todos los vecinos de Osorno, especialmente a las familias vulnerables, ya que no pueden postular a este tremendo programa desde hace dos años. Las inversiones en los barrios electos superan los $800 millones", señaló el seremi.
La denuncia de la situación se realizó en el gobierno anterior por el entonces seremi Eduardo Carmona y fue dada en continuidad por la actual administración, debido a la gravedad de lo ocurrido.
Inocencia
Desde hace poco más de un mes, el abogado Iván Cárdenas asumió la defensa de la funcionaria Lorena Rosas, quien actualmente se desempeña en la Unidad de Comunicaciones del municipio de Osorno.
El profesional explicó que la ley mantiene el principio de inocencia y su representada demostrará que no existe ningún delito en su actuar.
"No compartimos derechamente la posición jurídica del CDE. Estimamos que los hechos que se le están imputando a Lorena Rosas tienen explicaciones razonables que daremos a conocer en su oportunidad. Tampoco ha sido formalizada por la Fiscalía, razón por la cual, sin perjuicio que el CDE actúa dentro de sus facultades, creemos que la posición que asumieron es un tanto apresurada", indicó Cárdenas.
El alcalde Jaime Bertín enfatizó que la funcionaria aún no está formalizada y que se realiza una investigación, donde el municipio ha prestado toda la colaboración. Agregó que no existe facultad legal que permita que una funcionaria de planta sea apartada de sus funciones por una investigación, ya que prima el principio de inocencia que todo ciudadano posee en la legislación.
2017 se provocó una irregularidad en el programa Quiero mi Barrio, que mantiene congelado a Osorno desde hace dos años.