Este miércoles generamos nuestro octavo seminario vocacional "Querer es Poder", organizado por Aproleche, apoyado por el Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT Educacional), y desarrollado en las dependencias del Instituto Profesional Adolfo Matthei. Más de 200 chicos de liceos agrícolas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos escucharon atentamente a los expositores Marcelo Moraga, presidente de la Asociación Nacional de Chile Cowork; y Camilo Carrasco, director ejecutivo de la Fundación AcercaRedes, quienes hablaron sobre la búsqueda de la vocación desde la pasión, sobre las nuevas tecnologías y las redes de emprendimiento, pero por sobre todo, se refirieron a la necesidad de asociatividad y flexibilidad en el nuevo trabajo: desde el sur es posible liderar movimientos y emprendimientos nacionales e internacionales. Porque la nueva e hiperconectada generación, nacida bajo un paradigma global, ya no entiende el trabajo estático y sin conectividad, ni tampoco con horarios fijos, que no les permitan disfrutar de pasatiempos y tiempos libres.

Así también, tuvimos la oportunidad de reunimos esta semana con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien explicó el sentido del proyecto de reforma laboral, promovido por el Gobierno. Entendimos que son los conceptos de "flexibilidad" y "productividad" los ejes que realmente busca impulsar el ejecutivo en su iniciativa, justamente aquellos que necesita el emprendimiento y, por supuesto, nuestro sector lechero. A nivel mundial, un 40% de la población vive relacionada con la agricultura y es la mayor fuente de trabajo e ingresos en los hogares más pobres. Falta en la actualidad innovación y asociatividad en el mundo agrícola, pero no es posible avanzar en estas áreas si las leyes no se adaptan a las nuevas necesidades laborales.

Hoy, la legislación no reconoce el trabajo remoto, ni tampoco las especificidades del rubro agrícola. Debemos ponernos en los zapatos de las nuevas generaciones de emprendedores y futuros trabajadores, así como también hacernos cargo de las particularidades del sector lechero, que requerirá de jóvenes talentos, los cuales buscarán condiciones de flexibilidad, conectividad y calidad de vida en sus puestos de trabajo.

Marcos Winkler, presidente

de Aproleche Osorno

Por la naturaleza de la función que regula y de las sanciones que puede aplicar, con el fantasma de la caducidad de la concesión de Essal en ciernes, el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) ha sido el más relevante desde que el 11 de julio pasado se desatara la inédita emergencia que provocó el extenso corte de agua en Osorno. Después de comunicar hace algunas semanas la apertura del expediente de caducidad y de extender una multa de $2.500 millones a la sanitaria, el órgano regulador está a la espera ahora de las observaciones de parte de la cuestionada empresa con que ella buscará, en lo esencial, mantener su condición de operador de la producción y distribución de agua potable en la ciudad.

Asumiendo la trascendencia del rol de la SiSS en este episodio, hay otra entidad fiscalizadora que también tuvo que involucrarse desde que se conociera la emergencia hace un mes y medio. Apenas se supo que se había producido el derrame de 1.100 litros de petróleo en la planta de Caipulli, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también inició una investigación que ya arrojó las primeras luces, luego que este medio obtuviera, gracias a la Ley de Transparencia, el contenido de un informe que detalla la serie de irregularidades en que incurrió la empresa en la operación del estanque de petróleo y el generador alimentado con hidrocarburos. De lo que se desprende de la investigación, el sistema de energía auxiliar incumplía los estándares mínimos de instalación y operación, más aún si se considera que se supone debían funcionar sólo en situaciones de emergencia para proveer agua potable a los 48 mil clientes de Essal.

No había personal capacitado, faltaban los manuales de seguridad y tanto el estanque como el generador carecían de acreditación. Aunque Essal está preparando las respuestas al regulador, no deja de llamar la atención la magnitud y número de las anomalías.

La inédita emergencia debería obligar a la SEC a revisar y ampliar sus protocolos de fiscalización, partiendo por chequear la cercanía de un depósito de hidrocarburos a la planta de producción de agua. Pasó demasiado tiempo sin que nadie se percatara del evidente peligro que esto representaba.