Más dudas que certezas dejó en la opinión pública local la nueva emergencia que sufrió Essal en la madrugada del sábado pasado, producto del incendio que afectó a la planta productora de agua potable de Ovejería (diferente a la de Caipulli, aquella del tristemente célebre derrame de petróleo), y que significó la destrucción total de los paneles eléctricos en la sala de motores, que es desde donde se bombea el líquido a diferentes sectores de la ciudad. Si en un escenario normal esta situación ya habría llamado la atención de la ciudadanía, por la natural inquietud que rodea la producción y distribución de agua potable, en el particular caso de Osorno significó una alarma mayor debido a que se registró apenas un mes y medio después de que se iniciara la extensa interrupción del suministro en prácticamente toda la ciudad, y que tiene a la empresa enfrentada a un proceso de caducidad de la concesión.

Este sólo contexto, el de la emergencia que sufrieron los osorninos y la relevancia nacional del caso, debieran ser motivo suficiente para que tanto el Gobierno como la propia empresa actuasen con la suficiente sensibilidad ante episodios de cualquier índole que generen la preocupación de la ciudadanía. El incendio del fin de semana motivó el natural despliegue de los organismos de emergencia y la atención del Ministerio Público, que solicitó a unidades especializadas de la PDI que concurrieran a la planta para indagar en las causas y circunstancias del siniestro. No obstante, y esto es lo más difícil de comprender en medio de lo que ha ocurrido desde el 11 de julio en la ciudad, los directivos de Essal impidieron el ingreso de los detectives, argumentando que la emergencia ya estaba controlada y que el origen del fuego había sido sólo un "problema interno".

El problema es que desde hace rato, todo lo que suceda en torno a Essal, por más técnico que pueda parecer (aunque un incendio difícilmente pueda ser algo sólo técnico), se está en realidad jugando en el plano de lo político, con un proceso de caducidad de concesión en marcha y la desconfianza manifiesta de la comunidad. Si la empresa ha pedido una nueva oportunidad a los osorninos, lo sucedido el sábado, tanto el incendio como negar el ingreso de la PDI, ha dado señales absolutamente contradictorias para esos propósitos.

El fenómeno migratorio es global y tiene escala planetaria. No es un problema, pero sí se trata de un fenómeno con múltiples efectos en nuestra vida social. Por cierto, tampoco es algo nuevo. Ha estado presente desde siempre en nuestra historia, aunque ha adquirido una dimensión mayor en los últimos años.

Hoy se estima que un 8% de nuestra población corresponde a extranjeros. En su mayoría son jóvenes con niveles de escolaridad y estudios promedios superiores a los de los chilenos, lo que implica un beneficio para el país, especialmente cuando estamos experimentando una baja sistemática de la tasa de fecundidad y un envejecimiento de la población.

No hay manera de evitar el movimiento poblacional, sobre todo cuando se busca evadir crisis que comprometen las perspectivas de desarrollo familiar o los derechos fundamentales de los individuos. Cualquier barrera o muro que intente impedir el paso, terminará por ceder ante la presión de los migrantes. Mientras no cambien las condiciones en los países de origen, los migrantes continuarán movilizándose en busca de nuevas oportunidades. Es imposible en el mundo de hoy sustraerse a este fenómeno social.

Lo que se puede hacer -Gobierno y oposición debieran compartir este objetivo- es establecer las condiciones para una migración segura, ordenada y regular. No podemos desperdiciar la posibilidad de construir un acuerdo sólido, que nos permita contar con una ley de migraciones que estimule el ingreso ordenado, que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado en el mundo laboral, que reconozca derechos, que sancione las infracciones y que promueva el reconocimiento de los estudios y títulos universitarios, de manera que los profesionales y técnicos extranjeros puedan incorporarse rápidamente al mundo laboral, especialmente en salud, donde todos conocemos las carencias que existen.

Necesitamos un Servicio de Migraciones moderno, que ponga fin a la tramitación innecesaria e indigna que enfrentan las personas que desean regularizar su permanencia y una institucionalidad que reconozca también un rol relevante a los municipios, que son fundamentales para lograr la integración social de los migrantes. La modernización de Chile no pasa sólo por la innovación y la apertura comercial. Los países que abren sus fronteras exclusivamente para el tránsito de mercaderías están condenados al fracaso.

El mundo que viene es de mayor integración. Hagámoslo bien, en conjunto, sin consignas, sin ingenuidad y sin miedos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos