Este martes se presentó oficialmente en Santiago el estudio encargado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago) al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes), sobre la libre competencia en el sector lechero del país.

El estudio causó "roces" entre la Sago y los asociados de Aproleche Osorno, quienes calificaron el estudio como de un "manejo irresponsable".

En tanto, el presidente de la Sago, Christian Arntz, manifestó que desde 2010 ha aumentado la tensión entre las plantas y los productores.

"Se ha visto una década prácticamente perdida, porque definitivamente la producción nacional no creció. Todo lo contrario, vemos comparativamente con Colun, que se mantuvo con el mismo crecimiento que tenía antes, entonces esto afectó a los productores que no estaban integrados", indicó Arntz.

Este tema es abordado por el estudio, donde presentan que efectivamente existió una disputa, dando cuenta de varios hechos concretos dentro del período. La primera conclusión es que no se puede comprobar que haya ocurrido una conducta ilícita de las industrias, pero sí reconoce riesgos en el poder de mercado, con pocas plantas y un universo de productores muy atomizado. Plantea que las cooperativas son una solución para equiparar el poder de negociación.

Uno de los análisis que entrega el estudio es acerca de las evidencias que avalan la existencia y ejercicio de poder de compra por parte de los grandes grupos lácteos procesadores que operan en Chile.

Un primer tipo de evidencia se refiere a las tasas de traspaso de cambios en los precios internacionales (de commodities lácteos relevantes) hacia los precios pagados a los productores primarios en Chile.

Se comprueban tasas de traspaso menores a uno a uno entre ambas series de precios y también asimetría en la tasa de traspaso (mayor traspaso de las bajas en precios internacionales, que de las alzas), además de una tendencia de reducción en las tasas de traspaso a lo largo del periodo 2003 a 2016.

El análisis agrega que la existencia y ejercicio de poder de compra es y será una fuente recurrente de conflictos distributivos. No obstante, el reparto desigual de las rentas creadas mediante el intercambio económico no constituye, per se, un ilícito contrario a la libre competencia.

Se propone que este ilícito surge cuando el ejercicio de poder de compra deriva en conductas que con intencionalidad, persiguen objetivos y formas de rivalidad contrarias a la libre competencia. Al respecto, hasta ahora ni la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ni el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) han encontrado evidencia suficiente de que, en años recientes, hayan ocurrido conductas contrarias a la libre competencia en la industria láctea.

Evidencia de poder de compra

Un segundo aspecto relevante evidencia poder de mercado por parte de los principales grupos lácteos procesadores, que se analiza a partir de estimaciones de capacidad ociosa en las plantas.

En base a ello, el informe plantea que en el mercado de compra de leche cruda existe un "equilibrio de acomodo" entre los tres principales grupos lácteos procesadores: Soprole y Prolesur, Nestlé y Watt's con Diwatts.

"Equilibrio de acomodo" incorpora aspectos de coordinación, aunque no necesariamente de naturaleza colusoria, entre empresas, que actuando como entidades competitivas interdependientes entre sí y que disfrutan de una posición dominante en el mercado, han logrado alcanzar un equilibrio productivo en el que cada una de las empresas procesadoras prefiere, por decisión individual, no competir tan intensamente, de lo que resulta un menor precio para la compra de leche cruda.

De los cálculos realizados en este informe sobre la capacidad ociosa en las plantas procesadoras lácteas (para producir leche en polvo, quesos y leche fluida), se concluye que los tres grandes grupos lácteos han dispuesto en los últimos años de holguras productivas significativas, incluso durante los meses de temporada alta de recepción de leche cruda. Estas holguras han sido claramente mayores que las disponibles en el resto de empresas procesadoras.

Equilibrio de acomodo

El informe además entrega un análisis sobre las reglas de gobierno corporativo y el marco tributario de las cooperativas en Chile, considerando sus posibles efectos sobre la competencia en el sector lácteo, como por ejemplo, problemas de ineficiencia económica, que entraban el desarrollo de las cooperativas, asociados a la actual regla legal que se refiere a que un socio equivale a un voto.

Además, las consecuencias de ineficiencia económica se amplifican producto de otras reglas y procedimientos asociados al funcionamiento de cooperativas en Chile, que redundan en mercados de intercambio de cuotas de participación poco líquidos y con alta informalidad.

Respecto a sus beneficios tributarios, en años recientes ha surgido un debate sobre si las franquicias tributarias que reciben las cooperativas lácteas, especialmente Colun, dada su participación de mercado, generan un problema de libre competencia, debido que estas franquicias entregarían una ventaja artificial de competencia sólo a un segmento de productores en la industria láctea.

Desde el punto de vista de la libre competencia, el análisis avala que las cooperativas se favorezcan con la exención tributaria, argumentando que para resguardar la libre competencia en el caso de la industria láctea, sí se justifica subsidiar iniciativas asociativas, incluyendo a las cooperativas, especialmente si involucran a pequeños productores.

En cuanto a la falta de claridad en los valores, el análisis sugiere que las actuales empresas procesadoras, obligadas a publicar sus pautas de pago, deban explicitar, en sus respectivas pautas, cada una de las distintas fuentes de pagos y beneficios disponibles para los productores de leche cruda.

Además de lo anterior, las empresas deben publicar los valores paramétricos y el algoritmo de cálculo del precio base de la leche cruda. También los valores paramétricos y el algoritmo de cálculo usado para determinar los pagos vía bonos, así como también los beneficios disponibles para los productores que decidan operar bajo contrato formal.

Además, que las actuales empresas procesadoras obligadas a publicar sus pautas de pago, deban informar y justificar ante la FNE, una vez por año, los valores paramétricos y algoritmos de cálculo usados para determinar su precio base de pago y la estructura de pago mediante bonos.

Para poder monitorear el funcionamiento del mercado de contratos, se aconseja que las principales empresas procesadoras lácteas, incluyendo a Colun, deban informar a la FNE, al menos una vez por año, el listado de los productores lecheros con los cuales cada empresa opera bajo contrato, indicando el volumen de leche entregado por cada productor en lo que lleve transcurrido el año corriente y en cada uno de los dos años precedentes.

Beneficios a las cooperativas

Opacidad en la determinación de precios

Sobre el punto anterior, el estudio recomienda analizar la posibilidad de reformar la Ley de Cooperativas, de forma que el acceso a las franquicias tributarias quede acotado por un máximo de ventas anuales del cooperado, para focalizar la política de subsidios.

Además, se propone que el texto de la Ley de Cooperativas, y su fiscalización, sean claros y efectivos en resguardar que prevalezca no arbitrariedad en las condiciones de entrada a las cooperativas.

Para efectos de esto último también se recomienda que las cooperativas deban justificar las restricciones que imponen a la entrada de nuevos cooperados.

Para ello, y con el fin de resguardar que las franquicias tributarias en el mercado lácteo no produzcan ventajas espurias de competencia, la recomendación está en que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) mantenga un programa de fiscalización periódico (cada 3 o 5 años) sobre las condiciones de competencia en esta industria.

En este punto, entre las recomendaciones no se reconoce el hecho de que sin la participación de productores de mayor tamaño, las cooperativas lecheras no tienen viabilidad alguna, ya que sin el aporte en volumen de éstos, no es posible llegar al desarrollo que exhibe Colun, reconocida por todos como un referente.

Actualmente los incentivos tributarios para cooperados y cooperativas son plenamente justificados, toda vez que éstas participan con una baja proporción de mercado.

Como conclusión también se recomienda mantener la actual exigencia de publicación de pautas de pago para los tres grandes grupos lácteos procesadores afectos a esta exigencia, sin extender esta obligación ni a Colun ni al resto de procesadoras de menor tamaño.

Por otro lado, y dado que la obligación de publicar pautas de pago aumenta el riesgo de colusión entre los principales grupos lácteos procesadores, para acotar este riesgo sin perjudicar la información disponible para los productores primarios sobre condiciones de compra de su producción lechera, recomiendan exigir la publicación simultánea de las pautas de pago, en fechas predeterminadas por la FNE.

Además, se invita a que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) publique la información histórica sobre volúmenes de recepción de leche, y de producción por líneas de elaboración, de forma más agregada, para así evitar poder identificar a cada empresa competidora.

Igualmente, se propone que Odepa publique esta información con al menos un semestre de desfase a la publicación de las pautas de pago.

La observación de la Sago en este punto es que quede más explícita la necesidad de cambiar los contratos a uno o más años que imponen las industrias lácteas, periodo en el cual puede cambiar el precio sin límites hacia arriba o hacia abajo.

Reformar la ley de cooperativas

Transparentar las pautas de pago

2003 al 2016 se vio una tendencia a la reducción de las tasas de traspaso.

Una el estudio al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, en el cual se realizan una serie de recomendaciones para el mercado lácteo.

demanda ante el TDLC interpuso el gremio lechero nacional en 2014, por abuso de poder de compra. voto igual a un socio, sin importar de qué tamaño es su producción, es donde apuntan las cooperativas.

2018 se encargó vez por año las principales plantas procesadoras deberían informar su listado de productores.

Un existían en el país el año 1997, cifra que en 2017 llegó a las 4.900. No obstante, han aumentado los productores de mayor tamaño, es decir, de 500 vacas o más.

Una lecheros, e incluso más, no se cambió de planta procesadora. En los últimos años ha ocurrido un aumento en la proporción de lecheros con contrato.

49.000 lecherías o cinco años se propone que la FNE fiscalice la competencia en la industria láctea.

90% de productores Una publicación de la información histórica de recepción lechera se propone a Odepa, sin identificar a las empresas.

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