Durante la sesión del Concejo Municipal realizada la tarde de ayer, se acordó solicitar formalmente al Presidente Sebastián Piñera que los montos que deberá pagar la sanitaria Essal por las multas cursadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) -que inicialmente superan los $2.500 millones- se destinen a inversiones en Osorno.

La idea fue planteada por el concejal RN, Jorge Castilla, y apoyada por el pleno del cuerpo colegiado presidido por el alcalde Jaime Bertín.

Los dineros son independientes de las indemnizaciones asociadas al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Ministerio de Economía o cualquier gestión individual que se realice por el corte de agua de 10 días que provocó Essal entre el 11 y 21 de julio y que afectó a toda la comuna (unas 200 mil personas).

Según explicaron en la audiencia pública realizada en la Sala de Sesiones del municipio local, todos los recursos asociados a infracciones cursadas por instituciones del Estado que deba pagar Essal son integradas al fondo común de las arcas fiscales.

Por lo mismo, se enviará una carta formal dirigida al Presidente Piñera para que realice las acciones necesarias que permitan garantizar que los recursos sean orientados e invertidos en obras que vayan en beneficio de la comunidad local, que tan afectada se vio con la emergencia sanitaria inédita generada por Essal.

Dentro de las propuestas se cuenta la creación de un centro integral para adultos mayores y sistemas de captación de aguas alternativos.

Este martes se aprobó en la Cámara de Diputados la constitución de una comisión especial investigadora por la crisis iniciada el 11 de julio de 2019 por la empresa sanitaria Essal. A raíz de ello la diputada Emilia Nuyado (PS) señaló que es necesario conocer la actuación de los organismos públicos en esta crisis y que esta comisión sesione en la ciudad de Osorno.

"Valoro esta aprobación transversal que tuvo hoy día (ayer), con 79 votos a favor, esta comisión investigadora respecto a las actuaciones que tuvieron los órganos del Estado con la empresa Essal. Esperamos que el Presidente caduque la concesión a esta empresa, pero también esta comisión investigadora tiene que revisar todas aquellas fiscalizaciones que debieron haber tenido los órganos de Estado, como en este caso la Superintendencia de Servicios Sanitarios", dijo.

Ante la consulta por la actuación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que poseía informes e incluso había sancionado a la sanitaria, la parlamentaria manifestó que esta tragedia pudo evitarse.

"Lamentablemente en octubre de 2018 ya existían informes en los cuales se señalaba cuál era la situación y el Estado actual en que se encontraba esta sanitaria en Osorno. Lamentamos esta actitud que se tuvo por parte de la Superintendencia, que los informes no hayan sido públicos y que no haya tenido la sanción de cómo estaba funcionando este sistema. Hasta el día de hoy hay inseguridad respecto a la calidad del agua y la desconfianza que hay con los informes que ha entregado la Universidad de Los Lagos", concluyó.