Casi 26 mil personas fallecieron durante 2018 mientras se encontraban en listas de espera Auge y no Auge, de acuerdo a datos entregados recientemente por el Ministerio de Salud. Esta es la más evidente y dolorosa constatación de que el sistema de salud está lejos de responder de manera adecuada a los derechos de la ciudadanía.
Las autoridades señalan -a modo de justificación- que sólo poco más del 30% de los fallecidos murió por causas asociadas a la dolencia por la que estaban aguardando atención. Omiten que el 30% son 7 mil 500 personas, y junto a ellas hay 7 mil 500 familias que sufren. Y detrás de eso, una gran responsabilidad del Estado, que no respondió oportunamente.
El colapso del sistema público es evidente. La capacidad de atención no es suficiente, tampoco la cantidad de profesionales médicos y no médicos. El personal sufre el estrés propio de quien siente la presión y el desánimo de no tener a mano las respuestas y las soluciones que los enfermos buscan. Los pacientes y las familias, en tanto, también se frustran y expresan su molestia de diversas formas. Se han vuelto preocupantemente comunes los episodios de agresiones físicas y verbales en contra del personal en hospitales y consultorios a lo largo de todo el país.
El de la lista de espera es un problema que venimos arrastrando desde hace ya demasiado tiempo. Eventualmente se anuncian avances, reducciones en los tiempos y en la cantidad de pacientes, pero la comunidad desconfía de esas cifras. Y lo hace con razón, pues ya una vez nos mintieron a todos falseando los datos y reduciendo las listas por secretaría para exhibir un logro que poco y nada tenía que ver con el interés por aliviar los problemas de salud de las personas.
Así como la solución no radica en disfrazar los números, tampoco se asienta en la privatización de los servicios. Y es en este punto donde nos enfrentamos una vez más con la tendencia del Gobierno por allanar el camino para que los privados se hagan cargo de cuestiones tan fundamentales como la salud.
La discusión de los proyectos de ley que reforman isapres y Fonasa debe poner su foco en las personas y no en el negocio de los prestadores. Urgen cambios de fondo por respeto a los pacientes y a sus familias, por respeto a los trabajadores de la salud y por respeto a la memoria de los que han fallecido esperando ser atendidos.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos