Por lo menos desde 2010 la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos (Essal) ha estado contaminando el lago Llanquihue con aguas servidas. Así lo sostiene parte del fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, tras resolver a favor de la Municipalidad de Puerto Varas la demanda que presentó contra la firma.

Fueron varios eventos detectados en la costanera de calle Santa Rosa en Puerto Varas, loa que contaminaron el lago Llanquihue, producto de la apertura de los llamados aliviaderos de tormenta, en momento que no se registraban precipitaciones.

El alcalde Ramón Bahamonde fue quien llevó adelante esta acción legal, participando además de las audiencias realizadas en Valdivia.

Para el jefe comunal es un hecho que marca precedente a nivel nacional, "porque el fallo es rotundo", afirmó.

Según el alcalde, esta acción demuestra la transparencia y el compromiso del gobierno comunal con el medio ambiente y respeto con la comunidad.

"Esto marca un tremendo precedente adportas de la Apec. El Estado aquí no fiscalizó y no se hizo eco de los reclamos nuestros en el momento que se negoció con los privados. Los aliviaderos de tormenta se hicieron bajo un régimen donde se comprometieron a separar los sistemas de aguas lluvia de las aguas servidas", anotó el alcalde.

Uno de los puntos del fallo del Tribunal Ambiental da cuenta de la necesidad que se invierta en construcción de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvia, "de manera que éstas no ingresen a los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas". Una es una red primaria a cargo del Ministerio de Obras Públicas y una red secundaria de responsabilidad del Ministerio de Vivienda.

Bahamonde recordó que la sanitaria tiene un plazo de 30 días para responder respecto del plan compensatorio al daño causado.

El edil dijo que por lo menos durante dos años la sanitaria no puede cobrar el tratamiento de aguas servidas, "porque durante muchos años ello no se realizó", afirmó.

La autoridad manifestó que también se debe ver cómo se va a compensar el daño causado en materia de turismo. "Fue la Municipalidad la que denunció estos hechos, hubo daño turístico a la ciudad", aseveró.

Aliviaderos

En la sentencia, pronunciada por los ministros Iván Hunter, Sibel Villalobos y Jorge Retamal, el tribunal concluyó que "se ha producido una afectación y detrimento al componente agua de la bahía de Puerto Varas del lago Llanquihue, debido al vertimiento de aguas servidas o mixtas desde los aliviaderos de Santa Rosa y Puerto Chico. Como consecuencia de las altas concentraciones de coliformes fecales, se produce la pérdida del valor o servicio de uso de carácter recreativo y para deportes acuáticos, con y sin contacto directo, en la bahía Puerto Varas en el lago Llanquihue".

"La apertura de los aliviaderos de tormenta en la temporada estival de 2017 -agrega el escrito de 102 páginas- no responde directamente a las precipitaciones ocurridas en la zona, ya que éstas no fueron mayores que en el invierno del mismo año. No obstante, la apertura de los aliviaderos de tormenta se produjo con mayor frecuencia durante este período. Esto quiere decir que es muy probable que la activación de los aliviaderos de tormenta se deba a la falta de capacidad de las 'Peas' (sistema que permite evacuar las aguas residuales domésticas en sectores urbanos) de hacerse cargo de los caudales máximos esperados, más que al exceso mismo de aguas lluvias en la red de alcantarillado de Puerto Varas. Esto demuestra que la demandada Essal no ha adoptado las medidas necesarias para hacerse cargo de esta causa del daño ambiental", sostuvo el tribunal valdiviano.

Activación

Según el fallo, aunque las aguas servidas o mixtas se diluyen en períodos relativamente cortos de tiempo, existen antecedentes suficientes de que dichos vertimientos volverán a repetirse en el tiempo, y por lo tanto, requieren soluciones coherentes con esa característica.

"La activación de los aliviaderos se produce de manera intermitente, pues si bien no están permanentemente vertiendo aguas servidas a la bahía durante todo el año, sí es posible constatar que la activación se realiza frecuentemente. De lo informado por la Capitanía de Puerto, hubo 35 activaciones en el año 2017 y 135 activaciones durante el 2018. No se trata, por tanto, de eventos aislados o únicos; por el contrario, se producen varios en el año, incluso en período estival", constató el tribunal.

La sentencia indica además que "es un hecho indiscutido que la activación de los aliviaderos y el vertimiento de aguas servidas o mixtas a través de estos al lago Llanquihue viene produciéndose al menos desde el año 2010, y no existen antecedentes que permitan determinar que esto no seguirá ocurriendo. Por el contrario, de acuerdo al análisis realizado en el considerando trigésimo tercero, es altamente probable que se hayan producido y esto siga sucediendo en el futuro".

Otro punto relevante que entrega el tribunal en el documento es la negligencia constante de Essal en la operación del Peas (Planta Elevadora de Aguas Servidas) y de sus sistema de alcantarillado, como también una demora en desarrollar las medidas comprometidas por la empresa para mejorar esas deficiencias.

"Considerando los efectos que tiene para la salud de la población el vertimiento de aguas con altas concentraciones de coliformes fecales, es que resultaba exigible una conducta esmerada a la demandada con el objeto de evitar, o al menos disminuir, la activación de los aliviaderos. La conducta demostrada por la demandada dista de los estándares de diligencia exigibles a un hombre razonable puesto en situación de poner el riesgo la salud de la población", determinó el tribunal.

El concejal Luis Becerra fue coincidente con el alcalde Bahamonde, en el sentido que debe hacer una compensación económica a la ciudadanía.

De acuerdo a Becerra, por años se ha pagado a la sanitaria el tratamiento de aguas servidas, que no siempre se ha efectuado: "Cada una de esas ocasiones en que se activaron los aliviaderos de tormenta y nuestros desechos fueron a parar directamente al lago, esto no se vio reflejado en nuestra boleta de agua, en la que sistemáticamente se nos ha cobrado por un servicio que no siempre se da". Y agregó que en el caso de Puerto Varas, se tiene que operar en forma similar a lo que se hará en Osorno.

Abusos

El diputado (RN) Alejandro Santana dijo que la sanitaria debe entregar un plan muy detallado de las medidas reparatorias.

Según el parlamentario, los anuncios sobre el cambio de directorio "son sólo anecdóticos a esta altura y sólo una reacción tardía ante una historia llena de abusos y nula conciencia sobre los daños que la empresa pudo estar provocando en la salud de las personas y del ecosistema. Esperamos que este hecho, más lo ocurrido en la ciudad de Osorno y en la bahía de Ancud, por nombrar sólo algunos eventos gravísimos, sean considerados antecedentes más que suficientes para que a la empresa Essal le sea caducada su concesión en la región de Los Lagos", expresó Santana.

El diputado (PL) Alejandro Bernales manifestó que los daños ambientales por parte de la empresa no pueden seguir impunes.

Para éste, "la sanitaria ha realizado daños irreparables en Osorno, Ancud y Puerto Varas, e incluso en las comunas que colindan con el Río Maullín, con consecuencias nefastas en la salud, el medio ambiente, la economía local y el turismo".

"Junto con la condena del Tribunal Ambiental y la posible caducidad, la empresa debe presentar un plan de mitigación", reiteró.