Sandra Barría

Un análisis sobre las responsabilidades en los acontecimientos que llevaron a que los osorninos estuvieran más de una semana sin el servicio de agua potable, así como la factibilidad de caducar la concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal, hizo la académica de la Universidad de Chile, Pilar Barría Sandoval.

La ingeniera civil hidráulica, PhD en Ciencias e Hidroclimatología, que además es directora del Grupo Internacional de Investigación en Hidrología de la Universidad de Chile es osornina, así que ha vivido muy de cerca las consecuencias que esta emergencia ha provocado en la comunidad.

-Lo sucedido dejó en evidencia varias fallas de Essal...

-Efectivamente, quedó en evidencia que Essal tiene problemas importantes en los respaldos en su infraestructura y en los planes de contingencia de operación frente a eventualidades porque, luego de verificar la contaminación de los filtros, no tenían filtros de respaldo, no tenían estanques de acumulación de agua, ni tampoco protocolos para actuar de manera rápida en la reposición del sistema de agua potable.

-¿Falló también el organismo fiscalizador al no ver esas falencias?

-La Superintendencia de Servicios Sanitarios, SiSS, tiene entre sus facultades fiscalizar esos aspectos de infraestructura y protocolos que garantizan el servicio de agua potable a la población, pero ocurre que no cuentan con los recursos suficientes, la cantidad de personal necesaria para fiscalizar de manera acuciosa. Entonces sucede, a nivel nacional, que se ocupan muy bien del muestreo, de la calidad del agua potable, pero nos hemos dado cuenta -también en otros casos- que falla en fiscalizar cómo operan estas empresas y sus planes de emergencia.

-¿Qué otro caso lo ha demostrado en el país?

-Pasó en Chañaral, cuando ocurrieron las inundaciones, donde la SiSS no tuvo la capacidad para fiscalizar a tiempo que existiera la infraestructura de respaldo suficiente, lo mismo en Santiago y en Osorno.

-¿Es necesario modificar la Ley General de Servicios Sanitarios?

-Yo diría que es necesario garantizar los recursos para que el organismo estatal, que está a cargo de velar por el buen funcionamiento de las empresas sanitarias, fiscalice como corresponde y como lo establece la normativa vigente.

Infraestructura

-¿Le llamó la atención la precariedad de la infraestructura de la planta Caipulli y que un operario estuviera a cargo durante la noche? ¿Esto sucede en otros lugares del país?

-Sí, me llamó la atención. Por ejemplo en Aguas Andinas, que es la empresa sanitaria más grande del país porque abastece a la Región Metropolitana, algo así es poco probable. Además cuentan con infraestructura de respaldo y planes de contingencia. Es parte de la responsabilidad de la empresa porque estamos hablando de un servicio vital y es parte de las acciones que comprometen al momento de realizar los estudios que determinan la tarifa del agua potable.

-¿La infraestructura antigua incide en la calidad del agua potable?

-No necesariamente. Puede ser una planta con infraestructura antigua, bien cuidada, con mantenciones y eso no compromete, ni pone en duda la calidad del agua. Ésta se asegura a través de los procesos, los filtros que eliminan sedimentos y suciedad; el cloro u ozono o algún tipo de desinfectante que elimina la materia orgánica como coliformes fecales; y de esa manera, el agua cumple con los estándares de calidad y seguridad para la salud de la población. Sin embargo, contar con mejor infraestructura y mayor tecnología, garantiza menos fallas en el servicio.

Concesión

-¿Existen argumentos técnicos para caducar la concesión?

-Se puede caducar la concesión debido al incumplimiento del servicio ya que la población estuvo casi 10 días sin agua potable, hay argumentos técnicos para poner término a la concesión. Hay que considerar, sin embargo, que hay una serie de complicaciones administrativas, contractuales, legislativas, entonces no pasa sólo por la parte técnica.

-Si los parlamentarios han solicitado la caducidad, ¿esto depende de la voluntad del Presidente de la República?

-El Presidente podría caducar la concesión porque tiene la facultad y ha ocurrido en otros casos en que ha frenado construcciones importantes, como sucedió en Barracones. Pero esto tiene una serie de consecuencias -administrativas y contractuales- que podrían ser más complicadas que multar y verificar que se solucionen los problemas actuales de Essal. Más allá de los argumentos técnicos, esto podría tardar años y tener consecuencias políticas y económicas para el país.

-¿Qué queda para los osorninos que no confían en las instituciones?

-Como osornina y mi familia vive en la ciudad, yo confiaría en la SiSS. Si ellos están muestreando e indican que el agua cumple con las normas y es segura para la población, yo confiaría. Ahora, si no hay un pronunciamiento claro de su parte, intentaría beber agua embotellada o herviría la de la llave.

"Pasó en Chañaral, cuando ocurrieron las inundaciones, donde la SiSS no tuvo la capacidad de fiscalizar a tiempo". Pilar Barría