Escribo estas líneas cuando Osorno inicia el noveno día sin suministro de agua potable. Es una crisis sin precedentes cuyas consecuencias sólo podrán ser evaluadas cuando retorne la normalidad. Son muchos los afectados, no por nada se le conoce como el vital elemento.

Si bien la resiliencia es la capacidad de las personas para adaptarse y superar circunstancias difíciles en sus vidas, este término también es extensible al urbanismo. De este modo, las ciudades resilientes son aquellas que están preparadas para el cambio y cuentan con medidas adecuadas para recuperarse de alguna crisis, con el fin de aprender de ella y evitar que se repita.

Cabe entonces preguntarse, ¿estamos preparados para enfrentar grandes emergencias? Chile, como todos los países miembros de la ONU, adoptó en 2015 el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), documento que establece cuatro prioridades concretas para la acción: comprender el riesgo de los distintos desastres, fortalecer la gobernanza para una mejor gestión, invertir en la reducción de riesgos para una mayor resiliencia y aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

A la luz de los recientes hechos, queda en evidencia que aún nos falta mucho. De este hecho debemos sacar lecciones. Desde el diseño de los recursos estratégicos hasta la forma de administrarlos. Lo sucedido con el agua aplica también a la energía eléctrica, a las telecomunicaciones, a las redes de gas, y también a la infraestructura. No olvidemos que hace un año se desplomó un puente con trágicas consecuencias y transcurrieron largos siete meses para habilitar uno provisorio y del tema no se habló más.

Además de las amenazas naturales como terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, se suman las ocasionadas por el hombre como incendios, explosiones, atentados y ciberataques. Cada una requiere de protocolos distintos y respuestas anticipadas para no perder tiempo vital.

Por eso el día después será clave. Cuando pase la rabia y retorne la normalidad, ¿volveremos cada uno a nuestras rutinas o revisaremos y corregiremos lo que haga falta? De eso dependerá todo. Que esta emergencia nos sirva para mejorar es ahora el desafío.

Alicia Vesperinas, ingeniero civil

estructural y presidenta de la CChC Osorno

Si el enésimo anuncio de las autoridades sobre la normalización total del suministro de agua potable en Osorno se cumple en la mañana de este domingo, los 48 mil hogares de la ciudad estarán al fin recuperando la tranquilidad extraviada el pasado jueves 11 de julio, cuando un error humano, mezclado con la imprevisibilidad de la empresa sanitaria para su operación y actuación ante emergencias mayores, trastocó profundamente las rutinas diarias de cada uno de los habitantes. Mañana debería marcar el regreso del agua potable en todos los hogares de la ciudad, pero esto representará sólo el final de una de las tantas dificultades (la más relevante, claro está) que se han gatillado por el derrame de petróleo y que ha remecido la opinión pública nacional por la fragilidad de un sistema tan elemental como la provisión de agua potable.

Lo que viene después del domingo (si es que se cumple el nuevo compromiso), además del resultado de las investigaciones que todo Osorno está esperando (de la Fiscalía, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia de Electricidad y Combustibles), es la recuperación de la economía de la ciudad, que hoy cumple diez días de interrupción total o parcial del suministro de agua. Y el daño no es poco. Según cálculos preliminares de la Multigremial Nacional de Emprendedores, las pérdidas acumuladas por tantos locales forzados a cerrar y el menor flujo de clientes oscila entre 5 y 10 millones de dólares, el que probablemente se irá incrementando en la medida que las tiendas vayan reabriendo y estimando lo que dejaron de percibir durante la emergencia del agua.

Aunque prosperen las medidas anunciadas por Essal en cuanto a dejar de cobrar por el servicio en los términos que establece la ley y el procedimiento colectivo con los consumidores, difícilmente aquello logrará cubrir la afectación general en una ciudad que vio cerrar a sus restaurantes, hoteles, peluquerías y lavanderías, por nombrar algunos. Lo que se necesita aquí, independiente de la acciones particulares en la justicia, es una mirada preferente del Estado para generar planes o políticas que ayuden a revertir una actividad que ha resultado mermada por tantos días y con pérdidas cuantiosas. Mal que mal, el Estado y su falta de previsión y fiscalización también es en parte responsable de lo sucedido.