El Presidente Sebastián Piñera ayer promulgó la Ley Antiportonazos, quedando así lista para su publicación y entrada en vigencia.La iniciativa significará un endurecimiento de las penas contra los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados. Ayer, en paralelo, fue robado mediante esta técnica un peligroso equipo nuclear.

El Mandatario explicó que la nueva Ley Antiportonazos "nos va a permitir con mayor eficacia los portonazos que tanto daño y sufrimiento han causado, la ley va a incrementar las penas de aquellos que comenten estos actos de delincuencia, como son los portonazos".

"También va a quedar un registro de todos los autos robados, para permitir que puedan ser controlados con mayor eficacia y evitar que los delincuentes sigan actuando con tanta impunidad", agregó Piñera.

El anuncio fue realizado junto a la familia de Fabián González, un joven de 22 años que murió en enero tras ser baleado por desconocidos frente a su casa en Estación Central, Región Metropolitana, cuando era asaltado mediante la técnica del portonazo.

El Presidente, asimismo, pidió a los legisladores "nos ayuden a sacar otras leyes que están todavía en el Parlamento, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque uno de cada tres portonazos son cometidos o participan menores de edad... y la Ley de Control Preventivo de Identidad, porque los que asesinaron a Fabián todavía están libres y esa ley nos va a permitir evitar que sigan ocurriendo hechos tan dolorosos como la muerte de Fabián".

Como Gobierno, sostuvo, "estamos haciendo todo lo humanamente posible, con todos los instrumentos que la ley nos otorga, para combatir la delincuencia".

Fuente radiactiva

En paralelo, un portonazo en Quilicura terminó con el robo de un peligroso equipo nuclear, una fuente radiactiva de iridio-192, material altamente peligroso para quienes lo manipulan sin conocimiento, señaló la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

En el hecho, un grupo de delincuentes se llevaron una camioneta Chevrolet Silverado KLBB6. "El equipo no puede ser manipulado ni intervenido, pues puede provocar graves daños a la salud", explicó el organismo, junto con habilitar los celulares 93194369 y 81988754 para quien tenga información.

Redacción

El Servicio Electoral ayer decidió ampliar la acusación por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas -conocido como "caso tragamonedas" -, causa iniciada en marzo y a la que el Ministerio Público aportó nuevos antecedentes.

La Fiscalía, de esta forma, ahora deberá investigar a la Inmobiliaria Futuro del Sur Ltda., Comercializadora Carlos Verdugo Zenteno E.I.R.L, Aguas Antofagasta S.A. y Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Además, se determinó denunciar también a Nelson Hadad Heresy, excandidato a diputado por la Región Metropolitana en 2017, por haber incurrido, eventualmente, en delitos establecidos en la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral.

Estas personas jurídicas y naturales se suman a las ya denunciadas por el Servel el pasado 18 de marzo: el exdirigente de la Fiden (Agrupación de dueños y dueñas de tragamonedas), Sebastián Salazar Bastidas; el jefe de planificación institucional de Fonasa y ex jefe de campaña de la diputada (RN) Érika Olivera, Francisco Javier León Von Mühlenbrock; el exdirectivo de la Fiden, Issac Latorres Ascui; Abdullah Jarufe Garrido y Alberto Hadad Abuhadba.

Falta administrativa

Los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público han podido constatar casos de personas naturales que, si bien aparecen realizando aportes dentro de los montos permitidos, estos no habrían efectuados mediante el Sistema Único de Recepción de Aportes establecido por el Servel, lo que constituiría, de momento, solamente una falta administrativa.

Este aspecto deberá ser resuelto por el organismo durante los próximos días, en colaboración con el Ministerio Público y la PDI, en la búsqueda de procedimientos para resguardar el correcto financiamiento de campañas electorales y sancionar su infracción.

"Con esta acción, el Servicio Electoral reafirma su compromiso de hacer respetar y cumplir las normas legales a las que se debe ajustar la contienda electoral buscando que se sancionen los delitos que dañan la confianza ciudadana y la política, todo ello con la finalidad de proteger el derecho humano a elegir y ser elegido", informó el organismo estatal encargado de velar por la transparencia de las votaciones.