El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda y agilizar los procesos judiciales, así como simplificar los trámites asociados. Así, se busca un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.

"Este proyecto de ley va a hacer justicia en el mercado de arriendos, tanto para los que están arrendando como para los que están entregando en arriendo", dijo el Mandatario en un acto en Conchalí.

Se estima que cada año hay 20.000 juicios entre arrendatarios y arrendadores, que demoran en promedio ocho meses y provocan un desgaste importante, además de gastos económicos y tiempo.

El proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatarios morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño.

"Este proyecto de ley busca terminar con los abusos y agilizar los procesos", añadió el gobernante. El Ejecutivo informó además que en Chile unas 500 mil personas arriendan.

Plazo para sentencias

Otro avance es que se fija un plazo de diez días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.

La iniciativa también busca simplificar los trámites asociados a estos juicios: permite que se pueda hacer demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($400 mil aproximadamente), lo que representará un ahorro relevante para los afectados.

También se establecerá una protección para los arrendatarios y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con multas de no cumplimiento entre 5 a 100 UTM, es decir, de 250 mil a 5 millones de pesos.

Además, las garantías en los contratos no podrán ser superiores a dos rentas mensuales y deberán ser restituidas dentro de los 60 días desde la restitución del inmueble.

La aprobación al Presidente Sebastián Piñera pasó de 32% a 30% y su desaprobación logró el 58%, 1% más que en la medición anterior, según arrojó la última encuesta Cadem. El 7% dijo no aprobar ni desaprobar la gestión del gobernante y el 5% no supo qué responder.

Las razones más mencionadas para desaprobar a Piñera son su trabajo en salud, educación, jubilación y economía, así como sus "promesas".

Entre los principales motivos para apoyar su gestión, está su desempeño en economía e inmigración.

La medición también incluyó un apartado de elecciones presidenciales, donde el 13% dijo querer ver a Joaquín Lavín (UDI) en La Moneda como sucesor del actual Mandatario, seguido de Beatriz Sánchez (7%) y Michelle Bachelet (6%). En cuarto lugar quedó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 5%; quinto se situó el alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, con 2% de las menciones.

En cuanto a la identificación con un color político, el 30% dijo ser independiente o no sentirse cercano a ningún sector.

Los créditos hipotecarios siguen estando más a la mano y con tasas de interés que se mantienen en bajas históricas: 2,58% en promedio, contra el 2,73% de la última semana de junio. Así lo reportó el Banco Central en la "Encuesta sobre Créditos Bancarios del segundo trimestre de 2019".

"Las condiciones de oferta se mantienen relativamente estables en el período, mientras que la demanda de crédito se percibe algo más debilitada en grandes empresas y con repuntes moderados en los segmentos de empresas constructoras y en el financiamiento de viviendas", precisó el informe.

En cuanto a la cartera de vivienda, si bien la fracción de bancos que reportó una demanda más dinámica aumentó de 9 a 64%, en general son entidades con una participación acotada en el segmento.

Redacción

El 28,8 por ciento de la población adulta en Chile, cerca de 3,9 millones de mayores de 18 años, tiene prevalencia de obesidad, según reveló un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe sobre "el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo", fue lanzado ayer por la FAO y otros cuatro organismos de la ONU, entre ellos la Unicef y la Organización Mundial de la Salud.

Según el reporte, Chile registra la segunda tasa más alta de obesidad en ese grupo etario en Latinoamérica y el Caribe, sólo superado por Uruguay (28,9%).

La situación también es alarmante en los niños de nuestro país: el 9,3 por ciento de los menores de 5 años presenta sobrepeso, la tercera mayor tasa de la región; las más altas están en Uruguay (12,4%) y Bolivia (10,1%).

En tanto, en la medición de inseguridad alimentaria grave, Chile registró unas 597 mil personas de la población total en esa condición (3,4%), mientras que en la escala de prevalencia "moderada", 2,4 millones de personas (13,6%).

"Si bien la inseguridad alimentaria grave está asociada al concepto del hambre, las personas aquejadas de inseguridad alimentaria moderada padecen incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos que consumen", dice el informe.

Hambre

La población que pasa hambre en Latinoamérica y el Caribe creció en 2018 por tercer año consecutivo, hasta afectar a 42,5 millones de personas, en parte por la desaceleración económica y la situación en Venezuela, constató también el documento de la ONU.

El porcentaje de quienes tienen dicho problema en la región aumentó del 6,2% de la población en 2015 al 6,5% en 2017, nivel que se mantuvo al año siguiente.

La principal razón de ese incremento se encuentra en Sudamérica, que acoge a la mayoría de las personas desnutridas de la región y donde la prevalencia de subalimentación subió del 4,6% en 2013 al 5,5% en 2017.

La ralentización y la recesión observadas entre 2012 y 2016 en las economías de la zona están asociadas al declive de los precios internacionales de las materias primas que exportan en un contexto de débil recuperación de la crisis financiera global.