Redacción

Los senadores Carolina Goic (Democracia Cristiana) y Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) presentaron una moción para eliminar la práctica realizada por casas comerciales que consiste en ofrecer descuentos para determinados productos, pero solo bajo ciertos medios de pago, que usualmente corresponden a sus propias tarjetas de crédito.

Los legisladores se inspiraron en una serie de ofertas de casas comerciales donde se establecen diferentes precios para un determinado bien, dependiendo del medio de pago (débito o crédito de un banco determinado o plástico del retail respectivo). Así, se materializa la oferta solo en el caso de que el cliente cancele con las citadas modalidades.

Este tipo de ofertas suele ser anunciado con frases como "esta promoción solo es válida para clientes con equis tarjeta de crédito o retail".

Ley del consumidor

La iniciativa planteada de los legisladores Goic y Ossandón consiste en realizar una modificación a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en materia de ofertas y promociones, y establece que "los proveedores no podrán restringir o condicionar una oferta o promoción a que su compra o contratación se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro".

La propuesta hecha por los congresistas, que en primer lugar tendrá que ser estudiada por la comisión de Economía del Senado, establece también que la referida práctica "transgrede el derecho de los consumidores a no ser discriminados arbitrariamente por parte del proveedor del bien o servicio, al realizar una diferenciación injustificada entre consumidores, haciendo beneficiarios de ciertas ofertas o promociones solamente a quienes han celebrado un contrato de apertura de crédito".

En el texto, Goic y Ossandón añaden que, en muchas ocasiones, el acceso a determinadas tarjetas de crédito no solo está sujeto al ingreso mensual, sino también al lugar de residencia.

"Los consumidores deben cumplir con requisitos socioeconómicos a veces insuperables y discriminatorios, tales como el no residir en un determinado barrio que haya sido considerado como conflictivo por las políticas de la empresa", acusan los promotores de la iniciativa.

Además, afirman que "si bien las empresas tienen derecho a establecer criterios de solvencia económica para emitir sus tarjetas, éstos no pueden atentar contra la dignidad de las personas y, más aún, extender dichos criterios a las ofertas o promociones que ofrecen al público".

"Este tipo de ofertas -restringidas al pago con tarjetas de crédito- encubren un mayor costo que puede significar un determinado producto para el consumidor, ya que van asociadas no sólo al crédito, sino también al pago de costos relacionados como costos de comisión, de mantención, entre otros", finalizan.