Secciones

Nicolás Maduro expulsa a 55 militares y los acusa de apoyar el alzamiento

CRISIS EN VENEZUELA. Entre los expulsados y degradados, se halla el exjefe de la policía de inteligencia. En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano acusó al Vicepresidente de EE.UU. de presionarlo para propiciar un golpe de Estado.
E-mail Compartir

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, expulsó al exjefe de la policía política y a otros 54 militares acusados de estar implicados en el fallido alzamiento militar de la semana pasada.

Por medio de un decreto presidencial, ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes, y 35 sargentos, informó ayer la Gaceta Oficial.

Entre los oficiales expulsados y degradados está el teniente coronel de la Guardia Nacional Ilich Sánchez, quien en los últimos meses fue jefe del comando que da protección a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

Las autoridades brasileñas confirmaron la semana pasada que 25 militares venezolanos se refugiaron tras el alzamiento en su embajada en Caracas, sin ofrecer más detalles.Estados Unidos suspendió, en la víspera, las sanciones a Manuel Figuera por retirar su apoyo a Nicolás Maduro.

La salida de Figuera de la dirección del Sebin fue anunciada el 30 de abril tras el fracasado alzamiento militar encabezado por el líder opositor Juan Guaidó. Entonces, sin ofrecer más detalles, Maduro anunció que el general en jefe Gustavo González López regresaba a la dirección de ese cuerpo policial.

Figuera había asumido la jefatura del Sebin en octubre luego de la remoción del cargo de González López tras el escándalo por la muerte de un concejal opositor que, según las autoridades, se suicidó en una sede capitalina de la policía política poco después de su detención. La oposición rechazó esa versión y responsabilizó a González López de la muerte.

Dura respuesta a pence

En otra arista de la crisis, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aseguró ayer que Estados Unidos busca que la corte "propicie un golpe de Estado" al amenazar a la entidad con ser sancionada.

"Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos intentan con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado", dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, al leer un comunicado del alto tribunal.

El Vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, anunció el martes que su Gobierno levantó las sanciones impuestas a Manuel Figuera, quien rompió con el chavismo, y confió en que su mensaje "aliente a otros" militares "a seguir ese ejemplo", si bien amenazó con ampliar las sanciones al TSJ "si no vuelve a su mandato constitucional" y respalda al titular del Parlamento, Juan Guaidó.

"Rechazamos de forma categórica la amenaza formulada por el señor Mike Pence (...) que pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía", sostuvo Moreno.

En tal sentido, hizo hincapié en que lo que el Vicepresidente de EE.UU. busca "de manera infame y extorsiva" es "abiertamente contrario a la Constitución, la ley y el respeto por el Estado de Derecho".

Además, consideró que Pence "propone a los legítimos y altos administradores de justicia de Venezuela ponerse al margen de la Constitución como norma suprema" con el objetivo de que se pongan "al servicio de los intereses" de la Casa Blanca.

Por todo ello, consideró que la declaración de Pence "viola las normas y principios del derecho internacional que rigen las relaciones entre naciones civilizadas".

Finalmente, ratificó en nombre del TSJ "su apego a la Constitución, la ley y la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir (la Constitución) como norma suprema del Estado".

Celulares apagados

El enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, dijo hace unos días que quienes supuestamente estaban negociando con la oposición la salida de Nicolás Maduro habían "apagado sus celulares" tras el levantamiento militar del 30 de abril.

Según EE.UU., el presidente del TSJ también fue parte de tales conversaciones.

Diputada se acoge en embajada

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia informó en su web que la legisladora venezolana Mariela Magallanes, quien está entre los siete legisladores opositores acusados el martes de traición y rebelión, se encuentra en la residencia de su embajador en Caracas. La Cancillería del país europeo precisó que Magallanes está casada con un ciudadano italiano y está pendiente de reconocimiento de la ciudadanía italiana, y que "se le extenderá toda la posible protección y hospitalidad".

Trump impide formalmente la entrega completa del reporte sobre la trama rusa

DISPUTA. Congresista demócrata dijo que la negativa del Gobierno está causando "una crisis constitucional" y que declararán en desacato al secretario de Justicia.
E-mail Compartir

La Casa Blanca invocó el privilegio ejecutivo para bloquear la entrega del texto completo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones, agravando la disputa entre el Congreso y la Presidencia de Donald Trump.

La decisión fue anunciada cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes estaba votando para declarar al secretario de Justicia, William Barr, en desacato legislativo, por negarse a difundir el texto.

El titular de esa comisión, Jerrold Nadler, denunció "el desafío total" del brazo ejecutivo a las solicitudes del Congreso, afirmando que conforman una violación de la Constitución. "Cada día nos enteramos de otra maniobra de esta administración para eludir al Congreso, esto es algo sin precedente", expresó Nadler.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, manifestó que la decisión de declarar privilegio ejecutivo es en respuesta al "flagrante abuso de poder" por parte de Nadler. "Ni la Casa Blanca ni el secretario de Justicia Barr acatarán los pedidos ilegales e irresponsables del titular de la comisión Nadler", expresó.

El congresista demócrata declaró que la negativa del Gobierno a entregar el texto completo del informe está causando "una crisis constitucional", lo que no le deja a su comisión otra alternativa que la de declarar a Barr en desacato.

Las negociaciones sobre el tema entre el Congreso y el Departamento de Justicia colapsaron el martes por la noche, ante la exigencia de la comisión de que se le entregue acceso irrestricto al reporte.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la decisión de invocar el privilegio ejecutivo tomó por sorpresa a los demócratas luego que fracasaron las negociaciones del martes.

Sostuvo que si la comisión aprueba declarar en desacato a barr, "el próximo paso" será remitir la declaración al pleno de la Cámara baja.

Barr entregó una versión editada del reporte de Mueller el mes pasado, pero los demócratas insisten que se les debe permitir el texto entero, junto con las evidencias usadas.