La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la casa en Rancagua del fiscal adjunto de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, luego de que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, denunciara que aquél estaría vinculado a la llamada "Operación Huracán", en la que Carabineros montó pruebas para inculpar a a un grupo de mapuches detenidos en 2017 por supuesta asociación ilícita de carácter terrorista.

El allanamiento de ayer ocurrió en el marco de la indagatoria penal y administrativa contra Arias, luego de que éste fuera acusado por Moya, el pasado 19 de abril, de tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y otros ilícitos presuntamente cometidos en el ejercicio de su rol como autoridad máxima del Ministerio Público de la Región de O'Higgins.

Por tal motivo, Arias fue citado a declarar en calidad de imputado por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, como parte de la investigación penal. En esta instancia, Arias denunció que Moya estaría vinculado con las irregularidades detectadas en el montaje de la "Operación Huracán".

La policía allanó la vivienda de Sergio Moya para obtener una serie de registros telefónicos, entre otros antecedentes.

Durante la mañana de ayer, en tanto, Moya llegó hasta los tribunales de Rancagua.

Operativo policial

"Operación Huracán" es el nombre con que se conoce a un operativo policial iniciado por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco y Weichan Auka Mapu.

En enero de 2018, tras hacerse cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que había descubierto, mediante pericias técnicas, que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares. Por esta razón, abrió una investigación contra la policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

Declaraciones

Ayer, Emiliano Arias continuó la declaración que inició el martes ante el fiscal Eugenio Campos, quien lo indaga penalmente a raíz de las acusaciones de Sergio Moya contra el fiscal regional de O'Higgins.

Asimismo, en la tarde de ayer concurrió a declarar, en el marco de las indagatorias respecto de Arias, el abogado Pablo Gómez, quien fuera fiscal regional de Valparaíso hasta el año 2018.

El también exfiscal del caso SQM, quien actualmente ejerce como abogado particular, fue citado por Eugenio Campos.

Según una versión del diario La Tercera, en su declaración del martes pasado, Emiliano Arias habría dicho que envió un correo a Gómez cuando éste subrogaba al fiscal nacional, Jorge Abbott, para informarle que en Puerto Montt había una denuncia por una información extraída del sistema informático interno que había salido desde la Fiscalía de Rancagua.

Según la publicación, la comunicación de Arias y Gómez fue después de que el primero habría instruido -según Moya- la extracción de esa información para favorecer a un familiar suyo. Se esperaba que Gómez acudiera con respaldo para acreditar el intercambio de mensajes.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, dijo que sería "darse por fracasados" si se avanza en la posibilidad de permitir la eutanasia en Chile, a propósito del proyecto que está siendo discutido en el Congreso.

Esto, luego de que el martes la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobara incluir a menores de entre 14 y 18 años en la iniciativa.

"Como Gobierno hemos sido muy claros: creemos que como país tenemos que avanzar en cuidar a las personas en el buen morir, para ello existen cuidados paliativos", afirmó el secretario de Estado.

Por ello, aseveró, "plantearse la eutanasia es llegar y darse por fracasados cuando tenemos alternativas. Como sociedad tenemos que avanzar en cuidar, acompañar. Existen los medios y la medicina para todo tipo de tratamientos para el buen morir. Esa es la posición nuestra y eso es lo que vamos a defender con fuerza". A su juicio, ese es el camino para "tener la cultura de la vida y ayudar a las personas cuando están en condiciones difíciles en sus últimos días de vida".

Consultado por qué no estuvo el martes en la sesión de la comisión de Salud en la Cámara mientras se discutía el proyecto, el ministro comentó que se presentaron "quienes forman parte del equipo legislativo, como a veces ocurre. No hubo ninguna situación particular, sino un tema nada más que de agenda".

La indicación de incluir a menores en el proyecto fue impulsada por los diputados de oposición Alejandro Bernales, Ricardo Celis, Vlado Mirosevic y Claudia Mix. Fue aprobada con siete votos a favor y seis en contra, incluyendo el respaldo de Jorge Durán (RN).

"Desde los 14 años en adelante, los menores van a ser considerados en la medida que expresen su voluntad de acceder a la muerte médicamente asistida y siempre y cuando estén sus tutores de acuerdo. En caso de controversia, podrá ser un juez de familia quien lo resuelva", explicó Mirosevic.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) criticó que el proyecto "no se hace cargo de ninguna de las objeciones y problemas que tiene la eutanasia en otros países del mundo", y añadió que es contradictorio "con otros cuerpos legales que protegen a los menores".