Verónica Salgado

Los alcaldes Jaime Bertín de Osorno, Héctor Barría en Purranque, Bernardo Candia de San Juan de la Costa, María Jimena Núñez de Puyehue y Juan Carlos Soto de San Pablo, manifestaron su rechazo a que sean los usuarios quienes deban asumir el costo por el cambio de los actuales medidores de luz por equipos inteligentes, los cuales además serán de propiedad de la empresa eléctrica (Saesa en el caso local).

Normativa

Las autoridades comunales coinciden en la necesidad de realizar una revisión a la Ley 21.076 aprobada por el Congreso en enero del 2018, pues aseguran la normativa es poco clara, no existen garantías para los usuarios y que los más afectados serán las personas más vulnerables.

El rechazo al cobro y propiedad de los medidos inteligentes se repite en alcaldes y Concejos Municipales de numerosas comunas a lo largo del país.

La normativa indica que dentro de los próximos siete años las compañías eléctricas que operan en el territorio nacional reemplazarán por dispositivos inteligentes todos los medidores de consumo actual que eran propiedad del cliente. El costo aproximado de la operación supera los mil millones de dólares según cálculos entregados por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Este costo será asumido por los clientes, aunque el equipo será de la empresa responsable.

Servicio básico

El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, comentó que es comprensible que se requiera mejorar la tecnología que utilizan las firmas, pero que el costo sea asumido por la empresa privada y no por el usuario.

"Nos obligan a comprar un medidor bajo una ley y entregárselo a la empresa, regalárselo y eso no es entendible. Me duele por la gente más humilde que tiene que hacer tremendos esfuerzos para pagar sus cuentas. Rechazo absolutamente que el cargo sea para los miles de chilenos y aunque digan que es en cuotas de $100, es favorecer un negocio de miles de millones de la empresa privada", comentó Bertín.

Héctor Barría, de Purranque, explicó que mediante un acuerdo de Concejo Municipal evidenciaron el rechazo al costo del cambio de medidor endosado a los usuarios.

"Que sean las empresas las que paguen el cambio si el medidor será de su propiedad y también ese cambio debiera ser voluntario, porque los actuales medidores funcionan de buena manera, así que no debe ser una imposición; en ese caso, que las familias le arrienden sus paredes a la empresa para instalar sus medidores. No podemos apoyar una normativa que protege al privado en desmedro del público", admitió el jefe comunal.

En San Juan de la Costa, Bernardo Candia manifestó su rechazo a que el costo sea asumido por el usuario. Dijo que es injusto y afectará la economía doméstica.

"Acá existe una vulneración de las personas a elegir si quiere o no cambiar su medidor, lo obligan a pagar un costo por algo que será del privado. Los ciudadanos no tenemos por qué aceptar leyes injustas", enfatizó Candia.

La postura de María Jimena Núñez, titular de Puyehue y Juan Carlos Soto de San Pablo es coincidente al rechazar el costo que será endosado a la ciudadanía, por lo que llaman a revisar la normativa.

Saesa

Lorena Mora, subgerente de Relacionamiento de Saesa, explicó que la firma respeta y entienden la posición de los alcaldes atendiendo la inquietud de la comunidad y las autoridades respecto al proceso de incrementación de la medición inteligente.

"Estamos dedicados a salir a dialogar con las autoridades y con las organizaciones de vecinos para explicarles en un diálogo directo y participativo en qué consiste el proceso y las implicancias que puede tener", añadió la profesional.

Agregó que tienen la mayor voluntad de participación de la mesa técnica que actualmente lidera la CNE, donde participan las empresas de distribución eléctrica ENEL, CGE, Chilquinta, Saesa, Fenacopel, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Asociación de Empresas Eléctricas.

deberán concretarse el cambio de los actuales medidores por los inteligentes según indica la ley. 2025

El cooperativismo como el gran motor para la sustentabilidad del negocio lechero, fue el foco de la presentación que realizó en Ciudad de México Christian Arntz, presidente de la Sociedad Agrícola y Lechera de Osorno (Sago), en su calidad de expositor invitado al Cuarto Foro Nacional de Lechería que se llevó a cabo entre el lunes 1 y el miércoles 3 de abril en la capital del país norteamericano.

Arntz destacó que en el foro se trataron temas que son comunes a toda la industria y para los cuales debe existir un abordaje global, entre los que destacan el etiquetado y los ataques de los grupos anti-producción animal.

"Se vio también que la sucesión de las explotaciones agrícolas en general se ha vuelto un tema complejo, dado que los hijos están buscando alternativas distintas para sus vidas, lo que se traduce en migración campo-ciudad, dejando un terreno fértil para los fondos de inversión en el sector a nivel global", indicó.

Y agregó que "existe gran coincidencia en que sin asociatividad a través del cooperativismo, el futuro del sector es incierto, como se demuestra en el permanente descenso de los productores".

Arntz concluyó que en el caso chileno, fallamos al proyectar el actual escenario global donde el crecimiento de la oferta mundial de lácteos, gatillada especialmente por Europa, fue superior al crecimiento de la demanda, lo que se tradujo en precios internacionales menores a los esperados y la industria reaccionó ajustando los precios a productores, sin ninguna estrategia de largo plazo, "lo que generó efectos concretos: salida del negocio por parte de muchos agricultores y un estancamiento de la producción nacional", dijo.