Redacción

Para esta madrugada se esperaba el arribo a Chile de los dos profesionales del área de prensa de Televisión Nacional de Chile que fueron deportados por el Gobierno de Venezuela tras haber sido detenidos el martes en la noche en el país caribeño.

A través de su cuenta en Twitter, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) anunció, a primera hora de la tarde de ayer, que "luego de estar desaparecidos desde las 8 AM (de ayer), los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de TVN, están llegando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en un proceso de deportación llevado adelante por la administración de Nicolas Maduro".

Minutos después, y por la misma vía, el SNTP agregó que los dos profesionales iban a salir de Caracas a las 19:20 horas de ayer (20 horas en Chile) en un vuelo comercial de Copa, vía Panamá.

Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona fueron arrestados junto a dos colegas venezolanos cuando se hallaban en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas.

De acuerdo a lo informado por Marco Ruiz, miembro del aludido sindicato, hasta ayer en la tarde no se informaba las razones por las cuales se determinó que los dos profesionales, tras ser detenidos, fueran expulsados del país.

Libertad de prensa

Tras conocer que iban a regresar deportados a Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, confirmó el proceso, el cual calificó de "inexplicable".

Asimismo, lamentó que "es lo que hacen las dictaduras: pisotear la libertad de prensa, acallar con violencia la libertad".

A primera hora de ayer, y antes de que la administración de Maduro decidiera la deportación de los periodistas, el Presidente Sebastián Piñera había exigido su "inmediata liberación" y acusado que "la libertad de prensa es otra de las víctimas en Venezuela".

La ministra Vocera, Cecilia Pérez, relató a TVN cómo se habría producido la detención de ambos chilenos en la noche del martes, mientras cubrían una manifestación a favor del Presidente Nicolás Maduro.

Según la ministra, ambos fueron trasladados al Palacio Miraflores, en "calidad de 'entrevistados', producto de que no habrían portado su documento de identificación cuando se les pidió tras hacer con su vehículo "una maniobra extraña".

El 13° Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de sobreseer definitivamente al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación llevada en su contra por encubrimiento de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica.

Así lo decidió el juez Eduardo Gallardo tras la audiencia y basarse principalmente en la actuación del religioso ante las denuncias hechas contra el excanciller de la arquidiócesis capitalina, Óscar Muñoz, y el sacerdote Jorge Laplagne.

La defensa de Ezzati, encabezada por Hugo Bravo, adujo, entre otras cosas, que los delitos adjudicados por el ente persecutor a Laplagne están prescritos y criticó la mediatización del caso, asegurando que tras las públicas imputaciones realizadas, el cardenal ha sido increpado y víctima de abucheos en su domicilio; también recalcó que incluso se discute en el Congreso la posibilidad de quitarle la nacionalidad de gracia.

Se aseguró, además, que su defendido le indicó a Muñoz que se auto denunciara luego de que este último le informara de las acusaciones realizadas por familiares en su contra. Y que, una vez iniciada la investigación canónica, implementó medidas enfocadas a la restricción de labores.

Esto fue desestimado por el Ministerio Público y un querellante, quienes sostuvieron que Ezzati solo le señaló que se asesorara jurídicamente y que, como medida cautelar, trasladó a Muñoz a otro lugar, donde había más potenciales víctimas.

no cumplió obligaciones

Así, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, expuso al tribunal que el material incautado a partir de órdenes judiciales -y no colaboración de la Iglesia- en distintas dependencias religiosas, permite comprobar que Ezzati "de manera reiterada y sistemática, ha incumplido sus obligaciones que como obispo tenía en relación a las investigaciones canónicas que debió llevar con respecto a clérigos respecto de los cuales existían indicios claros de haber cometidos delitos sexuales contra menores de edad".

El juez Gallardo reconoció que es "un caso complejo", debido especialmente a que la causa aún está desformalizada.