El martes, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) despidió a cerca de 350 trabajadores, incluyendo ejecutivos, profesionales y operarios.

Ante ello, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, enfatizó que son desvinculaciones "planificadas" y "conversadas con los dirigentes sindicales". "Son despidos que no son improvisados, que corresponden a un plan de reestructuración de la empresa, ellos tienen la autonomía para tomar esa decisión", dijo luego de que Enap lamentara el hecho y lo justificara por su "delicada situación financiera".

Nicolás Monckeberg recalcó: "Nuestra misión como Ministerio del Trabajo es que aquellos trabajadores que fueron despedidos tienen las puertas abiertas del Ministerio para todos los programas del Sence que pueden ayudar a que rápidamente se reinserten en el mercado laboral".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que "es indudable que cada vez que se comunican despidos en una empresa, es algo que nos preocupa y que ciertamente lamentamos". Sin embargo, añadió: "Hay cosas que no se pueden evitar y, además, en muchos casos obedecen a situaciones financieras complejas".

Por ello, Larraín añadió: "Hacemos los esfuerzos para que esas personas que pierden su trabajo tengan oportunidades y que la economía esté creando más empleo".

Anglo american

Durante la misma jornada, la minera Anglo American confirmó el despido de 180 trabajadores de la mina Los Bronces, los que, a través de sus dirigentes sindicales, anunciaron acciones legales contra la empresa. Al respecto, Monckeberg recordó que "la decisión de interponer o no acciones de reclamo es un derecho que tienen los trabajadores y nadie puede entrometerse en aquello".

"Lo que aquí corresponde es que los trabajadores ejerzan todos los derechos que ellos estimen convenientes y que creen que les corresponden. No le corresponde al Ministerio del Trabajo involucrarse en un conflicto entre particulares, sólo dar garantías de que las instituciones funcionen tanto en la fiscalización adecuada como en el respeto de todos los derechos", consignó.

El ministro en visita Alejandro Madrid condenó a seis personas por el fallecimiento del expresidente Eduardo Frei Montalva mientras se encontraba internado en la Clínica Santa María en enero de 1982.

El fallo, tras 16 años de investigación, constituye la primera condena judicial en la historia de Chile por el homicidio de un ex jefe de Estado. Frei, fundador de la Democracia Cristiana, gobernó el país entre 1964 y 1970.

En una sentencia de 811 páginas, Madrid condenó al médico Patricio Silva Garín a la pena efectiva de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor del delito de homicidio.

Además, condenó como coautores del mismo delito a Luis Becerra Arancibia, quien ejercía como chofer personal del Mandatario e informante de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y Raúl Lillo Gutiérrez, agente civil de la CNI, a la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

Madrid también sentenció al médico Pedro Valdivia Soto a la pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad como cómplice del mismo hecho, así como a los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a las penas de 3 años de presidio menor en su grado medio en calidad de encubridores, pena que deberán cumplir mediante la remisión condicional.

A lo largo del proceso, han aparecido distintas teorías sobre la causa de muerte del exgobernante. En un principio se habló de una complicación médica, pero ya con la exhumación de cuerpo de Frei Montalva en 2006, se instaló la idea de un envenenamiento.

En 2009, el magistrado estableció judicialmente que el deceso se debió a un homicidio mediante la introducción paulatina de sustancias no convencionales y la aplicación de un fármaco no autorizado, el que se intentó hacer aparecer como originado por complicaciones derivadas de intervenciones quirúrgicas.

Situaciones "dolosas"

Ello fue confirmado en el fallo de ayer. Tras darse a conocer, el juez Madrid dijo que "en las operaciones también hubo un cúmulo de circunstancias anormales, dolosas, hay informes en el proceso de paneles de expertos que dijeron que (Frei) no debió ser intervenido en la forma en que lo fue cuando ingresó a la Clínica Santa María. En los numerosos peritajes también existió una sustancia química que evidentemente colaboró a la situación definitiva" del expresidente.

También comentaron el fallo Nelson Caucoto y Luciano Fouillioux, sendos abogados de la familia Frei y la Democracia Cristiana (DC), quienes consideraron "bajas" las penas otorgadas a los seis imputados.

Sin embargo, dijeron que hay una explicación. "La penalidad se corresponde con un delito de homicidio simple, que es lo que ha establecido el ministro, y las penas del año 81 y 82 eran muy bajas en comparación a las que tenemos hoy. Eso explica esta cantidad menor a lo esperado en cuanto a la penalidad", explicó Caucoto.

De todos modos, el abogado expresó que "hemos logrado establecer las responsabilidades con penas respecto de los seis acusados".

Para Fouillioux, en tanto, "los fallos por homicidio se honran, y en este caso tenemos que saber honrar a la figura del Presidente Frei Montalva, a su familia, a la DC y también a la Justicia chilena".

Tras conocerse el fallo, varios políticos acudieron a la sede de la DC. La senadora Isabel Allende (PS) destacó el "coraje" de Carmen Frei y reveló que "ellos probablemente van a apelar".