Sergio Silva
Visitas protocolares con las autoridades regionales marcaron ayer la agenda de la nueva defensora regional de Los Lagos. Se trata de la abogada María Soledad Llorente Hitschfeld, nombrada por el defensor nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, tras un concurso público en que participaron abogados y abogadas de todo Chile.
La profesional es osornina y lideró el proceso de instalación de la Defensoría Penal Pública desde el año 2003 en la provincia, y hasta su nombramiento se desempeñó como defensora local jefe en la zona.
"Esos 15 años representaron un espacio de aprendizaje invaluable, porque no sólo implicó ejercer la defensa donde antes el proceso no lo permitía en la forma en que hoy se ejerce. También exigió abrir nuevos espacios para el trabajo de la defensa pública", señaló.
María Soledad Llorente se tituló en 1999, en la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral y es la tercera persona que ejerce el cargo de defensora regional en la Región de Los Lagos. Sucede en el cargo a Erwin Neumann.
Visión del sistema
Para la abogada, el sistema penal tiene un buen funcionamiento en la Región, pero a su juicio existen ciertos desafíos de los que todos los actores del sector justicia deben hacerse cargo.
"Hoy pareciera ser que estamos frente a un nuevo desafío, que consiste más bien en afinar el trabajo de todas las instituciones para mejorar la respuesta a la necesidad de resguardar las garantías fundamentales de las personas. La prisión preventiva no es sinónimo de éxito en la persecución penal. Una pena justa sí lo es."
En este sentido, Llorente señaló que es relevante el aumento de la aplicación de la prisión preventiva. Por ejemplo el 2017, 1.800 personas estuvieron presas y después fueron absueltas o no condenadas. Como sociedad, debemos hacernos cargo de ese costo humano para las personas, precisamente para minimizarlo, y ahí, como Defensoría, tenemos mucho que aportar."
Ese costo, sostuvo, no sólo es para el imputado, sino que también para su entorno social.
"Una imputación penal no sólo afecta a quien lo enfrenta directamente, sino que también a sus padres, hijos, familia, que en la gran mayoría de los casos no están vinculados al delito que se investiga. En ese contexto, el sistema en su conjunto tiene que evaluar si la prisión preventiva es la única forma de asegurar que la investigación se lleve adelante y en plazos razonables. Una persecución penal que sirva a la sociedad exige que todos los intervinientes trabajen para el debido proceso. Si la respuesta estatal es pronta, adecuada y justa, podemos aspirar a un mayor equilibrio social", dijo.
Ejes de trabajo
María Soledad Llorente señaló que uno de los ejes del trabajo de la Defensoría será el enfoque de género en las causas penales, además de hacer presente la importancia de reconocer los Derechos Humanos de las personas migrantes y de pueblos indígenas.
"También creemos que es necesario insistir en la importancia de ser defensor, una función que cada día debe ser más honrada, creíble y socialmente legitimada", apuntó.
La defensora indicó que "toda persona es sujeto de derechos, independiente de su género, religión, origen, nivel de ingresos o cualquier otra clasificación. La Defensoría Penal Pública existe para que esos derechos se respeten. Sería ideal que nunca hubieran imputados, porque eso significaría que no hay delitos, pero el seguro del proceso, la certeza de que la sentencia de un tribunal de la República será la que corresponde, está a cargo también del buen trabajo de un defensor público", sostuvo la nueva defensora regional.
"Una imputación penal no sólo afecta a quien lo enfrenta directamente, sino que también a sus padres, hijos, familia"
Soledad Llorente, Defensora Regional"
