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Delegación viaja a Londres para recuperar moai

PATRIMONIO. El ministro de Bienes Nacional encabeza la delegación.
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Una delegación encabezada por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajará mañana al Reino Unido para tratar de convencer a las autoridades de ese país para que devuelvan a Isla de Pascua el moai Hoa Hakananai'a que hace más de un siglo está en exhibición en el Museo Británico de Londres.

El ministro Ward junto con el presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, Carlos Edmunds; la gobernadora de la provincia de Isla de Pascua, Laura Alarcón Rapu, y Camilo Rapu, presidente de la comunidad Ma'u Henua, encabezan la comitiva que se reunirá en Londres con autoridades del Museo Británico y con autoridades del Parlamento de Reino Unido para intentar traer de vuelta al país la pieza, que fue sacada de la isla hace 132 años.

La apuesta es lograr que el moai Hoa Hakananai'a sea devuelto a Rapa Nui, en el marco de un acuerdo amistoso y , de ser así, se le entregará al Museo Británico una réplica exacta.

En Isla de Pascua hay más de 900 moais. El Hoa Hakananai'a es el moai más preciado que se encuentra fuera de Rapa Nui, ya que tiene unos grabados en su espalda que muestran el sincretismo espiritual que estaban experimentando los antiguos habitantes de la isla cuando pasaron del culto a los ancestros hacia la devoción al hombre-pájaro, el tangata manu.

El moai Hoa Hakananai'a fue robado por marineros ingleses de la fragata Topaze en 1868, desde la aldea Orongo. Al año siguiente el comandante de la Topaze, el comodoro Richard Powell, le entregó la pieza como obsequio a la Reina Victoria de Inglaterra, quien a su vez se la donó al Museo Británico para su exhibición.

Ratifican a Silva al frente de la Conferencia Episcopal

IGLESIA. Esto, pese a que el presidente de la entidad se encuentra imputado por eventual encubrimiento. Ramos dijo que prima la presunción de inocencia.
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Carolina Collins

Pese a que fue imputado por la fiscalía producto de su eventual encubrimiento de abusos al interior de la Iglesia Católica, el obispo castrense, Santiago Silva, fue ratificado ayer como presidente de la Conferencia Episcopal (CECh), la que, al cierre de su tercera asamblea plenaria, determinó que prima la presunción de inocencia mientras no exista condena.

El secretario del comité permanente de la CECh, el obispo Fernando Ramos, leyó una declaración y respondió las preguntas de la prensa al final del encuentro, que comenzó el lunes. "Un principio fundamental es el de la presunción de inocencia. Nosotros estamos en contra del linchamiento público que lamentablemente se ha ido imponiendo en nuestra sociedad y los únicos que están llamados a declarar la inocencia o la culpabilidad de cualquier persona son los tribunales de Justicia", afirmó.

Respecto a la imputación que pesa sobre Silva por el presunto delito de encubrimiento de abusos, Ramos respondió que "ese tema lo conversamos en la asamblea (...) y mayoritariamente (se decidió) reafirmarlo en su condición de presidente de la Conferencia Episcopal basado en algunos principios que son fundamentales de la sociedad".

Santiago Silva declaró a finales de octubre, en su calidad de obispo castrense, ante la Fiscalía regional de O'Higgins.

Acuerdo con la fiscalía

En ese contexto, Ramos también destacó que durante los cinco días de reuniones de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena se dialogó "ampliamente" para "formalizar" un acuerdo con la Fiscalía Nacional para colaboración mutua en las investigaciones.

"En particular hemos estudiado el proyecto de acuerdo y colaboración mutua entre la Fiscalía Nacional y las entidades de la Iglesia para la investigación de delitos de abusos a menores cometidos por clérigos", dijo.

Sobre dicho acuerdo agregó que ya disponen de un texto "bastante avanzado" contrastado por Iglesia y fiscalía tras diferentes reuniones entre sus representantes.

"Es un texto de cómo se establecen los vínculos con la Fiscalía. La obligatoriedad de denunciar o no denunciar (casos de abusos) ya entra en otro ámbito jurídico que sería el legal", detalló el obispo.

Respecto a la obligatoriedad de denunciar, Ramos planteó que "si la sociedad estima pertinente que para proteger a los menores de edad todos los ciudadanos estuviéramos obligados a denunciar, es un paso que tal vez podríamos dar". Y añadió: "Personalmente, estaría de acuerdo".