Erwin Schnaidt

En una visita a la Región, cuya única actividad fue su presencia en la inauguración de la XXXVI Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros (Alim) que tuvo lugar en Puerto Varas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que este viernes o a más tardar durante la próxima semana, se debería resolver sobre la petición para aplicar salvaguardias a la importación de leche en polvo y de queso gauda.

Un reducido espacio en su traslado del aeropuerto a la ciudad lacustre, posibilitó a Walker hacer un vertiginoso análisis de la contingencia del sector agropecuario, en el que se refirió a esa petición de Fedeleche.

"Lo importante es que existe el Estado de Derecho y las instituciones funcionan. Este es un derecho que tienen los productores. Esto va a la Fiscalía Nacional Económica, lo toma la Comisión Nacional de Distorsiones, lo analiza y falla. Es súper importante ejercer el derecho. El Ministerio de Agricultura ha apoyado esta petición de los productores de esta región, pero tenemos que ser súper justos en respetar los fallos que aquí ocurran. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay siete votos, hay gente muy técnica en el tema y tenemos que esperar el fallo", resumió.

-¿Hay fecha conocida para esa decisión?

-Sí, pudiera ser este viernes. Se ha postergado varias veces. Esperamos que sea el viernes o la próxima semana, a más tardar.

-Otra forma de ayudar al sector, es favorecer su llegada al mercado chino...

-Estamos viendo grandes ventajas comparativas en transformar a Los Lagos en una región exportadora. Estamos viendo que podemos hacerlo en la leche en polvo, de suero; en el queso. Estamos hablando de que el productor de leche fresca se pueda integrar a los productos lácteos.

-¿Qué falta para conseguir ese objetivo?

- Estamos promoviendo muy fuertemente la asociatividad, porque hemos visto el gran ejemplo que nos ha dado Colun, que está creciendo, lo mismo sus productores. Es una situación muy distinta a cuando no se está asociado. Lo que queremos hacer, es romper el individualismo. Nuestro llamado es a la asociatividad, porque hay que tener volumen, masa crítica para enfrentar los mercados internacionales donde el volumen es clave. Por eso, nosotros estamos hablando del cooperativismo moderno, del Siglo XXI, que propone el Gobierno del Presidente Piñera, que es un modelo de negocios que ha hecho Fonterra, que ha hecho Colun. Creemos que por ahí va el camino, porque Chile se ha ganado un prestigio en los mercados internacionales, al tener 26 tratados de libre comercio y llegamos a más de 64 países, donde está el 80 % del PIB mundial. Es ahí donde están las ventajas. Nuestro llamado para las regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, es de a poco ir transformándonos en regiones exportadoras.

-La marchitez de la papa y la baja producción, han hecho aumentar su precio. ¿Cómo esperan revertir esta situación?

- El SAG aisló esta bacteria. Están absolutamente controlados, tanto los nemátodos como las bacterias. Estamos pasando de un período de papa de guarda a nuevas, que son los aumentos de precios que hemos tenido. Esperamos que este tema esté controlado. Tenemos una bacteria que nos ha hecho daño, pero vemos que gracias al muy buen trabajo del SAG, lo estamos controlando. Esperamos que el precio tienda a la baja, con el ingreso de la papa nueva.

-¿Qué acciones están adoptando ante la solicitud de los productores de carne de la región para eliminar la tipificación?

- El Ministerio les ha dicho que se pongan de acuerdo. Nosotros encantados plasmamos en un proyecto de ley, el acuerdo al que ellos lleguen. Hemos visto que no lo hay, porque Ñuble piensa una cosa, Los Lagos piensa otra. Nosotros hemos recogido estas opiniones y vamos a tener que zanjar este tema. Por suerte tenemos a un director, como Horacio Bórquez, del SAG, que tiene mucha experiencia en la ley de carnes. Vamos a tener que zanjar nosotros este tema, creemos de aquí a dos meses, porque no se ha producido el acuerdo que nosotros esperábamos entre los gremios. Lo vamos a hacer pensando en el bien común.

"Estamos promoviendo muy fuertemente la asociatividad, porque hemos visto el gran ejemplo que nos ha dado Colun". "El Ministerio de Agricultura ha apoyado esta petición de los productores de esta región, pero tenemos que ser súper justos en respetar los fallos"."

Aunque varios pescadores artesanales admitieron por escrito haber capturado salmones escapados desde el centro de cultivo Punta Redonda, de propiedad de Marine Harvest, y que además vendieron ese producto, el Gobierno no impulsará acciones legales en su contra, al considerar legalmente inválidas tales declaraciones.

Esos documentos notariales buscaban acreditar el cumplimiento de la cuota mínima de un 10% de esa captura, pero fueron desechados por Sernapesca, lo que implicó que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formulara cargos contra la firma noruega, por presunto daño ambiental.

De acuerdo a ese servicio, tras el colapso de ese centro de cultivo, el 5 de julio pasado, se liberaron unos 690 mil salmones. La compañía sólo certificó haber recuperado un 5,54% de ese total o 38 mil 286 peces.

Las autoridades esperaban que el salmón declarado en papel como recaptura, sería corroborado físicamente por Sernapesca o con una declaración de ensilaje, lo que no se produjo en ninguno de esos casos.

El seremi de Economía, Francisco Muñoz, descartó que puedan perseguir judicialmente a los pescadores que firmaron esas declaraciones y que reconocieron haber comercializado los peces, ya que "se trató de un acuerdo entre la empresa y pescadores, en el que Sernapesca no puede intervenir". Para hacerlo, agregó, debió existir una demanda de Marine Harvest, que se vio afectada al no poder alcanzar ese porcentaje.

Muñoz especificó que si Sernapesca acreditaba que esos ejemplares fueron pescados y vendidos "hubiera habido un delito tributario, así como una recaptura ilegal, lo que hoy no está probado".

Proceso sancionatorio

En tanto, el seremi del Medio Ambiente, Klaus Kosiel, destacó la operatividad de la institucionalidad ambiental, que derivó en el comienzo de un proceso sancionatorio, ante el que la empresa tiene que presentar un programa de cumplimiento y descargos.

Sobre el primero, Kosiel estimó que "es bastante complejo" presentar un plan de acción, ante un daño ambiental verificado, al no haber recuperado ni certificado el 10%. "Ante eso, no se me ocurre cómo se puede presentar un programa de cumplimiento, por lo que esto debiese derivar en proceso sancionatorio", dijo.

Recordó que en este caso las multas "son bastante altas", las que pueden llegar a las diez mil UTA (unos 5 mil 700 millones de pesos) o revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de ese centro de cultivo, sobre el que en la actualidad está vigente una prohibición de funcionamiento.

Sin embargo, Kosiel hizo presente que el caso sigue el curso de las apelaciones, ante la propia SMA, el Tribunal Ambiental y tribunales de alzada.

Apuntó que de este caso deberían surgir un aprendizaje, "en cuanto a que se cumple la normativa y la institución ambiental y que el Gobierno del Presidente Piñera está en eso, que recuperen la confianza en los ciudadanos, que se perdió en los años. El desarrollo económico tiene que ser sustentable integral e inclusivo, que asegure calidad de vida y respeto al ambiente".