Hace pocos días, la Corte Suprema ordenó a una conocida isapre reincorporar a una mujer y su pequeña hija a un plan de su elección, luego de que la institución privada las rechazara argumentando que la menor presentaba una patología considerada de alto riesgo por la prestadora.

En muchos otros casos, las isapres no rechazan directamente a los usuarios, pero condicionan los precios de sus planes de salud en función de determinados factores de riesgo que se calculan mediante tablas. ¿Que significa esto?... que cuando usted decide ingresar a una isapre, el precio base de su plan será multiplicado por un factor de riesgo relacionado con su edad o con su sexo.

Los factores de riesgo para las mujeres en edad fértil, para los niños menores de un año y para los adultos mayores son más altos, porque la isapre estima que estos usuarios requieren servicios de salud con mayor frecuencia y, por tanto, implican un gasto mayor para la prestadora. Dicho de otro modo, el riesgo -para la isapre- es que el usuario use con demasiada frecuencia el servicio, generando más gastos y, por ende, menos utilidades.

El Tribunal Constitucional, el año 2010 y de oficio, declaró la inconstitucionalidad de las normas que decían relación con la discriminación que hacían las isapres a través de la tabla de factores de riesgos para la fijación de precios. Lamentablemente, y a pesar que ya han transcurrido ocho años desde aquel fallo, las instituciones de salud previsional se han valido de un conjunto de resquicios legales para mantener tal práctica.

La aplicación de factores de riesgo independientes de la voluntad de los asegurados de las isapres resulta totalmente inconsecuente con las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, derecho a la salud y derecho a la seguridad social, y contribuye a perpetuar los abusos del sistema de salud privado.

Sobre esa base es que presenté un proyecto de ley que apunta a derogar expresamente la norma sobre la tabla de factores de riesgo y terminar así con la discriminación hacia personas vulnerables y poner fin a los abusos.

Es deber del Estado garantizar el derecho y las acciones de salud, ya sea que éstas sean resguardadas por instituciones públicas o privadas, especialmente cuando a diario seguimos presenciando cómo las isapres intentan sostener prácticas de cobro que vulneran los derechos fundamentales de los chilenos y chilenos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos

Hacia su quinta licitación se está encaminando el proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Policía de Investigaciones (PDI) en Osorno, luego de sucesivos fracasos explicados tanto por el bajo monto presupuestario asignado, como por la irresponsabilidad de una empresa, Ingeproc, que dejó abandonadas las obras en mayo de 2017, cuando apenas llevaba un 1% de avance. Como en tantos otros procesos de adjudicación de contratos públicos que se han visto en distintas partes del país, esta iniciativa ha adolecido de constantes problemas, primero, por un desajuste en las finanzas entre lo proyectado y lo real, y segundo, por la asignación de la iniciativa a una compañía que, con toda la evidencia disponible, no tenía las espaldas necesarias para afrontar un trabajo de esta magnitud.

Con el fin de subsanar el errático camino, desde el Gobierno Regional se inyectarán $1.830 millones, adicionales a los originales $7.500 millones, para convocar a una nueva licitación, la quinta en este caso, para ver si al fin se logra el concurso de una compañía que se haga cargo de la construcción de un edificio que a estas alturas ya es imprescindible. El actual ofrece pocas condiciones de espacio y seguridad para sus funcionarios y, además, expone a los denunciantes a ver mermada su necesaria privacidad en casos específicos.

Esta iniciativa pasó primero por dos licitaciones fallidas hasta que Ingeproc se adjudicó la tercera. Esta firma comenzó las obras hasta que las abandonó; y en la cuarta, otra empresa, a pesar de haber ganado la licitación y de iniciar los trámites administrativos, finalmente desistió por, aparentemente, un erróneo cálculo en el proyecto presentado. Por donde se le mire todo esto, es impresentable para los propios beneficiarios y para los organismos estatales.

Y si esto fuera poco, nuevamente las arcas regionales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tendrán que ir en auxilio de una iniciativa que por esencia le debiera corresponder al nivel central, pues la seguridad interior y el orden público dependen del Gobierno y no de la administración de los gobiernos regionales. Aun así, ojalá que esta licitación sí logre dar con una empresa que responda con el contrato y, sobre todo, con los plazos.