El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió mantener al persecutor regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a cargo de la investigación por mal uso de fondos en el Servicio Nacional de Menores (Sename), en el partir del plan Ascar (Aseguramiento de la Calidad en las Residencias).

De esta forma, Abbott rechazó la petición realizada el pasado 11 de septiembre por los abogados Paula Vial y Rodrigo Molina, representantes de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quienes presentaron esta solicitud denunciando la presunta violación del secreto sumarial, luego de que se filtrara a la prensa un documento en el que se señalaba a la ex consejera del Consejo de Defensa de Estado (CDE) como imputada.

Blanco renunció a su cargo de consejera y actualmente es solicitada por la Justicia, ya que durante su administración se descubrió una serie de presuntas irregularidades al interior del Sename, como la mala ejecución del plan Ascar, así como la muerte de menores en las residencias de protección.

En julio de 2016, Emilfork asumió la indagatoria relativa al fallecimiento de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo custodia del Estado en centros dependientes u organismos colaboradores del Sename.

En ese contexto, se abrieron investigaciones penales por otros hechos, como la relativa al Ascar, plan que surgió para establecer un presunto fraude al Fisco con los dineros destinados para este programa, causa en la que se vieron involucrados Blanco y el también ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

Giro

El 28 de septiembre pasado, Abbott señaló que no descartaba la posibilidad de remover a Emilfork de su cargo, debido a la "falta de conducción en el proceso".

El persecutor de Los Lagos, en tanto, había afirmado hace dos semanas enuna carta a enviada a "El Mercurio", antes de que Blanco renunciara al CDE -que la acusación de filtrar información no era procedente, además de tratarse de una "estrategia" para cuestionar el trabajo del Ministerio Público, "el avance de la investigación y justificar su solicitud de cambio de fiscal de la causa", escribió.

"Estrategia en todo caso que no es nueva y ya ha sido utilizada antes en otros casos de connotación", agregaba Emilfork.

El persecutor explicaba también que las declaraciones que le imputaban fueron dadas cuando la información ya estaba publicada en la web del Poder Judicial.

El 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un momento oportuno para que Chile reflexione acerca de la urgente necesidad de generar respuestas no tradicionales a las estrategias que bien funcionaron en el pasado para reducir la pobreza, pero que esta vez permitan abordar de manera diferente esa problemática social para derrotarla definitivamente, junto con avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.

Qué duda cabe: en los últimos 11 años Chile logró disminuir notablemente la situación de pobreza medida por ingresos, desde el 29,1% en 2006 al 8,6% el año pasado, según la Encuesta Casen 2017. Sin embargo, aún tenemos grandes tareas pendientes.

Según la misma encuesta, en Chile aún existen más de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza, de la cuales 412 mil están en condición de extrema pobreza. Una estadística que como país debe avergonzarnos.

La pobreza no es solo una cuestión económica, de falta de ingresos. Se trata de una realidad multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Por lo tanto, hoy más que nunca las estrategias para abordarla en su total complejidad requieren de una mirada y un enfoque interdisciplinario, que conecte el mundo público con el privado y la sociedad civil. Así lo estableció Chile el año pasado, cuando en pos de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro país definió la necesidad de promover políticas que consideren el trabajo intersectorial entre diversos organismos públicos y privados. Entonces, nuestro país destacó "la responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo económico y social".

Un ejemplo exitoso de la capacidad para generar espacios de trabajo colaborativo entre diferentes agentes públicos, privados y de la sociedad civil en ayuda de las personas más vulnerables es Código Azul, plan de emergencia que el invierno pasado se implementó por primera vez en Chile para proteger del frío a las personas en situación de calle. En él, participaron coordinadamente 76 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

El Mapa de la Vulnerabilidad, presentado hace unos días por el Presidente Piñera, también apunta a vincular a ministerios y servicios públicos con la sociedad civil y el sector privado, líderes sociales, universidades y ciudadanos, que puedan aportar a la solución de los problemas que impiden la superación de la pobreza.

Las personas que viven en la pobreza tropiezan a diario con enormes obstáculos de índole económico, cultural y social, de discriminación y exclusión. La pobreza es un problema de derechos humanos. Erradicarla es un deber moral, una obligación que tenemos como país, una deuda pendiente de nuestra sociedad. En esta tarea nadie sobra. Entre todos, podemos aportar y contribuir en el diseño e implementación de estrategias eficaces que generen un verdadero cambio social, que permita construir un Chile que no deje a nadie de lado, más justo y solidario.

Sebastián Villarreal B.

* Subsecretario de Servicios Sociales