En la Constitución Política de Chile, en el artículo 19, Nº 8, se asegura a todos los chilenos el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", siendo un "deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza", en tanto que el inciso Nº 9 asegura el "derecho a la protección de la salud" para todos los habitantes de Chile. Sin embargo, estos derechos han sido conculcados, una y otra vez, dando igual si las riendas del gobierno la tienen en sus manos políticos de izquierda o de derecha. El resultado ha sido siempre el mismo: escaso o nulo interés por la salud de la gente y el medio ambiente.

Las numerosas -y tristemente célebres- "zonas de sacrificio" están repartidas por todo Chile: Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, El Salado, Copiapó, Nantoco, Tiltil, Ventanas, Quintero, Puchuncaví, Horcones, Talcahuano, etc. Están a la orden del día y, con el pasar del tiempo, se incrementan aún más, a causa de las malas prácticas de empresas nacionales y extranjeras asentadas en el país, y el escaso interés del Estado por fiscalizarlas.

Un informe de 2016 de la OMS (Organización Mundial de la Salud) indicó que Coyhaique era la ciudad con el mayor nivel de polución del aire en toda Latinoamérica, en tanto que el lago Llanquihue es uno de los lagos más contaminados de Chile, superando en nada menos que 16 veces la norma de Chile, norma que de por sí es laxa y deficiente con relación a las normas que estipula la OMS a nivel mundial. Por otra parte, el Segundo Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos, realizado a finales de 2017, demostró que los ríos contaminados de Chile son numerosos, pero el Loa, Maipo, Purén, Rahue y Maullín destacan muy encima de los demás.

Los espacios habitables están expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de elementos tan imprescindibles para la vida y la salud humana, como el agua y el aire, sin dejar de lado el mar y la tierra misma. Una contaminación generada a causa de una elevada concentración industrial de empresas y plantas termoeléctricas que nos "regalan" cantidades enormes de elementos cancerígenos: mercurio, arsénico, cesio, plomo, etc.

Lamentablemente, son numerosos los casos de encubrimiento por parte de las autoridades, minimizando -o negando- los graves efectos sobre la salud de la gente -muchas veces con consecuencia de muerte-, ya sea que se trate de su actuar a nivel local, como así también central, y sin que importe mucho el "color" político del gobierno de turno.

Franco Lotito C., académico,

escritor e investigador

Finalmente, el anuncio del Gobierno de convertir a Pino Hachado como el corredor bioceánico del sur del país, se convirtió en el mejor acicate para que los representantes políticos de la provincia y la Región, salvo contadas excepciones, cerraran filas en torno a la necesidad de concesionar la Ruta 215, que es la que conecta a Osorno con el Paso Cardenal Samoré. Durante años esta idea, albergada en el Ministerio de Obras Públicas como la única y real opción para construir una doble vía en la 215, encontró en la zona tanto simpatizantes como detractores, generándose así una innecesaria división a ojos de un nivel central que, con razón o no, quizás empezó a mirar otros pasos (como el de Pino Hachado, en La Araucanía) para reposicionarlos junto con la habilitación de una ruta moderna y segura.

Lo de la intención de levantar el corredor bioceánico a través del cruce de Lonquimay parece que caló hondo, pues en estas pocas semanas ha crecido a nivel provincial y regional el apoyo a la concesión de la Ruta 215 (la que, a su vez, está hoy por hoy en el ojo del huracán debido a la enorme cantidad de hoyos y desniveles que presenta). Quienes antes se oponían ahora dicen estar de acuerdo, aunque -naturalmente- con las necesarias prevenciones acerca del impacto que habrá para la comunidad de Entre Lagos y la ubicación del peaje.

En lo formal, la Ruta 215 fue incorporada por el actual gobierno en el Plan de Concesiones para el período 2018-2023, y el hito más cercano se dará en unas semanas más, cuando se resuelva si la doble vía es o no de interés público (cuesta pensar que no pase por esta declaratoria). El siguiente hito, en tanto, será en julio de 2022, cuando el calendario indica la apertura de la licitación de la doble vía con una oferta mínima para el privado interesado por 149 millones de dólares.

Lo que ya está quedando claro con todo esto es que la concesión asoma como la alternativa más factible para que la Ruta 215 sea una carretera con altos estándares de seguridad. Esperar que lo haga el Estado es una ruleta marcada por el tiempo, la burocracia y, lo más importante, la falta de recursos. Si así se hubiese operado con la hoy moderna Ruta 5, lo más probable es que aún hubiese una vía única en el sur del país, esperando alguna milagrosa adjudicación de fondos desde el nivel central y una larga seguidilla de accidentes de tránsito.