Investigan por delito de cohecho a administradora municipal
SAN JUAN DE LA COSTA. La funcionaria se desempeña en la repartición de Puaucho, y su identidad fue restringida por el juez a petición de su defensor. Ayer fue formalizada en el Tribunal de Garantía, caso donde la Fiscalía la indaga por -supuestamente- haber solicitado fondos a una empresa a cambio de adjudicarle la construcción de un proyecto habitacional. El alcalde Bernardo Candia manifestó que la mantendrá en su cargo a la espera de la resolución judicial.
Sin emitir declaraciones sobre la formalización de cargos por el delito de "cohecho pasivo propio agravado" se retiró de la sala 2 del Tribunal de Garantía, la actual administradora municipal de la comuna de San Juan de la Costa.
La profesional fue identificada con las iniciales D.L.B.R., (militante de la DC). Y es que el juez Marcelo Klagges prohibió individualizarla ante requerimiento de su abogado defensor Iván Cárdenas.
La funcionaria municipal es investigada por la supuesta solicitud de fondos a una empresa a cambio de adjudicarle la construcción de un proyecto habitacional, el cual está en proceso de construcción en la comuna costera.
En la audiencia la fiscal que presentó el caso Carolyn Konrad, acompañada por el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina Berrocal, detalló los argumentos del delito de cohecho cometidos a fines del 2015, y en un periodo en el que la ingeniero comercial (imputada) estaba desarrollando labores como alcaldesa subrogante.
Solicitud
Según se informó, la funcionaria habría adjudicado un proyecto habitacional que consistía en 33 viviendas rurales a la empresa Trainning Concepción, por un valor cercano a los $750 millones.
Tras la adjudicación de la obra, se habla del pago en una primera instancia de dos millones de pesos por solución habitacional -según precisó la fiscal en la audiencia- que después habría quedado en un monto de un millón de pesos a cancelar.
En la actualidad hay 99 viviendas construidas y faltan más de 60 por terminar en sectores apartados de la comuna de San Juan de la Costa.
Por este hecho figura una segunda persona, identificado con las iniciales L.A.C. quien sería el dueño de la empresa que se adjudicó los trabajos.
Éste no pudo ser formalizada en la audiencia de ayer, dado que no fue notificado y el domicilio que entregó en la ciudad de Concepción, la vivienda estaba desocupado y figuraba un cartel "se arrienda".
Por esta razón el magistrado resolvió fijar una nueva fecha y hora para este trámite judicial, que quedó agendada para el 28 de noviembre a la 10 de la mañana.
Antecedentes
El delito de cohecho habría quedado en evidencia durante un juicio laboral desarrollado en el Juzgado del Trabajo de Concepción, producto de una demanda interpuesta en mayo de 2016 por Jorge Acevedo Fiebig contra su ex empleadora Training Concepción S.A. cuyo representante legal es L.A.C.
En esa oportunidad el demandante para acreditar el trabajo que desarrolló, presentó como medio de prueba copias de correos electrónicos (que fueron periciados) donde daba cuenta de su gestión para adjudicarse la construcción de 33 viviendas rurales en la comuna costera.
Entre los datos aportados, se indicaría la solicitud de dinero por parte de la funcionaria a la empresa (lo que aparecería en correos electrónicos) para así adjudicarle los trabajos de edificación.
Con esos antecedentes y otros medios de pruebas el juez titular del juzgado penquista, Fernando Stehr Gesche, resolvió remitir los datos al Ministerio Público de Los Lagos ya que los antecedentes podrían eventualmente constituir un delito.
Tras ello la Fiscalía de Osorno inició la investigación el 15 de diciembre del 2016 al solicitar una copia autorizada de la causa laboral y de los registros de audio de las audiencias realizadas.
Cde
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra ella y quienes resulten responsables de estas prácticas.
"El Consejo a resuelto intervenir en esta causa dada la gravedad de los hechos expuestos. En este caso en particular constitutivo del delito cohecho en la forma más grave que contempla el Código Penal, principalmente tratándose de un delito de corrupción conforme lo describió la Fiscalía. Nosotros recibimos información oficial de parte de la Municipalidad de San Juan de la Costa y las pruebas apuntan a lo descrito por el Ministerio Público, donde se estaba solicitando un beneficio económico al margen de la ley", dijo el abogado Daniel Medina del CDE.
Tras ser formalizada, el tribunal decretó un plazo de 100 días de investigación y estableció que la funcionaria municipal quede con arraigo nacional.
El defensor de la imputada Iván Cárdenas, a la salida del tribunal expresó que por el momento no se pronunciarán respecto del caso en mención.
Municipio
El alcalde Bernardo Candia señaló que la funcionaria se mantendrá en el cargo de administradora municipal de su comuna.
"Aquí no le corresponde a la prensa o a este alcalde juzgar a una persona antes que el juez se pronuncie si es culpable o inocente. Aquí lo que corresponde es la presunción de inocencia y lo que se hizo hoy (miércoles) es sólo informar del inicio de una investigación. Hay un plazo establecido que se debe esperar y recién ahí tomaré las acciones que corresponda", señaló.
La autoridad añadió que al interior del municipio se realizó un sumario, tal como lo pedían los concejales, que arrojó que la funcionaria no tiene responsabilidad alguna en los hechos que se le atribuyen.
"Administrativamente no hay nada y ahora hay que esperar qué dice la justicia; mientras, ella mantendrá su cargo. Los resultados de la investigación fueron puestos a disposición de la Fiscalía y si me llaman acudiremos al organismo a responder las consultas", sostuvo.
"Las pruebas apuntan a lo descrito por el Ministerio Público, donde se estaba solicitando un beneficio económico"
Daniel Medina, Abogado CDE"
"Hay que esperar qué dice la justicia; mientras tanto, ella mantendrá su cargo"
Bernardo Candia, Alcalde de San Juan de la Costa"
30 casas por esa cantidad -según la Fiscalía- la imputada estaba solicitando dos millones de pesos en un comienzo, pero que después correspondería a un millón.
Delito de cohecho fue el año pasado y tras antecedentes del tribunal laboral de Concepción que la Fiscalía de Osorno tomó conocimiento de esta irregularidad.
100 días de investigación tiene el Ministerio Público para realizar las diligencias que mantiene pendiente en este caso, el cual se indaga desde 2016.