Verónica Salgado

La oposición que ha manifestado la comunidad, organizaciones medio ambientales y algunas autoridades locales a que lleguen a Osorno más de 20 toneladas de lodos orgánicos generados por los salmones muertos almacenados en las bodegas del navío Seikongen se trasladó hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia, tribunal que declaró admisibles los dos recursos de protección presentados: uno de ellos por la Municipalidad de Osorno y otro por la Comunidad Indígena de Pucoihue.

Ambos buscan que la Corte decrete una orden de no innovar para evitar que los residuos tratados sean depositados en la planta de desechos industriales Ecoprial, ubicada en el sector Curaco.

Con esto la Corte admitió dos de los cinco recursos ingresados por la misma temática por la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osorno; la Red Ambiental Ciudadana de Osorno en conjunto con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos, Francisco Reyes, y el tercero por parte de una ciudadana de Ovejería. Los tres están programados para que pasen el lunes a la sala del tribunal para su revisión.

En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt también se tramitan nueve acciones judiciales asociadas al polémico buque interpuestas por los municipios de Calbuco, Ancud, Puerto Montt, Maullín, Osorno, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros las que fueron unificadas en un expediente a la espera que los ministros resuelvan en una sola sentencia.

Entre ambas cortes se han ingresado 14 recursos asociados al rechazo al buque Seikongen en la Región.

Admisibles

La causa de la Municipalidad presentada el jueves 13 de septiembre está dirigida exclusivamente a Asesoría Los Olivos S.A (Ecoprial); mientras que la Comunidad Indígena de Pucoihue consideró a Asesoría Los Olivos S.A, Intendencia Regional de Los Lagos y la Capitanía de Puerto de Puerto Montt.

María Soledad Piñero, presidenta de la primera sala del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones, dijo que decidieron la admisibilidad de las causas, "lo que significa que ha sido resuelto que estos recursos se van a tramitar y la primera diligencia que se ordena es el informe que deben evacuar los recurridos".

El plazo para responder los informes son seis días a partir de que sean notificados de la resolución.

Hardy Vásquez, asesor jurídico del municipio de Osorno, comentó que la Corte de Apelaciones de Valdivia aún no se ha pronunciado sobre la orden de no innovar solicitada, lo que se resolverá entre lunes y martes de la próxima semana.

"La Corte ha estimado que sí hay mérito para conocer de fondo el asunto. El recurso está dirigido contra la empresa Ecoprial por cuanto -de acuerdo a los antecedentes preliminares que nosotros tenemos- su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no cumpliría para recibir estos lodos que se pretenden traer de los residuos del barco Seikongen", argumentó el abogado.

Explicó que de acuerdo a definiciones técnicas, Ecoprial está autorizado para recibir residuos acuícolas asociados a piscicultura pero no de residuos industriales del rubro pesquero mayor.

El recurso de la Comunidad Indígena de Pucoihue también fue declarado admisible y fue ingresado a la Corte el jueves 20 de septiembre, luego del receso de Fiestas Patrias y solicita una orden de no innovar tal como lo explicó el abogado Carlos Guerrero del equipo jurídico de la diputada por el distrito 25, Emilia Nuyado, que trabajaron en la realización de la acción constitucional.

"Fundamos el recurso por la amenaza de la vulneración en el ejercicio del legítimo derecho de la comunidad de Pucoihue respecto del derecho a la vida y vivir en un ambiente libre de contaminación. También entendemos que la afectación y el riesgo inminente y futuro probable que existiría podría traer consecuencias irreparables para la comunidad osornina y para las personas que habitan en ese lugar", manifestó el abogado.

Detalló que también existen derechos de protección a los pueblos originarios (en este caso Huilliche) y su desarrollo integral vigente en base a tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile.

Agregó que el protocolo no fue sociabilizado ni con la comunidad osornina ni las personas que residen en sectores adyacentes a la planta: "entendemos que existe una orden de no innovar vigente y entendemos que no era suficiente informar a la Corte que se contaba con los permisos respectivos, sino que era necesario que la misma Corte se pronunciara y alzara la orden de no innovar. Entonces no creemos que aplicar el proceder de un protocolo de descarga fuera el correcto, ni de los privados ni de las instituciones públicas que otorgaron los permisos", comentó.

Corte puertomontina

La descarga del polémico buque comenzó el sábado 15 de septiembre y finalizó ayer con la totalidad de los residuos ingresados a la planta de tratamiento Los Glaciares, de la empresa Fiordo Austral, ubicada en Panitao (Puerto Montt); una vez transformados en lodos orgánicos, serán trasladados a Ecoprial en Osorno para su disposición final.

La maniobra causó la sorpresa de la comunidad y autoridades de las comunas de Osorno, Calbuco y Puerto Montt, quienes argumentaron que la ejecución del protocolo de descarga propuesto por la firma dueña del barco, CPT Empresas Marítimas S.A se realizó en un marco de ilegalidad ya que existía un recurso de protección vigente decretado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 17 de agosto a solicitud del municipio de Ancud que impedía se ejecutara el proceso.

También apuntaron la responsabilidad al comité Medio Ambiental compuesto por las seremis de Salud y Medio Ambiente, autoridades navales, entre otros actores encabezados por el intendente regional Harry Jürgensen que validaron y autorizaron el protocolo de descarga.

En la Corte puertomontina actualmente son nueve las acciones judiciales de rechazo al polémico navío, las que fueron unidas en un expediente, a la espera que los ministros resuelvan una sola sentencia. Desde que comenzó la descarga han ingresado escritos solicitando explicaciones asociadas a la orden de no innovar, la que aseguran fue vulnerada.

También en las comunas de Talcahuano y Florida en el Bío Bío se ingresaron recursos de protección rechazando la llegada del buque y su carga al territorio, los que fueron acogidos.