Con críticas a lo que denominó medidas de descontaminación "tardías" en el caso de la crisis de Quintero y Puchuncaví, la diputada Catalina Pérez (RD), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, consideró que el Estado debe trabajar por subsanar lo que cree son falencias en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. La idea, aseguró, es resguardar a futuro a la población de efectos como los que se han visto en los episodios de contaminación esta zona.

La parlamentaria por la Región de Antofagasta reclamó un "inexistente consenso" parlamentario para avanzar en soluciones a los problemas medioambientales.

- Respecto de los últimos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, ¿qué opina del plan de descontaminación y de las medidas que ha comenzado a aplicar el actual Gobierno?

- El plan de descontaminación es una obligación legal y es evidente que el plan vigente no da el ancho. Quintero y Puchuncaví no necesitan solo de un plan de descontaminación; Quintero, Puchuncaví, pero también Coronel, Mejillones o Huasco, necesitan que el Gobierno los deje de considerar zonas de sacrificio, moneda de cambio del programa económico de La Moneda. Si hay gente ya intoxicada es porque las medidas de descontaminación son tardías. Pero sin un cambio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la Superintendencia del Medio Ambiente ni un compromiso claro de homologación de normas de calidad a estándar OMS o el cierre del foco contaminante, las medidas además serán ineficaces.

- A su juicio, ¿por qué tuvo que ocurrir la emergencia en Quintero y Puchuncaví para que el Estado recién comience a discutir lo que significan estas y otras "zonas de sacrificio" en el país?

- Porque ya no aceptamos que se normalice el funcionamiento de un sistema en estos términos. Aprendimos que el trabajo que prometía la instalación de industrias no era tal, y que cuando lo era, implicaba un precio muy alto, y no estamos dispuestos a pagarlo. Cuando la crisis medioambiental se expone tan crudamente en estos términos, el Estado no puede seguir siendo cómplice.

- ¿Cómo se explica que el plan de descontaminación desarrollado por el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet para esta zona no haya podido ni siquiera pasar por el filtro de la Contraloría?

- Demuestra la poca capacidad que de nuestra institucionalidad ambiental en general. En la práctica, el Estado es un cómplice pasivo de la existencia de zonas de sacrificio. El plan vigente existe desde 1994 y en julio del 2011 se inició su actualización, dada su obsolescencia. Recién en julio del 2017 el proyecto de plan fue enviado a Contraloría. En la toma de razón, la Contraloría determinó algo que parece irracional, pero efectivo: que las medidas propuestas no iban a disminuir los contaminantes y por lo mismo, no tenía sentido darle curso. La comisión investigadora podrá dar una respuesta más certera de las razones que explican este absurdo.

Hacia un consenso

- ¿Existe consenso parlamentario para poder resolver los problemas medioambientales que afectan a estas y otras zonas del país?

- No, no existe, y creo que esta bien explicitarlo: no existe porque aún escuchamos en los pasillos del Congreso decir que las zonas de sacrificio son un invento de la prensa, un invento de los medioambientalistas o de la gente que busca que la compensen con

- ¿Cuál es el estándar de normativa ambiental que, según usted, debiera aplicarse hacia el futuro para los principales elementos contaminantes de esta zona?

- Un mínimo exigible es la homologación a estándares de la OMS en normas de calidad y es lo que estamos buscando levantar en conjunto con los parlamentarios del Frente Amplio. Sin embargo, creemos que es relevante repensar la forma en que nuestros instrumentos de gestión ambiental están diseñados, así como las instituciones encargadas de fiscalizar su cumplimiento y proteger el medioambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente no tiene un mandato amplio de protección, sino que debe limitarse a fiscalizar la normativa existente, que como vemos, es muy limitada, generando un círculo vicioso de difícil solución. Por ello, esperamos fortalecer la SMA y el llamado al Gobierno es a presentar iniciativas en esa línea, ya que de ellos depende por la iniciativa legislativa exclusiva.

"Ya no aceptamos que se normalice el funcionamiento de un sistema en estos términos. Aprendimos que el trabajo que prometía la instalación de industrias no era tal" "Creemos que es relevante repensar la forma en que nuestros instrumentos de gestión ambiental están diseñados, así como las instituciones encargadas de fiscalizar su cumplimiento""

José Luis Domínguez Covarrubias

Treinta y cinco metros. Esa es la distancia aproximada que necesita un automóvil que se desplaza a 60 kilómetros por hora para detenerse completamente. Si de manera intempestiva, un niño apareciera en la ruta del vehículo, moriría atropellado por la fuerza del impacto.

En cambio, si la velocidad hubiera sido de 50 km/h, la detención se alcanzaría en 23 metros y, lo que es más importante, esa muerte se podría haber evitado.

El ejemplo, que puede sonar fútil ante una desgracia así, es decidor: la velocidad mata y debemos ponerle freno. Con esa convicción, como Gobierno defendimos y promovimos la reducción de velocidad máxima en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora. Según estudios de la OECD, el exceso de velocidad constituye un tercio de los accidentes fatales y es un elemento agravante en todos en todos los siniestros, sin excepción.

Al cumplirse un mes de la entrada en vigencia de dicha norma, estimamos que las multas cursadas ascenderán a 5 mil a nivel nacional.

Sabemos que la implementación de una norma como esta implica un cambio cultural y confiamos en que paulatinamente será internalizada e incorporada por los conductores.

No obstante, también es un hecho que los cambios normativos requieren de medidas preventivas y de fiscalización que incentiven su cumplimiento. Es por ello que resulta vital la implementación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), iniciativa que estamos impulsando en el Parlamento y que operará mediante cámaras ubicadas y debidamente señalizadas en los puntos de mayor accidentabilidad.

Su funcionamiento permitirá, por un lado, cursar multas a los infractores pero, a su vez, servirá como elemento preventivo al disuadir a los automovilistas de superar el límite de velocidad.

Bajar la velocidad en nuestros autos, y por qué no en nuestro ritmo de vida, no sólo nos puede regalar más tiempo para disfrutar y compartir: nos ayuda a salvar vidas.

El año pasado 419 compatriotas murieron por culpa del exceso de velocidad. El autocuidado y el respeto por la vida de los demás son valores primordiales que todos los chilenos debemos cautelar y, por lo tanto, estamos todos llamados a reducir ese lamentable registro.

"Los cambios normativos requieren de medidas preventivas y de fiscalización que incentiven su cumplimiento""

* Subsecretario de Transportes.