Las seremías de Agricultura, Salud y la Intendencia Regional, iniciaron un operativo conjunto de fiscalizaciones por Fiestas Patrias, que tiene como objetivo hacer cumplir la Ley de la Carne, el Reglamento Sanitario de los Alimentos y velar por la transparencia del mercado en fechas en que aumenta el consumo.

El intendente, Harry Jürgensen, hizo un llamado a la comunidad a adquirir productos en lugares establecidos, a interiorizarse de su procedencia y "a no realizar compras clandestinas, ya que además de ser un delito, ponen en riesgo su salud", dijo.

El seremi de Agricultura, Juan Vicente Barrientos, señaló que "nuestro objetivo es que los consumidores estén informados correctamente sobre los productos que compran. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) está fiscalizando el correcto etiquetado, categorización y trazabilidad de la carne, para velar por la transparencia y porque lo que se está consumiendo corresponda a lo que se paga. También aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los consumidores para que compren carne nacional y privilegien los productos locales, ya que tienen una buena relación precio-calidad".

En tanto, la seremi de Salud de Los Lagos, Scarlett Molt, puso énfasis en la necesidad de que los consumidores eviten riesgos al consumir productos en mal estado. "Como seremía realizaremos más 500 fiscalizaciones en carnicerías, restaurantes, supermercados, entre otros", detalló.

Fiscalizaciones

Durante el proceso de fiscalización -labor que se realiza permanentemente, pero que se intensifica durante las Fiestas Patrias- el SAG se preocupa de velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Además, en los locales de expendio, fiscaliza el cumplimiento de la normativa en vitrinas, cortes envasados, cartelería y registro de venta.

Las anormalidades más habituales tienen que ver con la clasificación, con que una carne que aparece en una categoría más cara no corresponda; o alguna anomalía documental también. Por eso se hace fiscalización a nivel minorista, a nivel de los mercados y a nivel de los mataderos.

Los infractores se exponen a sanciones que van desde el pago de una multa que oscila entre una y 100 UTM ($47.920 a $4.792.000 aproximadamente) y el monto específico depende de la gravedad del incumplimiento detectado.

Verónica Salgado

La Corte Suprema falló en contra de la demanda que presentaron noventa y un profesores contra la Municipalidad de Osorno, por bonos proporcionales impagos correspondientes a la Ley 19.933, por un total de $625 millones, lo que fue rechazado por el máximo tribunal del país. El dictamen fue favorable para la defensa del municipio local.

La Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó la causa, argumentando que el aumento de la bonificación proporcional contenida en la normativa impulsada por el Ministerio de Educación en 2004 está dirigida exclusivamente a los docentes de establecimientos del sector particular-subvencionado y no del sector público.

Alrededor de 450 docentes han realizado acciones legales en Osorno, representadas en seis causas diferentes, en contra del municipio local, por bonos proporcionales impagos por un total aproximado de $3.500 millones. Ninguna de ellas ha prosperado, ya que los distintos tribunales de justicia han fallado a favor de la casa edilicia.

La controversia entre docentes y municipios ha estado presente en todo el país desde 2013 y ha terminado incluso con alcaldes detenidos, por el supuesto no pago de la bonificación a los profesores. Se han efectuado más de 250 demandas en todo el país.

La diferencia se genera porque los docentes aseguran que en sus liquidaciones de sueldo no se consideran los recursos asociados al ítem, lo que se traduce en una deuda, mientras que las autoridades comunales y sus equipos jurídicos afirman que esos dineros están pagados.

Dictamen de la suprema

El Ministerio de Educación, mediante la ley 19.410, creó en 1995 la bonificación proporcional destinada a profesores del sector público. Posteriormente, en el año 2004, la ley 19.993 introdujo mejoras en las remuneraciones docentes, considerando una bonificación proporcional para los profesores de establecimientos particulares-subvencionados.

Los 91 docentes osorninos comenzaron el proceso judicial en contra del municipio en febrero de 2017, en el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, por bonos adeudados entre 2012 y 2016. La causa llegó hasta la Corte Suprema, ya que el municipio se vio obligado a buscar revertir las sentencias dadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y el Tribunal Laboral de Osorno.

Hardy Vásquez, jefe del Departamento Jurídico del municipio, explicó que la demanda de los 91 profesores fue la primera interpuesta por maestros por una diferencia del bono proporcional, que estimaban les correspondía según la ley 19.993, y ha sido la única que ha llegado hasta la Corte Suprema.

"Estimamos que la Corte Suprema en esta materia llegó a la acertada interpretación, en el sentido de que el bono proporcional establecido en la ley 19.933 no les corresponde a los profesores municipalizados, sino que única y exclusivamente a los docentes del sector particular-subvencionado, lo que está claramente contenido en la sentencia", dijo el abogado.

Precisó que a la demanda de los 91 profesores se sumaron cinco acciones judiciales por el mismo tema, que involucraban a alrededor de 450 docentes.

"En todas ellas el municipio ya había obtenido resultados favorables en el Tribunal Laboral de Osorno y en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Estas causas, probablemente por el cambio de jurisprudencia, no llegaron a ser conocidas por la Suprema y actualmente están terminadas. Para el municipio esto significó un resultado muy positivo, porque potencialmente arriesgamos pagos que superan los $3.500 millones y que el sistema educacional municipal de Osorno no podía sostener", explicó Vásquez.

Corte Interamericana

Daniel Álvarez, profesor de la Escuela Italia (en Rahue Bajo) y vocero del grupo de 91 profesores, calificó el fallo de la Corte Suprema como una situación inesperada, aunque asegura que cuando ingresó el Consejo de Defensa del Estado apoyando a la municipalidad y llevando la causa al Tribunal Constitucional, nació la sospecha de que el tema ya no estaba siendo analizado a nivel judicial, sino también político.

"Existe un cambio en la doctrina judicial, ya que el mismo ministro Hugo Dolmetsch, de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, había fallado a favor de los profesores y ahora lo hizo en contra. Lo mismo realizó la ministra Ana Chevesich. Ahora evaluamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por acción de negación de justicia, siendo un recurso que se presenta en contra del Estado de Chile y no al municipio. Analizaremos cuántos de los 91 profesores están dispuestos a seguir, luego nos uniríamos a otros grupos de profesores del país para comenzar en conjunto el proceso judicial internacional", explicó el vocero Daniel Álvarez.

Legalmente tienen hasta diciembre para acudir a la Corte Interamericana.

"Ahora evaluamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por acción de negación de justicia".

Daniel Álvarez, Vocero de los 91 profesores"