Recientemente hemos conocido la noticia respecto de la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través de la Ley 21.105. Con ello, Chile establece formalmente un cuerpo jurídico que permitiría brindar un soporte institucional al marco de acción y al alcance de las diferentes entidades dedicadas al financiamiento de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, tanto a nivel nacional como regional. Parece destacable el hecho que la ley reconozca la existencia de un sistema integral público, lo que permitiría fortalecer y/o crear mecanismos de coordinación adecuados entre las agencias ejecutoras de recursos. De alguna manera, lo anterior hace un llamado a prevenir problemas de duplicidad en el gasto público, y en consecuencia mejorar su efectividad.

Asimismo, la ley faculta al ministerio el diagnóstico y diseño de políticas nacionales y regionales en materia de CTI, en coordinación con instrumentos de planificación existentes a nivel regional, como lo son las estrategias regionales de innovación, y cuyo diseño se inició en 2012 de la mano de los gobiernos regionales, Conicyt, Subdere y Corfo, entre otros. Con todo, es dable señalar algunos aspectos que parece necesario tener en cuenta para que esta importante iniciativa tenga un impacto significativo en nuestra sociedad.

En un cierto sentido, esta ley representa de alguna manera un esfuerzo y contribución para promover el tránsito de Chile hacia una sociedad y economía basadas en el conocimiento y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la experiencia de los países desarrollados indica que el hecho de que éstos cuenten con ministerios de ciencia y/o innovación, no es en sí mismo suficiente. Se requiere que todo el entramado de actores del sistema nacional, regionales y sectoriales de innovación aporten.

Las universidades, y en general el cuerpo académico y estudiantil, estamos llamados a trabajar mancomunadamente con el tejido productivo local, agregando valor a través del conocimiento y la innovación a sectores existentes, pero también buscando y diversificando nuevos rubros basados en servicios tecnológicos que permitan desarrollar nuevas empresas y soluciones a problemas, que se desarrollen desde el sur de Chile. Se trata de una ley que debe ser aplaudida por el entorno, pero que requiere el apoyo y colaboración de centros de I+D+i, universidades, empresas y emprendedores, para que esta iniciativa anhelada desde hace tanto tiempo, se traduzca realmente en resultados concretos.

Marco Rosas Leutenegger, director de Innovación

de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap Osorno

Tal como ocurre con el aire puro en los días de contaminación, cuando la limpieza tradicional de los aires sureños se va diluyendo entre las partículas tóxicas que emanan de las estufas a leña, ha pasado también con la más relevante política pública que se ha gestionado en los últimos años para enfrentar este flagelo: el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Osorno. Por más certezas y promesas que emanen desde las autoridades de turno, las pruebas palpables, porfiadas como una chimenea de la cual sale el humo visible, evidencian que esta herramienta de gestión se está diluyendo entre la menor disponibilidad de recursos, la inoperancia para avanzar en materias vinculadas con la contaminación y que tienen calidad interministerial (por ejemplo, la declaración de la leña como combustible), la falta de fiscalización de las medidas críticas y la relativa ausencia de campañas oficiales de educación.

Aunque ha habido una preocupación creciente de parte de la ciudadanía por la urgencia de combatir de manera efectiva la contaminación atmosférica en la ciudad, la ejecución del PDA en sus poco menos de dos años y medio de ejercicio dan cuenta de un proceso que pareciera estar haciendo agua. Sino, no se entiende que la entrega de subsidios de los programas de recambio de calefactores y de aislación térmica esté avanzando a un ritmo escandalosamente menor de lo presupuestado, o que en los 20 días de emergencia ambiental de este año no se haya cursado ninguna multa por los humos visibles, o que entre los vecinos exista ya cierta inquietud acerca de la calidad del revestimiento térmico aplicado en sus viviendas.

Aun así, a pesar de todos estos incumplimientos de lo establecido en el PDA o de las dudas instaladas entre la ciudadanía, las autoridades se han empeñado en advertir que el plan sigue a rajatabla y que, por ejemplo, a contar de marzo de 2019 se prohibirá la venta de leña húmeda. Así como está el escenario, el PDA corre el serio riesgo de enfrentar un proceso de deslegitimación ciudadana que dejará por el suelo todo lo que se ha avanzado en estos últimos años. Es urgente que los responsables de la marcha del PDA, en una acción interministerial, detallen cómo se va a corregir el camino antes de que sea demasiado tarde.