El pasado sábado 4 de agosto comenzó a operar en todas las zonas urbanas del país la reducción de la velocidad máxima para vehículos motorizados, la que de 60 kilómetros por hora disminuyó a 50.
La normativa viene a corregir la modificación que regía desde el año 2002, cuando la velocidad en zonas urbanas aumentó su máxima de 50 a 60 kilómetros por hora, medida que si bien hacía más rápidos los desplazamientos, tuvo como resultado un aumento del 29 por ciento en el número de accidentes de tránsito y un 25 por ciento en el número de fallecidos en las zonas urbanas, según precisaron desde el Ministerio de Transportes.
Por ello, cuando las calles las comparten automovilistas, peatones, motociclistas y ciclistas, se hacía en extremo necesario generar este cambio, cuya principal finalidad no es otra que brindar más seguridad y aumentar la probabilidad de supervivencia de un peatón o un ciclista en caso de ser víctimas de un atropello, ya que está comprobado que la velocidad influye decisivamente en las consecuencias de un accidente.
La medida, que debe ser acatada sin restricciones por todos los vehículos motorizados que se desplazan por la ciudad, incluye también fuertes sanciones a quienes la incumplan, tipificando las infracción por conducir a exceso de velocidad en leves, menos graves, graves y gravísimas, aplicando también multas económicas que pueden alcanzar los 140 mil pesos, además de la suspensión de la licencia de conducir para el conductor que incurrió en la falta hasta por 45 días.
Ahora bien, más allá de la sanción que pueda aplicarse al infractor, se hace necesario que los conductores entiendan que esta reducción de la velocidad máxima lo único que busca es brindar mayor seguridad en la vía pública, por lo que se hace necesario modificar las conductas y asumir el cambio, toda vez que medidas como éstas, efectivamente pueden ayudar a salvar una vida.