En enero de este año se promulgó la Ley Nº21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del país, que fomenta la descentralización y otorga nuevas competencias y atribuciones a los gobiernos regionales.

Se destaca la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, instrumento de planificación que establece con carácter vinculante, la localización de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento, la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística y la zonificación del borde costero, entre otras. Además, los gobiernos regionales contarán con tres nuevas divisiones: Desarrollo Social y Humano, Infraestructura y Transporte, y Fomento e Industria; por lo cual se podrán diseñar políticas públicas con pertinencia regional.

También -y que sin duda pondrá en evidencia las capacidades regionales-, la nueva ley otorgará al futuro gobernador regional y Consejo Regional, solicitar y justificar al gobierno central (a través de estudios técnicos), la transferencia de algunos programas de ministerios o servicios públicos (Indap, SAG, Sercotec, Corfo, etcétera). Esta solicitud formal al Presidente de la República será presentada por el gobernador regional electo y apoyada por la mayoría absoluta del Consejo Regional.

Por lo anterior, se puede visualizar que no todas las regiones del país tendrán las mismas capacidades para implementar procesos de descentralización; frente a lo cual surgen las siguientes interrogantes: en la Región de Los Lagos, ¿nuestro futuro gobernador regional y consejeros regionales tendrán la capacidad para lograr la transferencia de competencias desde el nivel central, en materias relevantes para el desarrollo de la región?, ¿los actores sociales y privados de nuestra región serán escuchados a la hora de decidir qué competencias y ámbitos se transferirán desde el nivel central al nivel regional?. Será un gran desafío para nuestras autoridades regionales.

Guillermo Díaz López, Centro de Estudios del Desarrollo

Regional y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos

Hace unos días, el Colegio de Profesores pidió al Ministerio de Educación que presentara acciones legales y tomara medidas para sancionar los ataques que han sufrido docentes, tanto de parte de alumnos como de apoderados. El último de ellos que adquirió notoriedad fue el que sufrió una educadora de Cartagena por parte de un alumno de primero medio y sus padres.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló en esa oportunidad que las agresiones a los profesores no es un tema aislado y que se han quintuplicado las denuncias durante los últimos años, lo que parece grave, porque si no se toman medidas oportunas y queda la sensación de impunidad, la violencia contra el magisterio podría continuar. Hace unos días, las autoridades del Ministerio de Educación han indicado que tras reunirse con la dirigencia del Colegio de Profesores, se han comprometido a estudiar una propuesta que sancione estas conductas de violencia en contra de los docentes. Esta consideraría cambios legislativos para establecer sanciones más drásticas para apoderados que los agredan y para establecer obligaciones más fuertes en términos de protección a esos profesionales.

Pese a que los profesionales de la educación son reacios a hablar en forma pública sobre el tema, lo cierto es que la violencia verbal y física contra ellos es una realidad cada vez más conocida. En ocasiones se traduce en amenazas y amedrentamiento, empujones y golpes a los docentes cuestionados por ejercer la delicada función de enseñanza y formación.

Es oportuno recordar un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que reveló que los profesores chilenos son los que tienen el mayor número de alumnos por clase en educación básica, con un promedio de 30 estudiantes, mientras la media en las naciones del bloque es de 21. En las escuelas secundarias, se reportan 31 alumnos, ocho más que en el promedio del organismo. También los profesores chilenos tienen una considerable mayor carga de trabajo.

Los docentes son pieza fundamental para el mejoramiento de la educación, considerando que son los formadores de niños y jóvenes de nuestro país.