De acuerdo a la encuesta Cadem correspondiente a la última semana de junio, un 77% afirma que la delincuencia ha aumentado durante el último año, lo cual representa un aumento de cinco puntos en comparación a marzo de 2017.

Asimismo, un 57% cree que la delincuencia seguirá en aumento en los próximos años, mientras que un 22% que cree que irá disminuyendo. Respecto a la sensación de vulnerabilidad que manifestaron los consultados por el sondeo, un 67% si siente mucho o bastante preocupado ante la posibilidad de ser víctima de un delito.

Combate

La mayoría de los encuestados opina que la mejor forma de combatir la delincuencia sería a través de una nueva reforma procesal "que haga leyes y penas más duras". Así, un 57% apoya esa medida, lo que implica un alza de 11 puntos en comparación a marzo de 2016.

Le siguen mayores atribuciones a jueces para que los delincuentes no queden en libertad (19%), mejores programas de rehabilitación (14%), más Carabineros y PDI (3%), y la construcción de más cárceles (3%).

Un 67% de los consultados supo o escuchó hablar del operativo organizado por Carabineros y el Gobierno que tuvo como resultado detenciones masivas en todas las regiones del país. Y de ese total, un 83% se mostró de acuerdo, mientras que un 13% afirma estar en desacuerdo.

Evaluación gobierno

Por otro lado, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera bajó dos puntos porcentuales, llegando hasta el 58%, mientras que su desaprobación subió del 24% al 28%.

La aprobación del gabinete, en tanto, sufrió una caída significativa de ocho puntos, alcanzando un 41%, el nivel más bajo que registra la serie, según destacaron desde la consultora que realiza semanalmente esta encuesta. Con esto, el rechazo del equipo ministerial se elevó del 33% al 41%.

El Presidente Piñera presentó ayer los integrantes del consejo para la modernización del Estado que será liderado por el ex contralor general de la República Ramiro Mendoza. El consejo asesorará al Gobierno en materias de reforma al Estado y deberá entregar un plan en 100 días. El Mandatario destacó que el objetivo es determinar "cómo podemos hacer que el Estado le simplifique y no le complique la vida a nuestros compatriotas". Además de Mendoza, el grupo está integrado por: Mauricio Duce (Espacio Público); Gloria de la Fuente (Chile 21); Luis Larraín (Libertad y Desarrollo); Leonidas Montes (CEP); Jeannette Von Wolffersdorff (Bolsa de Santiago), Javier Ectcheverry, ex ministro de OO.PP; Beatriz Corbo, integrante (consejo de Alta Dirección Pública(; Claudio Muñoz (Telefónica e Icare); Ignacio Irarrázabal (centro de políticas públicas de UC); Mario Waissbluth (Educación 2020); Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia; y Salvador Valdés.

Carolina Collins

Los funcionarios de Gendarmería entregaron ayer su petitorio al Gobierno, al que dieron un ultimátum de 24 horas, que se cumplen hoy, para definir si irán a paro.

Los funcionarios exigen ser recibidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la formación de una mesa interministerial para abordar sus demandas.

Luego de que el gendarme Héctor Palma fuera formalizado y quedara en prisión preventiva por el caso de torturas de dos internos del penal Santiago Uno, los funcionarios aseguraron que "la crisis carcelaria ya colapsó".

"Queremos una mesa ministerial con el ministro de Justicia", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Patricio Baquedano.

Con ese objetivo, explicó el dirigente, definieron dar "un ultimátum de 24 horas al Ministerio de Justicia, porque esta crisis carcelaria ya colapsó, y no endosar las responsabilidades a los gendarmes".

Puntos del petitorio

Y aunque aseguraron que se irían a paro si no eran recibidos por Larraín ayer mismo, posteriormente el vocero de cinco gremios de Gendarmería, Andrés Segovia, dio a conocer el petitorio e insistió en que si no tienen respuesta en 24 horas se irían a paro indefinido.

Entre las demandas están la construcción de nuevas cárceles, que cuenten con infraestructura moderna que "reduzca los niveles de violencia" que se viven actualmente en el sistema penitenciario. Asimismo, piden la no "criminalización" de la función de Gendarmería. Además, exigen un aumento en la dotación para afrontar las necesidades actuales y con una proyección hacia el futuro; un proyecto de carrera funcionaria que sea trabajado en un plazo de tres meses e ingrese al Congreso con discusión inmediata y un proyecto de ley en materia de pensiones.

Segovia hizo hincapié en que muchas de estas peticiones no se pueden llevar a cabo "de un día para otro", pero enfatizó la necesidad de que los funcionarios sean recibidos por el ministro de Justicia, asegurando que "las cárceles son verdaderas bombas de tiempo".

"No estamos diciendo que esto lo queremos en un año, sabemos que es a mediano y largo plazo, pero tenemos que comenzar rápidamente, porque el proceso de formación de personal y proyectos de ley, nosotros sabemos que se demoran y que se discuten en el Congreso", dijo.

Sin embargo, Segovia añadió que "no podemos seguir esperando, porque las cárceles son verdaderas bombas de tiempo, lo que ocurrió en (el penal) San Miguel en 2010, perfectamente puede ocurrir en cualquier cárcel de Chile en este minuto".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió ayer a los cuestionamientos al otorgamiento del indulto presidencial a un reo del Penal de Punta Peuco, René Cardemil. El secretario de Estado anunció que el Gobierno está próximo a ingresar el proyecto de ley humanitaria para procesar este tipo de solicitudes. Larraín dijo que la voluntad del Gobierno es generar una ley que permita "definir quién, cuándo y cómo puede acogerse a esta situación". "El problema que tienen los indultos es que significan revertir una decisión judicial y creemos que en situaciones tan delicadas como esta lo importante es que sea la misma justicia la que haga esa modificación", enfatizó.

Luego de que se dieran a conocer irregularidades en los informes que determinan el ingreso de menores a instituciones del Sename, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció ayer que el Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el hecho y pidió la colaboración del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El titular de Justicia calificó la situación como "grave". Un reportaje de Canal 13 reveló falencias en los informes que definen el ingreso de menores de edad a los distintos centros del Sename y que no son fiscalizados de forma externa y carecen de rigurosidad. Dichos informes son una prueba primordial en la que se basan los jueces de familia a la hora de dar su dictamen y el reportaje mencionado logró comprobar que muchas veces son copiados para ser usados en múltiples ocasiones. La diputada Marcela Sabat (RN) confirmó que se citará a la comisión de Familia de la Cámara a los encargados de los organismos colaboradores del servicio como son ; Opción, Ciudad del Niño y Mi Casa.