El canciller chileno, Roberto Ampuero, expresó ayer una visión crítica por parte del Gobierno hacia la política migratoria instaurada por Donald Trump en Estados Unidos, la cual implica la separación de los inmigrantes ilegales de sus hijos.

Luego de participar en el consejo de ex cancilleres, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el tema fue tratado al interior de la cita y recordó el valor que La Moneda otorga a la protección de menores.

"Un elemento central del programa del Presidente Sebastián Piñera es el programa que dice los niños primero. Para nosotros, resguardar la dignidad, el bienestar, el cuidado de los niños es central", dijo Ampuero.

En ese contexto, recalcó que "este es un tema central en la política del Presidente y nosotros creemos que ningún niño debe ser separado de sus padres. Por lo tanto, observamos lo que está ocurriendo, pero lo central en esto es resguardar la dignidad y seguridad de los niños".

Separados en ee.uu.

Se estima que en Estados Unidos alrededor de 2 mil niños han sido separados de sus familias durante un período de seis semanas, entre abril y mayo de este año, en tanto las autoridades estadounidenses han informado que 2.342 menores fueron distanciados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio.

Washington ha admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene como fin disuadir la inmigración ilegal, estrategia que ha sido ampliamente criticada.

Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, aseguró este lunes que el Gobierno de Trump "no va a pedir perdón" por separar a los niños de sus madres, a pesar de que en los medios de comunicación circulan duras imágenes y testimonios de los menores afectados por esta política migratoria.

El propio Trump, ayer, defendió esta medida y aseguró que "los demócratas son el problema. No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, entren e infesten nuestro país".

Por otro lado, el Estado de Nueva York anunció ayer que demandará al Gobierno Federal por haber violado los derechos constitucionales de padres y de sus niños con esta política. "Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere", dijo el gobernador Andrew Cuomo.

Más críticas

Los Gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras también criticaron la estricta política estadounidense. El canciller de México, Luis Videgaray, declaró su rechazo enfático al plan de "tolerancia cero" y anunció que su Ejecutivo ya envió una nota diplomática con sus reclamos.

"Quiero, a nombre del Gobierno y del pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana", dijo.

El Gobierno de El Salvador manifestó "su preocupación" por la aplicación de las medidas estadounidenses y aseguró que la separación expone a los menores a "condiciones sumamente adversas", lo que "conlleva a una violación de los derechos humanos, así como a un aumento de las vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes".

El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvo ayer una reunión en Washington con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y tras ésta dijo que unos 200 niños hondureños se encuentran en esta situación. "Nuestra posición (es) que no sean separadas las familias", sostuvo.

Menos crítica fue Guatemala, que solo "pide al Gobierno de EE.UU. reconsiderar sus políticas migratorias y buscar acciones que garanticen sus objetivos sin atropellar los derechos de los migrantes ni la unidad familiar", según un comunicado de la Cancillería.

A ellos se sumaron actores como Unicef y las grandes empresas estadounidenses. Business Roundtable insta a la administración a poner fin inmediatamente a la política de separación de menores acompañados por sus padres", dijo Chuck Robbins, gerente de la cartera de inmigración de esa organización empresarial.

"Los demócratas son el problema. No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales (...) entren e infesten nuestro país".

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos"

Venezuela rechazó ayer de antemano el informe sobre derechos humanos en este país que próximamente publicará la ONU, al acusar a este organismo de basarse en información que no puede ser verificada.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos "produce unilateralmente y sin mandato alguno informes ilegales contra mi país y otros Estados soberanos", sostuvo ante el Consejo de DD.HH. el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

Valero indicó que el contenido del informe se basa en datos recogidos a distancia y que no pueden ser verificados, por lo que "carece totalmente de rigor científico".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, pidió este lunes, en el Consejo, la creación de una comisión especial para investigar estos casos en el país caribeño y adelantó que su oficina emitirá un informe al respecto "en los próximos días".

La información que contiene ha sido recogida a través de un seguimiento a distancia de la situación en Venezuela, en vista de que el Gobierno se niega a autorizar la entrada al país del personal de la oficina de Zeid para realizar esa supervisión de forma directa.

Valero, en ese sentido, anticipó que el informe será "extremadamente politizado" y que violará "los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados". También sostuvo que "el alto comisionado Zeid insiste en presentar un falso clima de tensión en nuestro país" y que "la verdad es que Venezuela continúa en paz su camino por la democracia".

Declaración conjunta

En la misma sesión del Consejo de DD.HH., la delegación argentina intervino para referirse a la crisis en Venezuela, sobre la que habló también en nombre de Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Guayana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, Perú, Paraguay y Panamá.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de extrema gravedad que afecta los derechos humanos del pueblo venezolano", señaló el representante de Argentina. Pidió, en representación de ese grupo de país, que el Gobierno de Caracas "permita la entrada de ayuda humanitaria y la implementación de medidas de control epidemiológico" para prevenir el brote de enfermedades que amenacen la salud pública. Agregó , por último, que hay una "necesidad impostergable" de restablecer el Estado de derecho y el orden democrático, y así garantizar los derechos humanos" en el país presidido desde 2013 por Nicolás Maduro.