Desde el retorno de la democracia se ha ido instalando en la sociedad la fuerte convicción de que quienes se desempeñan en las labores de representación en el Poder Legislativo, reciben altas remuneraciones por su labor, más aún con las sucesivas alzas que se aplican año tras año a las dietas parlamentarias gracias a la aplicación del reajuste al sector público que discuten y aprueban, coincidentemente, los propios legisladores. El más reciente debate al respecto se inició la semana pasada, luego que la Cámara de Diputados visara un proyecto de acuerdo presentado por tres parlamentarios del Frente Amplio que llevaba cuatro años esperando ser debatido en el hemiciclo, y que pretende rebajar los montos que reciben los legisladores.

Con ese trámite, lo que ocurre en el fondo es que se le solicita al Gobierno que le dé urgencia a la iniciativa, a fin de ser ingresada a tramitación legislativa. A nivel local, de los cuatro diputados del distrito que agrupa a las siete provincias de Osorno y otras de Llanquihue, dos parlamentarios la aprobaron (Fidel Espinoza y Emilia Nuyado), mientras que los otros dos se abstuvieron (Harry Jürgensen y Javier Hernández).

A pesar de la resistencia que genera esta idea en parte de los parlamentarios, es un debate que forzosamente tiene que darse en el Congreso. Al argumento de la austeridad fiscal que se ha enarbolado como razón suficiente para la discusión (y que, en realidad, es una motivación sólo temporal), hay que agregar uno de características más simbólicas y que, por lo tanto, es muchísimo más potente: en un escenario de fuerte descrédito hacia quienes gestionan la política en el país, con los sucesivos escándalos por el financiamiento ilegal y el descubrimiento de prácticas delictivas para utilizar los recursos propios en fines distintos a la función legislativa, es imperioso que este poder del Estado entregue una señal clara hacia la opinión pública, y que permita frenar la imagen de una clase que se sirve a sí misma.

El proyecto de acuerdo aprobado la semana pasada en el Parlamento es un punto de inicio que no debería ralentizarse con apelaciones a otros sectores del Estado (donde, en todo caso, también debería darse esta discusión). La madurez de un sistema democrático pasa justamente por la capacidad de regulación de los privilegios de la elite política.

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara las nuevas facultades del Sernac contenidas en las modificaciones a la Ley sobre Derechos del Consumidor -impidiendo así que el organismo pudiera emitir normas, sancionar y multar a infractores de dicha ley-, junto a un grupo de parlamentarios de distintos partidos hemos propuesto un proyecto de reforma constitucional sobre protección de los consumidores.

Buscamos proteger de manera eficaz a los consumidores, quienes han quedado, una vez más, en un estado de indefensión, estableciendo un contrapeso explicitado en la Carta Fundamental y respaldando las facultades de órganos del Estado competentes para llevar a ejecución la protección de los consumidores.

La moción que suscribimos junto a los senadores Elizalde, De Urresti, Huenchumilla y Harboe, establece que es deber del Estado garantizar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, en especial, el derecho a la libre elección de los bienes y servicios, a recibir información veraz y oportuna, a un trato equitativo, a no ser discriminado arbitrariamente, a la seguridad y calidad en el consumo de bienes y servicios y a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños causados por el incumplimiento. La protección de los consumidores es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de una economía moderna, en la que fallas de mercado tales como las asimetrías de información, los costos de transacción y la racionalidad limitada, requieren la intervención del Estado para evitar abusos y asegurar la eficiencia y el respeto a los derechos.

No es posible pensar en la sociedad actual, con el goce de bienes y servicios por parte de la mayoría de la población en una masividad inédita en la historia humana, sin resguardos mínimos para el buen funcionamiento de los mercados

La ciudadanía está -y con justa razón- cansada de experimentar la asimetría en las relaciones comerciales y de sufrir tratos injustos, si es que no derechamente abusivos, de parte de empresas que ofrecen productos y servicios.

Nos anima la idea de establecer con total claridad los derechos de las personas en su rol de consumidores frente a los eventuales abusos de las empresas. Un país más justo tiene que ver también con garantizar criterios de equidad en este tipo de relaciones, asegurando de parte del Estado que los más débiles -en este caso los consumidores- posean derechos y cuenten con una estructura legal que les garantice protección.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos