El líder del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, obispo Eduardo Durán (76), se refirió ayer a las acusaciones en su contra por lavado de dinero e infracciones tributarias, lo que habría derivado en patrimonio por más de $1.150 millones, el cual está siendo investigado por el Ministerio Público.

"Todo cuanto se pueda decir, carece de fundamento", afirmó la autoridad religiosa.

"Estamos impedidos, no porque quisiéramos, de poder demostrar nuestro ingreso. Además, si nosotros emitiéramos una boleta, sería una boleta ideológicamente falsa, puesto que la Dirección del Trabajo no reconoce dependencia laboral entre las organizaciones y sus ministros de culto. Todo cuanto se pueda decir, carece de fundamento", señaló Durán a Radio Bío-Bío, luego de que "La Tercera" publicara ayer que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente de la capital investiga desde 2017 a Durán por lavado de dinero e infracciones tributarias.

Esto debido a que el obispo posee un patrimonio de más de $ 1.150 millones, correspondientes al avalúo comercial de 12 propiedades, las que se suman a ocho vehículos, entre ellos dos modelos Ford de colección.

Los antecedentes están en poder de la subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que en octubre del año pasado emitió un requerimiento para conocer los ingresos y egresos de organizaciones sin fines de lucro, donde se menciona expresamente a las corporaciones religiosas que obtengan ingresos anuales por dinero o especies superiores a las 12 mil UF, es decir, $ 325 millones. La documentación debe ser presentada antes del 29 de junio.

La agenda de equidad de género impulsada por el Gobierno del Presidente Piñera reinstaló el debate sobre la necesidad de hacer cambios al actual sistema de salud privado, y en buena hora.

Esta es una discusión recurrente en los últimos años, donde incluso se han presentado propuestas concretas, que buenas o malas, finalmente han quedado postergadas.

En la actualidad, las isapres tienen cerca de 2 millones de afiliados y más de 3 millones 400 mil usuarios. A diferencia de lo que ha pretendido instalar la izquierda, que se opone al modelo de isapres, la molestia de un gran número de usuarios con el sistema no apunta a terminar con la salud privada en Chile, sino más bien a que se ponga fin a muchos de los abusos y discriminaciones que afectan directamente su bolsillo y el tipo de atención a la que pueden acceder según su capacidad de pago.

Las críticas habituales se refieren a la enorme cantidad de planes (60 mil activos y 6 mil comercializados) que no son fáciles de entender ni comparables entre sí, discriminación por sexo, edad y preexistencias, asimetría de información, integración vertical, falta de respuesta oportuna frente a reclamos y reajustes injustificados.

Sin embargo, existen otras situaciones que no se han debatido con la misma intensidad. Entre ellas, está un doble reajuste de los planes, considerando que la mayoría (96% de los afiliados) de los que se comercializan, se reajustan a diario, ya que su monto es en UF.

Otro factor es la menor cobertura y mayor copago. Con el tiempo, los planes lejos de mantener o incrementar las coberturas debido al alza de costos de la salud, han ido disminuyendo su cobertura (4%), obligando a los afiliados a aumentar el copago y contratar seguros adicionales para mejorar esas coberturas. En 2007, la cobertura ambulatoria cayó del 57% al 54% y la hospitalaria de 74% a 68%. Como efecto residual, muchos cotizantes se han cambiado a planes más económicos debido al alza de los precios bases.

Un tercer elemento es la disminución de planes al 7% y en pesos. En la actualidad ya no existen los planes en pesos, mientras que los planes al 7% han caído, ya que las personas muchas veces deben pagar un mayor porcentaje para acceder a un plan que cubra sus necesidades.

Aquellos aspectos deben estar incluidos en la discusión de la reforma al sistema. En este sentido, vamos a velar porque la propuesta que presente el gobierno del Presidente Piñera contemple medidas que mejoren las condiciones de los planes de salud para los usuarios y terminen con los abusos que se registran en la actualidad. De esta manera estaremos asumiendo una de nuestras promesas de campaña, que fue crear una red de protección para la clase media. Qué mejor oportunidad que esta para cumplir ese compromiso.

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI