Secciones

Alumnas deponen toma de Casa Central de la Universidad Católica

OCUPACIÓN. La Confech convocó a una nueva marcha nacional para el 6 de junio.
E-mail Compartir

Tras alcanzar un acuerdo con el rector en tres puntos claves de su petitorio, las alumnas de la Pontificia Universidad Católica depusieron ayer la toma del campus Casa Central que habían iniciado el viernes en apoyo a la llamada ola feminista.

En los acuerdos destaca la regularización de las trabajadoras subcontratadas dentro del plantel, la reformulación del protocolo de denuncia en caso de acoso y el compromiso con la creación de baños neutros e inclusivos en todo el establecimiento.

Ignacio Sánchez, el rector de la casa de estudios, anunció que no se abrirá ningún sumario contra las manifestantes, a las que felicitó por "el buen trato que han tenido con nuestras dependencias, patrimonio y oficinas".

Marcha y paro nacional

Ayer, la Confech y la Coordinadora Feminista Universitaria convocaron a marchar, el próximo 6 de junio, en demanda de una educación no sexista y a adherir a un paro nacional de mujeres para esa misma fecha.

Amanda Mitrovic, vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria, explicó que el llamado es "a radicalizar las manifestaciones" feministas ya existentes en varios centros educacionales, "a tomarnos las casas centrales y a seguir movilizándonos desde el feminismo en los distintos lugares del país".

Según las dirigentas de las agrupaciones, si bien algunos cambios legislativos anunciados ayer por el Presidente Sebastián Piñera "son necesarios y simbólicos, no son suficientes, ni responden a la demanda principal del movimiento estudiantil feminista: la educación no sexista".

Las estudiantes, en tanto, exigen la salida de cuatro funcionarios del Gobienro, incluyendo a los ministros Emilio Santelices (Salud), Gerardo Varela (Educación) y José Tomás Henríquez (del Mineduc), por lo que consideran gestiones antifeministas.

"El Gobierno no se ha pronunciado respecto a estos cuatro despidos, por lo tanto, nosotras no reaccionamos con respecto al diálogo. De igual manera, ellos no nos han invitado a conversar", añadió Mitrovic.

El Colegio de Profesores entrega carta a Chadwick por accionar de Carabineros

VIOLENCIA. Esto por, entre otros hechos, el desalojo de la toma del Instituto Nacional.
E-mail Compartir

Dirigentes del Colegio de Profesores entregaron ayer una carta al Gobierno en la cual solicitaban explicaciones respecto al actuar de Carabineros en relación a los hechos ocurridos la semana pasada en el Instituto Nacional en Santiago, así como también los acontecidos contra un grupo de docentes de Punta Arenas.

La misiva está dirigida específicamente al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el presidente de la asociación gremial, Mario Aguilar, explicó que "le pedimos explicaciones al ministro por la durísima represión de Carabineros contra los alumnos del Instituto Nacional, pero también contra un proceder de Carabineros insólito, muy grave a nuestro entender como es en el caso de Punta Arenas".

Respecto a lo ocurrido en el sur del país, donde los docentes locales están en huelga a raíz del no pago de deudas previsionales por parte del municipio local, el dirigente explicó que "Carabineros, el jueves pasado, "empadronó" a los organizadores de las manifestaciones y actos de movilización, en un acto que nos parece un amedretamiento y hostilización a los dirigentes sociales".

A través de su cuenta de Twitter, Aguilar calificó el actuar de Carabineros como "represión" y denunció que, al momento de entregar la carta, "nos pusieron insólitos problemas con inusitado despliegue de seguridad y prohibición de grabar, lo que por supuesto no acatamos".

"¿Tanto miedo a una carta, ministro?", escribió Aguilar.

En otro mensaje en la red social dirigido a Chadwick, el líder sindical escribió: "Un Gobierno que pone tanto problema para entrega de una simple carta, y que pretende prohibir grabación en espacio público no va a terminar bien. El encierro y aislamiento de la ciudadanía nunca es bueno. Sus asesores están muy pérdidos".

Piñera presenta reforma que garantiza equidad de género

LEY. El proyecto busca establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres.
E-mail Compartir

Matías Jullian Velásquez

El Presidente Sebastián Piñera, en compañía de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, firmó ayer un proyecto de ley que busca reformar la Constitución para que esta incorpore la obligación del Estado a promover la plena equidad de género.

En un acto realizado en el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado aseguró que "el verdadero desarrollo debe ser integral y abarcar todas las facetas de la vida de las personas y, en especial, la forma en que nos relacionamos unos con otros y la manera en que tratamos a nuestras mujeres".

En ese sentido, señaló que tiene que ser "deber del Estado promover la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, acoso o discriminación arbitraria".

"Llegó el momento de encarar con decisión y firmeza una de las grandes debilidades de nuestra sociedad: la violencia, la discriminación, el maltrato, el acoso y el abuso con que muchas veces nuestra sociedad y nuestros ciudadanos tratan a nuestras mujeres", afirmó el Mandatario.

Piñera aprovechó también de homenajear a algunas mujeres que -dijo- han marcado la historia de Chile como la poetisa Gabriela Mistral, la artista Violeta Parra, la escritora Isabel Allende, la ex Presidenta Michelle Bachelet y la actriz transexual Daniela Vega. "Yo sé que todas ellas contribuyeron a construir un Chile mejor", sentenció.

El jefe de Estado subrayó que la "noble causa" de terminar con todas las discriminaciones contra la mujer requiere el compromiso de toda la sociedad, desde el Gobierno y las empresas a los medios de comunicación y los sindicatos.

"No queremos eliminar ni combatir nuestras maravillosas diferencias naturales, pero tampoco podemos aceptar que se usen como pretexto para considerar a la mitad del género humano, a nuestras madres, esposas, hijas o compañeras, como si fueran inferiores", concluyó.

Deponer tomas

La ministra Plá, junto con adelantar que, probablemente, el proyecto ingresará al Congreso por el Senado con urgencia simple, valoró que con esta reforma se tendrá "exactamente igual dignidad, derechos, oportunidades y responsabilidades" entre hombres y mujeres.

La ministra aseguró que su ministerio valora las demandas feministas pero que, "sin perjuicio de eso, nos gustaría que las tomas se depusieran lo antes posible, porque para nosotros las tomas son una medida de fuerza que también lesionan los derechos de otras personas".

Sobre las marchas feministas, Plá sostuvo que "me parece que los movimientos sociales son parte de las democracias modernas. Ningún Gobierno puede pretender gobernar sin movimientos sociales, son las expresiones más vívidas de las ciudadanías".

UDI va a Contraloría por legalidad de contratos en el Gobierno anterior

RECURSO. Van Rysselberghe, presidenta del gremialismo, presentó la solicitud.
E-mail Compartir

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, acudió ayer a la Contraloría General de la República junto al senador David Sandoval Plaza a presentar una solicitud para que este organismo se pronuncie sobre la legalidad de las contrataciones en cargos públicos durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Según la líder del gremialismo, el objetivo es aclarar si estas contrataciones se encuentran fundamentadas. "Queremos saber si este procedimiento fue legal, si las funciones se justificaban, si se resguardaron los recursos del Estado", explicó la senadora a El Mercurio, agregando que "uno tiende a pensar que es notoria la cantidad de personas que se contrataron entre septiembre y diciembre del año pasado, en plena época de campaña, entonces es curioso".

En el texto de la presentación se solicita que, en caso de ilegalidades, se tomen las medidas correspondientes a solucionar las situaciones irregulares. Además, solicitarán los antecedentes de todos los funcionarios contratados en el último año del Gobierno anterior por los ministerios, incluyendo nombres, modalidad de contratación y remuneraciones, entre otros datos.