El Contralor General de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, se pronunció sobre la juridicidad del protocolo que regula la interrupción del embarazo en tres causales. En lo que se refiere a la objeción de conciencia, determinó la ilegalidad del protocolo porque los establecimientos privados de salud no pueden invocarla si han suscrito convenios con el Estado, porque en ese caso sustituirían a los servicios públicos de salud, teniendo el deber de entregar la prestación de salud que se les solicita.

Algunos sectores han cuestionado la celeridad y el fondo de la decisión adoptada por el contralor, comparando el poco tiempo en que dio a conocer su decisión con los plazos que se toma para pronunciarse sobre otros requerimientos. Sin embargo, conviene precisar que los plazos de la Contraloría, como en general los de toda la administración del Estado, incluidos los ministerios, no son fatales, salvo que la ley establezca lo contrario, y los tiempos de respuesta están dentro de la discrecionalidad de la autoridad administrativa, discrecionalidad opuesta a la arbitrariedad, noción esta última que supone una actuación que no tiene justificación. En otros términos, los plazos en que la Contraloría responde a una solicitud están dentro de la esfera de sus atribuciones, siempre y cuando dicho tiempo tenga una justificación jurídica y material y no supere, por regla general, los seis meses desde su presentación.

Sobre la argumentación dada por el contralor, relativa a que la objeción de conciencia no puede ser argumento para no practicar la interrupción del embarazo por instituciones privadas que reciban recursos públicos, esta se funda en el deber del Estado de asegurar y resguardar las prestaciones de salud que se le soliciten, salvaguardando el derecho a la atención de salud que la Constitución asegura a todas las personas.

Quienes argumentan que esto sería atentatorio con la opción religiosa a la que adhiere una institución de salud, parecen olvidar que a diferencia del culto u opción religiosa, la salud es un derecho social que el Estado y sus organismos imperativamente deben proteger.

Emilio Oñate, decano de la Facultad

de Derecho de la Universidad Central

Desde siempre, la leña ha sido la principal alternativa de la población del sur del país para calefaccionar sus hogares durante los meses de bajas temperaturas. La relativa mayor disponibilidad de este recurso dendroenergético, gracias a la cercanía con las áreas boscosas; su precio accesible; y la propia cultura sureña de la estufa o cocina a leña encendida en el interior de las viviendas, ha hecho de esta variable la más usada, por lejos, en cada una de las ciudades ubicadas desde Rancagua al sur. Por lo mismo, ha sido su uso incorrecto, sea por el consumo de leña húmeda, sea por la manipulación ineficiente de los calefactores, la principal causa del deterioro de la calidad del aire que afecta a las zonas urbanas y que ha derivado en que las de mayor tamaño, Osorno entre ellas, cuenten con planes de descontaminación atmosférica.

La gran solución para morigerar decididamente las emisiones de partículas contaminantes pasa, entonces, por el uso correcto de la leña, es decir, que tenga no más de un 25 por ciento de humedad. En caso contrario, ni un buen calefactor ni la mejor aislación térmica lograrán evitar la liberación de elementos contaminantes hacia la atmósfera. Es por ello que resulta tan vital que la leña que se comercializa en Osorno sea la adecuada; y esto, lamentablemente, está lejos de suceder, pues a pesar de la evidencia respecto de la incidencia de la leña húmeda en la contaminación, su precio, su disponibilidad y, sobre todo, la enorme facilidad con que ingresa a la ciudad, sin las debidas fiscalizaciones, facilitan su llegada a los hogares.

En el gobierno anterior, el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, puso todos sus esfuerzos para conseguir que la leña fuera declarada como combustible, a fin de que se le sometiera a los mismos controles de cualquier tipo de combustible, y que se explican fundamentalmente por una estricta regulación. Pero la intención, la verdad, no pasó de ser una idea. Así, es menester que la actual administración ministerial tome esta posta y avance con celeridad en este proyecto, que sin ser la panacea absoluta, ayudaría de manera significativa a evitar el ingreso y comercialización de leña húmeda en las ciudades del sur del país.