El artículo 1° de la Ley de Fomento a la Marina Mercante señala que "La política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante en armonía con el interés general". El proyecto que autoriza el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera -actualmente en discusión en el Congreso- tiene por finalidad promover el desarrollo del cabotaje de pasajeros en nuestro país. Para ello, favorece la existencia de mayor competencia en el mercado del cabotaje al abrir este mercado a las naves extranjeras. Sin embargo, para que haya verdadera libre competencia necesariamente debe resguardarse que ésta se produzca en igualdad de condiciones.

El cabotaje en la zona sur austral de Chile no sólo es vital para las economías regionales, sino que además cumple roles geopolíticos de conectividad e integración. Asimismo, hay impacto en puestos de trabajo nacionales, pues sólo en la zona sur austral existen más de 20 mil personas laborando directa e indirectamente en actividades relacionadas con el cabotaje.

Es necesario, entonces, evaluar los efectos que tendría en este sector la competencia de naves extranjeras con bandera de conveniencia, desde mi punto de vista desleal, puesto que dicha condición les permite someterse a la regulación del país del pabellón que enarbolan. Debemos tener cuidado y hacer respetar nuestra legislación. Por ejemplo, un barco construido en Chile, con bandera panameña, responde a las regulaciones de Panamá.

La observación de aspectos laborales, técnicos y tributarios es una materia que debe ser considerada antes de promover este tipo de iniciativas. Porque podría suceder que los armadores nacionales evaluaran cambiarse a una bandera de conveniencia para competir en igualdad de condiciones en caso de la apertura del cabotaje, ya que de esa manera podrían contratar tripulaciones foráneas con el fin de tener menores costos al estar sujetos a las respectivas leyes extranjeras.

Resulta, por tanto, de primera necesidad abordar los aspectos relacionados con aspectos tales como la igualdad de condiciones laborales y también tributarias para todos los actores: tanto chilenos como extranjeros, de manera que los objetivos del proyecto y las distintas variables que la iniciativa considera queden adecuadamente alineados.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos

Por lejos, automovistas y peatones han sido quienes más han sufrido con el excesivo retraso en las obras de instalación de los semáforos en el perímetro central de Osorno. Los primeros, porque durante meses han tenido que adecuarse a conducir con una mínima dotación de estos aparatos en las esquinas, algunas de ellas muy transitadas, arriésgandose tanto ellos como al resto de los usuarios a sendos accidentes vehiculares. La presencia de semáforos cubiertos con plásticos negros, no algunos días, sino muchísimas semanas, dio a la ciudad un aspecto tercermundista, de improvisación y descuido impropios para una urbe de esta magnitud y para un país que se supone está en las puertas de los umbrales de la Ocde. Y los segundos, en tanto, los transeúntes, porque se vieron forzados a acostumbrarse a caminar por las veredas haciéndole el quite a hoyos en los que alternaban, según las condiciones climáticas, la tierra, el barro y el peligro vivo de caídas y esguinces en los tobillos.

La razón del tamaño atraso de una obra que fue anunciada con bombos y platillos en su oportunidad, se debe a dificultades financieras de Ecisa, la empresa que se adjudicó el proyecto financiado por el Ministerio de Transportes y que ejecuta, como unidad técnica, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Y no se trata de sólo un retraso, pues la firma ya ha conseguido tres postergaciones para la entrega, la primera de las cuales venció en septiembre del año pasado. La última, de hecho, la obtuvo la semana pasada, aunque esta vez con un claro ultimátum de parte de las autoridades gubernamentales, conscientes, a esta altura, de la molestia que hay entre los usuarios de las calles.

Se le ha puesto el mes de junio como plazo fatal a la firma. Si para ese entonces Ecisa no culmina el proyecto, el contrato será liquidado, aunque con la clara posibilidad de acciones judiciales de lado y lado que demorarán todavía más la puesta en marcha de semáforos que están llamados a aliviar la congestión vial que se vive en el centro.

Independiente del resultado de aquel proceso, los organismos estatales involucrados en la decisión deberían también revisar las adjudicaciones de obras, a fin de dilucidar de mejor manera los problemas financieros de los interesados en ganar los proyectos y, además, incrementar las supervisiones a las obras en desarrollo, para evitar bochornos como los que se viven ahora con los semáforos.