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Diputados aprueban comisión investigadora por "Huracán"

CRISIS. El nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto, anunció una reestructuración completa de la unidad de inteligencia y una auditoría externa.
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Carolina Collins

De forma unánime por acuerdo, la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de una comisión investigadora para indagar las responsabilidades en la fallida "Operación Huracán".

La comisión fue solicitada por la diputada Maite Orsini (RD) y también por el oficialismo. Finalmente la Sala aprobó la creación de la instancia fusionando ambos mandatos, con lo que se conformó la primera comisión investigadora del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Posible citación

La diputada del Frente Amplio detalló que "el proyecto para la creación de la comisión investigadora no tiene como fin determinar responsabilidades políticas; tiene como fin investigar". "Si luego de la investigación, luego de los 120 días, luego de las citaciones, se determina que podría haber una acusación constitucional producto de esto, bueno, así será", explicó Orsini.

A la comisión podría ser citado el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien salió de la institución en el primer día de Gobierno de Piñera a raíz de los cuestionamientos de la Fiscalía a la "Operación Huracán" y del millonario fraude al interior de la institución.

Primeras medidas

En reemplazo de Villalobos fue designado el miércoles el general Hermes Soto quien, por su parte, anunció ayer una auditoría externa a la institución y una reestructuración completa de la unidad de inteligencia, involucrada en las presuntas irregularidades en las pruebas que sustentaron la detención de los 11 imputados en la "Operación Huracán", que terminó con la investigación cerrada hasta que no existan nuevos antecedentes.

En una de sus primeras actividades públicas tras asumir el cargo, Soto llegó hasta la Cuadragésima Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, en Santiago, donde reconoció que hubo errores en la mencionada operación: "Por supuesto que comparto que hubo errores".

Allí detalló que habrá "reestructuración del alto mando a la mayor brevedad posible, situación en la que ya estoy trabajando, debiéramos definirlo prontamente, y, además, algunas reestructuraciones institucionales en distintas materias y también, por supuesto y de todas maneras, hacer una auditoría con empresas externas que nos den la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien, que estamos trabajando bien, con fuerza y sin mayores inconvenientes".

Soto añadió que en la unidad de inteligencia "vamos a hacer una revisión completa para reestructurar lo que sea adecuado y necesario en el bien entendido de que es una organización que requiere la institución para su desarrollo profesional, pero la vamos a revisar y, si es necesario modificarla, la modificaremos".

Chadwick defiende designación de Soto

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió la designación del general Soto, luego de que se filtrara su hoja de vida, en la que aparece una sanción de 1985 por visitar un prostíbulo de manera frecuente. El secretario de Estado informó que sabía de ese castigo. "Uno quiere pedir respeto por un general inspector, que además fue designado general inspector por el anterior Gobierno de la Presidenta Bachelet, y cuyo antecedente que se ha dado cuenta es absoluta y totalmente irrelevante. Sólo pueden buscar exhibirlo personas con mala fe", dijo el ministro que recalcó que "es una sanción mínima".

Condenan a 23 años de presidio al único condenado por bombazos en el Metro

FALLO. Por los ataques en el Metro Los Dominicos y Subcentro de Escuela Militar.
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El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó ayer a Juan Alexis Flores Riquelme a 23 años de cárcel por los atentados explosivos ocurridos, en 2014, en el Metro de Santiago Los Dominicos y en el centro comercial Subcentro de la estación Escuela Militar.

Flores Riquelme es el único condenado por el ataque, que es el tercero más extenso de la reforma procesal penal y por el cual la Fiscalía Metropolitana Sur pedía presidio perpetuo.

Flores recibió ocho años de cárcel por porte de artefacto explosivo en el atentado de Metro Los Dominicos, ocurrido en julio de 2014, y otros 15 años por el ataque registrado en el Subcentro en septiembre de 2014, que fue el único delito calificado como "terrorista" por el tribunal. Además, se le sentenció a pagar una indemnización a tres de las 29 víctimas, por un total de $6,5 millones.

Por otro lado, Flores fue absuelto por los ataques a dos comisarías de Carabineros y por el hallazgo de pólvora en su domicilio en La Pintana, según estableció la sentencia que leyó el magistrado Gabriela Carreño.

La Fiscalía pedía 40 años de cárcel para el inculpado, pero el tribunal determinó reducir la pena. Además había solicitado penas para otros dos jóvenes involucrados en estos hechos y en los ataques a dos comisarías, Nataly Casanova y Enrique Guzmán, que fueron absueltos y liberados en diciembre.

El fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, se mostró disconforme con la decisión de la Justicia. "Estos son hechos graves, las penas que se impusieron al condenado también fueron altas. Sin embargo, estimamos que dada la gravedad de los hechos y la existencia de 29 víctimas, sin duda, la expectativa de pena era mayor. Estábamos solicitando la pena de 40 años", manifestó.

Por su lado, el vocero de la Defensoría Penal Pública, Jorge Moraga, expresó que "la situación de Flores nos deja con un sabor amargo, aún cuando hemos de reconocer que tenemos un triunfo parcial a su respecto".

Ley de Identidad de género podría aprobarse en abril

CONGRESO. Esto a pesar del retiro del Gobierno de la discusión inmediata.
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Apesar del retiro por parte del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, de la discusión inmediata que le había otorgado el Gobierno anterior, el proyecto de Ley de Identidad de Género, podría ser despachado en abril próximo.

El Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet se propuso que la iniciativa, que divide posturas en el Congreso, fuera despachada antes del fin de su período, pero el proyecto se estancó en comisión mixta, por lo que se le otorgó la discusión inmediata.

Esa urgencia fue modificada el martes por Blumel, que la bajó a urgencia simple, lo que implica que en vez de tener que discutirse en un plazo máximo de seis días (discusión inmediata) puede ser en 30 días (urgencia simple), los que empezaron a correr desde este martes 13 de marzo.

"Creemos que es un tiempo razonable para buscar un acuerdo y no generar un retraso y una dilatación innecesaria", explicó Blumel, quien explicó que la prioridad para esta primera etapa de Gobierno es lo relativo a la infancia.

Pese a esto, la Ley de Identidad de Género debiera ser despachada antes del próximo 13 de abril, ya que se encuentra en comisión mixta, que es su último trámite legislativo.

Punta Peuco: Larraín dice que se trató de una discusión "ideológica"

JUSTICIA. Ministro confirmó que buscarán conmutar penas de enfermos terminales.
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Tras las críticas al Gobierno anterior por el fallido intento de traslado de los internos del penal Punta Peuco, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a ese episodio dándolo por cerrado y calificó la discusión como "ideológica".

"Es un tema que ya ocurrió y para mí es un capítulo cerrado. Los juicios respecto de lo que se hizo o no se hizo están abiertos y son responsabilidad de quiénes los emiten", sostuvo.

El secretario de Estado añadió que "no nos vamos a ocupar de una discusión que al final terminó siendo ideológica, que ha generado una confusión enorme que se produjo con los hechos conocidos en los últimos días del gobierno pasado, episodios que queremos evitar y que damos por clausurado".

Larraín agregó que la polémica "generó mucho ruido, muchas dificultades y muchas incertidumbres, muchas molestias de distintos sectores". "Aquí hay un presidio que funciona y que va a seguir funcionando", sentenció.

Penas de reos terminales

El titular de Justicia también confirmó que el Gobierno buscará avanzar en el proyecto para conmutar las penas de enfermos graves o terminales que cumplan penas de presidio por diversos delitos, sin importar si fueron crímenes de lesa humanidad.

Tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, Larraín planteó que "cuando se trata de motivos humanitarios por razones graves de salud o la persona está enajenada de toda razón, no se puede distinguir por el delito que se haya cometido".

"Yo creo que las personas que han cometido delitos por violaciones a los derechos humanos deben ser castigadas, sancionadas, de la manera más dura posible, pero el hecho de que haya alguna persona que esté, por ejemplo, con la razón perdida me parece que no tiene ninguna justificación mantenerlo preso", añadió, a la vez que confirmó que no enviarán un nuevo proyecto, sino que modificarán el proyecto que fue presentado durante el anterior Gobierno.