Desde las 8 de la mañana de ayer, 15 operarios del Puerto Punta Caullahuapi, del Grupo de Empresas Oxxean, dieron comienzo a una huelga legal, tras no lograr un acuerdo con la empresa para suscribir el contrato colectivo de trabajo para dos años.

Las principales diferencias están radicadas en el pago de dos bonos: uno por término de conflicto y el otro, denominado marzo, que busca ir en apoyo de los tradicionales gastos en los que incurren las familias durante este mes.

Guillermo Gómez, presidente del Sindicato Empresas Puerto Punta Caullahuapi S.A., estableció que "no hemos llegado a ningún lado con el empleador, que aduce que no hay recursos para pagar los bonos que pedimos, sabiendo que se los entregaron a más de cien trabajadores eventuales, pero no a nosotros, que somos 15".

Gómez especificó que están solicitando $500 mil para el bono de término de conflicto; y de $90 mil, para el beneficio que esperan recibir en marzo. "La empresa dice que no nos corresponde", acotó.

El dirigente remarcó que durante ese proceso de negociación colectiva "hemos rebajado en más de un 200 % lo que estábamos pidiendo".

Puertas abiertas

Mientras que Mario Santana, gerente de ese terminal marítimo, expuso que tras finalizar sin resultados favorables los 30 días de conversaciones, la empresa pidió el arbitraje de la Inspección del Trabajo, en busca de una resolución. "Esa mediación obligatoria dura cinco días. Hicimos uso de ese período de tiempo, pero tampoco pudimos llegar a un entendimiento en esos dos bonos", que no detalló.

Sin embargo -agregó- de los diez puntos del petitorio, sólo hay desavenencias en dos de ellos. "Pero, el tema está en desarrollo y en proceso de buscar una solución. Estamos en conversaciones y mantenemos las puertas abiertas para poder solucionarlo", reiteró.

Santana descartó que la paralización haya generado un impacto productivo. "Esto no es beneficioso para ninguna de las partes. Sin embargo, seguimos efectuando una operación normal, de acuerdo a nuestras capacidades. Estamos trabajando conforme a lo que la operación nos pide en estos momentos, aunque hemos reducido el volumen operativo", reconoció.

Unas 49 personas trabajan en ese terminal, conocido también como Puerto Chincui, ubicado en el kilómetro 13,5 del camino a Chinquihue.

Crece la indignación por el no pago del bono comprometido por el Gobierno en compensación por los efectos de la marea roja en algunas comunas del Archipiélago, ante el fenómeno que este año ha obligado a cerrar zonas de cuatro comunas de Chiloé (Ancud, Chonchi, Queilen y Quellón), además de otras en la Región de Aysén y también en la provincia de Llanquihue.

Las autoridades salientes comprometieron la cancelación a partir del jueves pasado, a través de depósitos de 160 mil pesos en las cuentas RUT del BancoEstado.

Como ello no ocurrió y ante la omisión de cientos de trabajadores en las listas consideradas para ser beneficiarios, extractores de machas y alrededores protestaron más de siete horas el pasado 8 de marzo, cortando el paso de la Ruta 5 Sur a la mayoría de los vehículos, a la altura de la rotonda Huitauque, en el acceso a Chonchi urbano. Solo dejaron transitar a móviles de emergencias y dedicados al transporte escolar.

Ayer dirigentes de diversas zonas de Chiloé mencionaron que se encuentran a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, ante la instalación de las nuevas autoridades gubernamentales tanto a nivel provincia, como regional.

Así se indicó desde Cucao, en la costa pacífica de Chonchi, a cuatro días del bloqueo en la Panamericana, hasta ahora la única manifestación de los artesanales por el no pago del beneficio comprometido por la saliente administración Bachelet.

"Quedamos a la espera de una reunión que va a sostener Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) con el nuevo intendente de la región y en conferencia con el gobernador. Esto ha generado una molestia obvia, pero estamos a la espera", sostuvo Juan Carlos Luna, coordinador de las agrupaciones de gente de mar de Cucao, Chanquín y alrededores.

Norte y sur de la isla

Un escenario similar existe entre la pesca artesanal de Ancud, específicamente en Mar Brava. Así lo sostuvo el presidente comunal de la Mesa de Marea Roja, Pablo Oyarzo, quien aseveró que los listados con los beneficiados fueron comunicados recién en las últimas horas.

Consultada la Intendencia Regional, a través un periodista, se respondió que por ahora no hay un pronunciamiento al respecto.

Vicente Pereira

Uno de los temas que la nueva administración tiene que resolver, es acerca del futuro de los jefes de servicios, en especial de quienes accedieron a sus cargos a través del sistema de la Alta Dirección Pública (ADP).

Desvincularlos no es algo fácil, dado que cualquier definición que adopte respecto a cesar a un jefe de servicio, tiene que ser comunicada al Consejo de Alta Dirección Pública, argumentando las razones por las que el funcionario es cesado de su función.

En todo caso, los nombramientos duran tres años con la posibilidad de ser renovados por dos nuevos períodos.

De ser finiquitados, la indemnización equivale al pago de un mes por año, con límite de seis. Si bien nadie lo dice oficialmente, los trascendidos apuntan a que si les piden el puesto, tienen que ser indemnizados como dice la ley.

De no ser renovados, el jefe de servicio deben recibir la información con un mes de anticipación.

En Chile Vamos, abogan por la renuncia de los personeros más ligados al gobierno de Michelle Bachelet, dado que a pesar de la forma en la que fueron nombrados, se trata de funcionarios de confianza del Presidente.

De ahí que en el bloque apelan a que debería ser complejo para los más identificados con las políticas del gobierno de la Nueva Mayoría, representar ahora los intereses del Presidente Sebastián Piñera.

Ayer, por lo menos, no se tuvo conocimiento respecto a que alguno de los personeros nombrados a través de ADP hubiesen renunciado.

De hecho, trascendió que en algunos casos están a la espera de que asuman las autoridades respectivas, para comenzar a delinear sus futuro, dado que hasta ayer tampoco había seremis designados.

Por eso, seguían en sus funciones y trabajando para presentarle a la nueva administración lo obrado en su respectiva cartera, como lo plantea el director regional del Serviu, Hardy Grandjean, cuyo vínculo expira en abril del próximo año y quien cuenta que en estos momentos está trabajando en la información que le hará entrega a las nuevas autoridades.

Junto con ello -explica- que sigue enfocado en avanzar en las materias de interés público de su servicio.

Grandjean se suma al director regional del IND, Luciano Belmar, quien anunció el viernes que seguirá en sus funciones bajo el argumento que sólo puede ser removido si se lo pidiesen las actuales autoridades.

Quien confirmó que no renunciará es el director regional de Sernatur, Eduardo Gómez, quien también apela a que llegó a su cargo a través del ADP.

Gómez está a la espera de lo que ocurra cuando se nombre a quien será el nuevo seremi de Economía, cargo que desempeñó en el gobierno de Michelle Bachelet, Carmen Gloria Muñoz.

Michelle Partarrieu, directora regional IPS, señala que tiene un compromiso con su institución y goza de la confianza del director nacional.

Además, está a la espera de que se nombre al nuevo seremi del Trabajo y mientras sigue adelante con la planificación de su cartera.

Yuri Carvajal, director del Hospital de Puerto Montt, le resta dramatismo a lo que pudiera ocurrir, aunque sentencia que su voluntad es seguir trabajando por el hospital y por la región. Junto con ello, comenta que espera dialogar con las nuevas autoridades, pero si ellas definen realizar una modificación es "parte de la vida".

Desde Sernac, el director regional Miguel López realiza su trabajo de forma normal y en el servicio destacan el habitual funcionamiento en las labores que ejecuta.

Lo mismo sucede con la directora regional del Registro Civil, Cynthia Oyarzo, quien sigue trabajando como todos los días y con el objetivo de ser un aporte para el desarrollo de la comunidad.