Hace ya ocho años -en su primer mandato- que la Presidenta Bachelet promulgó la Ley Nº 20.422 que establecía normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Este nuevo marco modificó y actualizó las regulaciones que existen en Chile respecto a un tema que tiene una sensibilidad y un alcance muy especiales, y que sin embargo, no siempre es percibido por la comunidad.
La ley propuso la promoción, participación y acceso de personas con discapacidad en los diversos ámbitos del quehacer social, político, cultural y económico del país. Y aunque esto es algo que parece casi de sentido común, los hechos muestran que la sensibilidad muchas veces no se encuentra a flor de piel respecto a estos temas y la sociedad en su conjunto tampoco llega a ser lo suficientemente empática.
"Para alcanzar plena igualdad en el respeto de nuestros derechos humanos, la regulación deber reconocer las diferencias que afectan a las personas con discapacidad", dijo Bachelet al promulgar la ley.
La antigua Ley de Discapacidad data de 1994 y correspondió a la primera regulación existente en Chile, de este tipo, pero ha sido necesario actualizarla. Sin embargo, el tema de fondo radica en la manera en que cada uno de nosotros empatizamos con quienes presentan alguna discapacidad. Sólo de esa manera sabremos integrarlos en su diario quehacer.
Por ejemplo, llama la atención que aun cuando han transcurrido ocho años desde que esta ley fuera promulgada todavía existan empresas, servicios y en general, infraestructura pública, que lejos de incorporar y ayudar a las personas con discapacidad, les dificultan la vida.
Aceras sin accesos o tan estrechas que son imposibles para una persona con problemas de desplazamiento, edificios sin ingresos inclusivos o hasta la imposibilidad de tomar locomoción colectiva son sólo algunos de los problemas que diariamente se observan. Por ello, el país debe seguir trabajando para ser más inclusivo con quienes experimentan alguna discapacidad.